
Afirman que ya no pueden más y anuncian próximas movilizaciones. En las últimas semanas, los funcionarios españoles han anunciado manifestaciones públicas en protesta por sus bajos salarios. Argumentan que se sienten "abandonados" por las administraciones públicas pero ¿es esto verdad?
Se quejan de que el incremento salarial aún está pendiente, no solo el 0,5% acordado con el Gobierno en caso de que la inflación acumulada superara la revalorización aplicada en los últimos años (lo cual ya ha sucedido). Sino también el ajuste correspondiente a este año.
Sin embargo, la realidad es algo distinta a lo que los funcionarios aseguran. Y de nuevo, los datos, tienen la última palabra.
Lo que dice el Banco de España
En España, desempeñar un puesto en la administración pública resulta más lucrativo que trabajar en el sector privado, al menos en lo que a salarios se refiere. Un estudio realizado por el Banco de España muestra que, en promedio, los empleados públicos perciben un 24% más de ingresos que los trabajadores del sector privado.
Esta diferencia sitúa a España en una posición destacada dentro de la eurozona, solo superada por Luxemburgo. Mientras que en la eurozona la brecha salarial entre ambos sectores ronda el 8%, en España esta cifra se triplica, lo que genera importantes cuestionamientos sobre las dinámicas del mercado laboral y las políticas salariales del país.
El informe del Banco de España, basado en datos consolidados entre 2018 y 2021, revela que la disparidad salarial aumenta hasta el 29% cuando no se considera el nivel de formación de los trabajadores.
Esto pone de manifiesto que los empleados públicos con menor cualificación reciben remuneraciones significativamente más altas en comparación con sus equivalentes en el sector privado.
Una paradoja que, cómo no, genera un debate entre el resto de la población (los trabajadores no funcionarios) sobre las condiciones laborales de los que sí lo son y la percepción que tienen éstos de su situación económica.
La probabilidad de que un empleado público gane más que uno del sector privado es superior, hasta los 46.000€ brutos anuales, lo que corresponde al percentil 88 de la distribución salarial en España.
Incluso controlando por estudios (solo graduados universitarios o más) la probabilidad de percibir mayor salario como empleado público que como privado es superior hasta los 46.000€ brutos, es decir, hasta el percentil 88 de la distribución de salarios global en España.… https://t.co/S8TZs1HqMl pic.twitter.com/mHDktSSvp2
— Jon González (@Jongonzlz) March 17, 2025
Funcionarios versus sector privado
Los números no mienten. Los empleados públicos en España, en promedio, ganan más que sus homólogos en el sector privado. Según un análisis que controla por nivel educativo, los funcionarios tienen una mayor probabilidad de percibir salarios más altos hasta los 46.000€ brutos anuales.
Esto significa que, en términos generales, los empleados públicos están mejor remunerados que la gran mayoría de los trabajadores del sector privado.
Además, los funcionarios disfrutan de otras ventajas, como una mayor estabilidad laboral, horarios más flexibles y pensiones más generosas. Estas condiciones hacen que el empleo público sea altamente atractivo, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.
Sin embargo, a pesar de estas ventajas, muchos funcionarios se sienten insatisfechos con sus salarios y han decidido salir a las calles para protestar.
Entonces, ¿por qué se movilizan los funcionarios?
La pregunta clave es: ¿por qué los funcionarios se movilizan si, en promedio, ganan más que los empleados del sector privado? Una posible explicación es la percepción de que sus salarios no han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida.
Aunque sus ingresos sean comparativamente altos, muchos funcionarios sienten que su poder adquisitivo ha disminuido en los últimos años debido a la inflación y los ajustes salariales mínimos.
Otra razón es la comparación interna dentro del sector público. No todos los funcionarios ganan lo mismo, y aquellos en puestos de menor rango o en comunidades autónomas con menos recursos pueden sentirse especialmente desfavorecidos.
Estas diferencias internas alimentan el descontento y llevan a movilizaciones generalizadas.
La estabilidad laboral como factor clave
Uno de los mayores atractivos del empleo público es, cómo no, la estabilidad laboral. A diferencia del sector privado, donde los despidos y la precariedad son comunes, los funcionarios disfrutan de un trabajo prácticamente garantizado de por vida. Esta seguridad es un valor incalculable en un mercado laboral cada vez más volátil.
Sin embargo, la estabilidad laboral también tiene un lado oscuro. Algunos críticos argumentan que esta seguridad puede llevar a la complacencia y a una menor productividad.
Además, la dificultad para despedir a funcionarios ineficientes puede generar ineficiencias en la administración pública, lo que a su vez afecta negativamente a la percepción de los ciudadanos sobre el sector público.
Las pensiones, la otra ventaja oculta
Además de los salarios y la estabilidad laboral, los funcionarios también disfrutan de pensiones más generosas que los trabajadores del sector privado. Este beneficio, aunque no se refleje directamente en el salario mensual, representa un valor añadido significativo a largo plazo.
Las pensiones de los funcionarios suelen estar basadas en el salario final y tienen un cálculo más favorable que las del régimen general de la Seguridad Social. Esto significa que, al jubilarse, los empleados públicos pueden esperar recibir una pensión más alta que la mayoría de los trabajadores del sector privado. Esta ventaja, aunque no siempre visible, contribuye a la percepción de que los funcionarios están mejor remunerados a lo largo de su vida laboral.
La percepción, por un lado y la realidad por otro
A pesar de los datos, la percepción de los funcionarios sobre sus salarios sigue siendo negativa. Muchos de estos profesionales sienten que sus esfuerzos no son reconocidos y que sus salarios no reflejan el valor de su trabajo. Esta discrepancia entre la percepción y la realidad puede explicarse por varios factores.
En primer lugar, los funcionarios pueden compararse con otros empleados públicos en puestos mejor remunerados o con condiciones más favorables. En segundo lugar, la falta de ajustes salariales significativos en los últimos años puede haber creado una sensación de estancamiento. Finalmente, la presión mediática y social sobre el sector público puede estar contribuyendo a esta percepción negativa.
Los funcionarios siguen pidiendo más cosas
Las movilizaciones de los funcionarios van más allá de los salarios. También solicitan la restitución de la estructura salarial anterior a los recortes de 2010, una nueva convocatoria de empleo público para 2025 sin la limitación de la tasa de reposición, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, mejoras en las condiciones de jubilación y una regulación inmediata que permita a los funcionarios y estatutarios acceder a la jubilación parcial.