En España, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo progresivo que grava los ingresos de los ciudadanos. Tradicionalmente, los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han estado exentos de este impuesto.
Sin embargo, recientes decisiones del Ministerio de Hacienda hacen prever que esta situación podría cambiar, afectando de esta manera los trabajadores con menores ingresos.
El SMI y su verdadera relación con el IRPF
El SMI ha experimentado incrementos significativos en los últimos años. Para 2025, se prevé una subida que lo situaría entre 1.173 y 1.184 euros brutos mensuales, lo que equivale a entre 16.422 y 16.576 euros anuales.
Hasta ahora, Hacienda ajustaba el mínimo exento del IRPF para que los perceptores del SMI no tuvieran que tributar. No obstante, en esta ocasión, el Ministerio ha decidido no realizar dicho ajuste, lo que implica que los beneficiarios del SMI deberán tributar por primera vez.
¿Qué implicaciones tiene para los trabajadores?
La decisión de no adaptar el IRPF al nuevo SMI significa que los trabajadores que perciban este salario verán una parte de su incremento absorbido por el impuesto.
Se estima que alrededor del 42% de la subida del SMI se destinará al pago del IRPF. Esto ha generado críticas por parte de sindicatos y partidos de la oposición, quienes argumentan que los trabajadores deberían recibir íntegramente el aumento salarial sin incrementos en las retenciones fiscales.
Es evidente que lo de hacer exento el IRPF para el SMI, después de subirlo más de un 50% en menos de 6 años, tenía que tener un límite.
— Jon González (@Jongonzlz) January 10, 2025
Cada vez la incidencia del SMI entre los trabajadores es mayor, y el achatamiento de la base de contribuyentes tiene un límite.
Además, diferentes economistas han señalado que este nuevo escenario podría desincentivar la aceptación de empleos con el SMI, ya que la tributación adicional reduciría el salario neto que perciben los trabajadores.
Si bien el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es incrementar, también por aquí, la recaudación, también corre el riesgo de reducir la motivación para participar en el mercado laboral formal, especialmente en sectores donde predominan los empleos de baja remuneración.
La progresividad del IRPF y su impacto en las rentas más altas
El IRPF en España se estructura en tramos que van desde el 19% para las rentas más bajas hasta el 47% para las más altas. Esta progresividad busca que quienes tienen mayores ingresos contribuyan en mayor medida al sostenimiento del Estado.
Sin embargo, existe el argumento de que las rentas más altas ya están sometidas a una presión fiscal considerable, lo que limita la capacidad del Estado para aumentar la recaudación a través de este segmento sin generar desincentivos económicos.
Y un dato que llama la atención es que los asalariados que ganan más de 60.000 euros anuales, representando únicamente al 2,5% de la población (alrededor de 1,2 millones de personas), son responsables de aportar el 41,5% de toda la recaudación de este impuesto.
Esta concentración de la carga fiscal en un grupo reducido refleja la progresividad del sistema tributario español, donde las rentas más altas contribuyen proporcionalmente más. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y equidad del sistema.
Aunque estas cifras muestran que los ingresos elevados sostienen gran parte de los recursos del Estado, también se evidencia que el margen para aumentar la recaudación de este segmento es limitado. Los expertos señalan que la carga fiscal excesiva sobre estas rentas podría generar desincentivos económicos, incluyendo la fuga de talento o la búsqueda de mecanismos para reducir la carga tributaria de forma legal.
Un estudio reciente de la OCDE ha señalado que España se encuentra entre los países con una mayor carga fiscal para los ingresos altos. Esto implica que las posibilidades de incrementar la recaudación gravando más a este grupo son limitadas.
En este contexto, la tributación al SMI surge como una solución que amplía la base impositiva, aunque lo haga a expensas de los sectores más vulnerables.
¿Y la deflactación del IRPF?
La deflactación del IRPF es una medida que ajusta los tramos impositivos según la inflación, evitando que los incrementos salariales destinados a mantener el poder adquisitivo resulten en pagos más altos de impuestos.
Aunque varias comunidades autónomas han aplicado esta medida, el Gobierno central ha decidido no implementarla en el tramo estatal del IRPF, argumentando que también beneficiaría a los contribuyentes con ingresos más altos.
La falta de deflactación ha incrementado la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas, especialmente en un contexto de inflación elevada.
Según datos del Banco de España, el aumento de los precios ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que hace que la tributación del SMI sea percibida como una carga adicional en un momento crítico.
La decisión de Hacienda de no ajustar el IRPF al incremento del SMI introduce a los perceptores de este salario en el ámbito de la tributación, reduciendo el impacto neto de la subida salarial. Mientras tanto, las rentas más altas continúan soportando una carga fiscal significativa.
Este escenario plantea interrogantes sobre la equidad y eficacia del sistema tributario español, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la justicia fiscal y la distribución de la riqueza -al menos según el relato del gobierno de coalición-.
El debate sobre la tributación del SMI y la presión fiscal, en realidad, refleja las tensiones inherentes a un sistema que busca equilibrar la recaudación necesaria para el funcionamiento del Estado con las necesidades de los ciudadanos. La pregunta es: ¿se necesita una reforma integral que aborde estos desafíos y garantice un sistema más justo y eficiente?