La economía española enfrenta dos retos fundamentales que amenazan con perpetuar la desigualdad y limitar el bienestar de la mayoría de los ciudadanos: la crisis de la vivienda y la insostenibilidad del sistema de pensiones.
Terminamos el año con un panorama nada halagüeño: un mercado que se queda sin inmuebles; unas pensiones que se vuelven a revalorizarse sin soluciones realistas para cubrir sus costes.
Trabajo, casa, jubilación
Ambos problemas tienen raíces profundas en nuestra sociedad, fruto de decisiones políticas y económicas de las últimas décadas. Si bien afectan a distintos segmentos de la población, comparten la urgencia de un cambio estructural para un sistema que ha envejecido mal, y que ya da muestras de no poder seguir manteniéndose con parches. No por mucho tiempo, al menos.
En lo que se refiere a las pensiones, vamos hacia un sistema distinto del estado del bienestar que conocemos, según Antonio Cabrales, doctor en Economía. En cuestión de vivienda, las primeras huelgas de alquiler que se recuerdan en cien años, una clase política que promete movilizar vivienda pública, tras haberse enquistado la situación de compras y alquileres, y leyes que intentan recuperar la ciudad para sus residentes, como ha pasado en Barcelona, aunque se tenga que esperar a 2028.
Vivienda: acceso y costes
En España, el precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años, tanto en el mercado de compra como en el de alquiler.
Según el INE, la compra de vivienda nueva y de segunda mano ha subido por encima de un 9,8 % solo el último año. Algo similar ha ocurrido con el alquiler, que ha supuesto un incremento de más del 11 % en 12 meses.
Un fenómeno multicausal, que incluye:
- La escasez de vivienda asequible, así como la falta de incentivos para rehabilitar, habilitar y construir vivienda
- La falta de políticas estatales para crear y facilitar el acceso a la vivienda, en especial, a jóvenes y personas en riesgo de exclusión
- La especulación inmobiliaria por parte de los grandes tenedores y el auge de los fondos de inversión
- El impacto del turismo y los alquileres de corta duración, como los gestionados a través de plataformas como Airbnb
Este fenómeno ha hecho que muchas familias, y especialmente las jóvenes, encuentren cada vez más dificultades para acceder a un hogar digno. La edad media para emanciparse está ya en los 30 años entre nuestras fronteras, una de las más elevadas de Europa.
Datos recientes muestran que, entre 2021 y 2024, el precio medio de los inmuebles ha crecido un 13 % de media en la Unión Europea, un aumento reflejado también aquí, en el país, que dista mucho de ser un problema local e incluso estatal.
Este desequilibrio entre oferta y demanda también responde a una falta de inversión en vivienda social: España destina menos recursos a este sector que otros países de su entorno.
Todo ello, lastra a grandes capas de la población: emancipación tardía, desigualdad territorial y dificultades para formar familias. Además, las soluciones propuestas, como la regulación del precio del alquiler o la construcción de vivienda pública, han avanzado lentas debido a la falta de consenso político y, a menudo, no han dado buenos resultados.
Propuestas actuales en vivienda
En relación con la vivienda, la ampliación del parque público de vivienda asequible resulta prioritario, para ello incentivar la construcción, la rehabilitación y el alquiler parecen opciones óptimas a corto y medio plazo.
En paralelo, medios como Idealista defienden la necesidad de liberalizar suelo y simplificar trámites urbanísticos para agilizar la construcción y solventar el déficit de habitaje.
A su vez, la regulación del mercado de alquileres de corta estancia, que entra en vigor en enero de 2025, debería ayudar a evitar incrementos en el alquiler tradicional, aunque sin un control efectivo esto se ha visto que puede resultar contraproducente incluso.
Pensiones, al borde del colapso
Mientras tanto, el sistema de pensiones español enfrenta un desafío igual de acuciante. La relación entre los trabajadores en edad de cotizar y los pensionistas se ha deteriorado en las últimas décadas, debido al envejecimiento poblacional y la baja natalidad.
Actualmente, uno de cada dos euros recaudados en impuestos se destina al pago de pensiones, lo que genera una enorme presión fiscal. La realidad es que, en solo diez años, el sistema ha acumulado una deuda equivalente al 23 % del PIB nacional, poniendo en entredicho su sostenibilidad a largo plazo.
Este panorama se agrava con factores como:
- La precariedad laboral, que limita las cotizaciones.
- Dificultad para frenar el gasto
- Aumento del número de jubilados en las próximas décadas y una bajísima tasa de natalidad
En esta tesitura, se han planteado diversas soluciones provisionales, como el aumento de la edad de jubilación, la transición hacia un sistema mixto público-privado o el fomento de la natalidad. Sin embargo, cada una de estas medidas plantea retos políticos y sociales que dificultan su implementación.
Objetivo: salvar las pensiones
Hoy por hoy, lo más el foco está puesto en un aumento progresivo de las bases máximas de cotización, que permitirán a una mayor contribución por parte de las rentas más altas, así como el retraso en la edad de jubilación, o el cobro de parte de la pensión a la vez que se mantiene el puesto de trabajo.
Sin embargo, pese a existir todo tipo de propuestas (entre ellas, la diversificación de las fuentes de financiación: por ejemplo, las hipotecas inversas), se hace necesaria una reforma integral que tenga presente las necesidades de varias generaciones, tanto hoy como en los próximos treinta años, en los que la fuerza laboral frente a los pensionistas sufrirá un cambio en España y en gran parte de Europa Occidental.
Urgencia versus comodidad
La vivienda y las pensiones representan dos caras de una misma moneda: la incapacidad del modelo económico actual para garantizar derechos básicos a largo plazo. Sin una acción política decidida, estos problemas podrían agravarse, afectando no solo a las generaciones presentes, sino también a las futuras.
Este es el momento de tomar decisiones valientes y pensar en soluciones sostenibles que beneficien a todos. A menudo, esto se ha presentado en forma de confrontación: "boomers" contra "zoomers", o pensionistas frente a trabajadores en activo, pero la verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a priorizar lo urgente sobre lo cómodo?
Al fin y al cabo, si no hay vivienda y pensiones para todos, llegará un momento en el que el sistema no funcione para nadie.