En la actualidad los grupos parlamentarios se están reuniendo en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, cuya finalidad es ver qué mejoras se pueden implementar en el sistema público de pensiones español, cuya base se sostiene en un sistema de reparto mediante las cotizaciones sociales.
Todo parece indicar que habrá una nueva vuelta de tuerca en el sistema de pensiones español y muy probablemente no será la última ya que históricamente nuestro sistema de pensiones ha ido sufriendo continuas modificaciones para garantizar su sostenibilidad.
Y es que la Seguridad Social no puede hacer frente al gasto en pensiones. Los nuevos pensionistas recibirán prestaciones de un 30% superiores a quiénes se dan de baja. Y las previsiones marcan que con la actual situación y a pesar de la creación de empleo, el déficit de la Seguridad Social alcanzará un nivel récord para este año hasta aproximándose a los 19.000 millones de euros.
Antecedentes del sistema de pensiones español
Si nos ponemos en antecedentes, en el año 1985 la jubilación quedaba establecida en los 65 años, la sanidad estaba incluida en el sistema de cotizaciones sociales, para el cálculo de la pensión se utilizaban los últimos dos años, para cobrar 100% de la pensión se necesitaban 10 años cotizados y su revalorización estaba indexada al IPC.
Durante los últimos 30 años hemos visto cómo se desplazaba la sanidad las cotizaciones sociales, para el cálculo de la pensión ahora se tiene en cuenta los 25 últimos años, para cobrar el 100% de la pensión son necesarios 37 años cotizados en la Seguridad Social, la edad de jubilación se incrementó hasta los 67 años y su revalorización ha quedado desvinculada del IPC.
Todos estos cambios se han llevado a cabo por los diferentes gobiernos han tenido como objetivo intentar garantizar la sostenibilidad del sistema de reparto. Sin embargo, es evidente que el sistema de reparto es disfuncional en su base, pues sino, no hubiera sido necesario establecer una multitud de reformas, con constantes recortes, para garantizar una mínima viabilidad.
La demografía española contra el sistema de reparto
En base a los datos que nos ofrece el INE y sus proyecciones, en los próximos 15 años España perdería 552.245 habitantes, lo que supone un 1,2% del total, situando su población en el año 2031 en 45,9 millones de personas.
Si examinamos dentro de 50 años, las proyecciones establecen que el descenso sería en más de 5,3 millones de habitantes, es decir un 11,6% de la población actual, estableciéndose en el año 2066 una población de 41, un millones de personas.
¿Por qué veremos una disminución en la población? Estas proyecciones se deben al aumento progresivo de las defunciones y a la disminución de los nacimientos, fenómeno que se vio especialmente acusado a partir del año 2040, lo que nos lleva a un saldo vegetativo negativo en todos los años.
Para mantener el sistema de reparto es necesario niños que dentro de unos años se incorporen al mercado laboral y mantengan a los pensionistas futuros. No obstante, entre el año 2016 y 2030 nacerían alrededor del 5,3 millones de niños, lo que supone un 22% menos frente a los 15 años anteriores.
Además seremos una sociedad envejecida... El problema del sistema de reparto es que dentro de 15 años en España residirían 11,7 millones de personas mayores de 64 años, tres millones más que en la actualidad, un 34,8%. Y esta cifra se incrementaría hasta 14,2 millones de personas, un 63,1% más en 50 años. Esto conlleva a que la pirámide de población se invierta paulatinamente.
Esto no acaba aquí, otra de las realidades es el continuo avance de la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 83,2 años en los varones y los 87,7 en las mujeres en 2031, lo que supone una ganancia respecto a los valores actuales de 3,3 y de 2,3 años, respectivamente.
Todo esto quedará repercutido en la ratio afiliados/pensionistas que se mantiene en la actualidad en 2,28 veces (mas de dos trabajadores por pensionista), que se aleja de los niveles de 2007 que mostró una relación de 2,71 veces. Las proyecciones actuales indican que la ratio se seguirá debilitando en los próximos años. En el año 2030 la relación entre afiliados y pensionistas sería de 1,3 veces y en el año 2050 se establecería alrededor de 1.
¿Y si nos deshacemos del modelo de reparto y nos dirigimos a uno de capitalización?
En un sistema de pensiones basado en el reparto, el Gobierno grava las actividades de los trabajadores activos con la finalidad de pagar las pensiones de los jubilados. Por ello los beneficios de la jubilación quedan vinculados forzosamente al incremento de la fuerza laboral y del incremento de salarios reales por trabajador o dicho de otro modo la productividad.
Pero como hemos visto en la ratio afiliados/pensionistas, el sistema de reparto no ofrece garantía alguna para la sostenibilidad del sistema de pensiones, y por ello se está examinando alternativas organizadas en los sistemas de capitalización, desde una nueva reestructuración del sistema de reparto hasta una alternativa mixta como el de Suecia o bien más completa como el de Holanda o Chile.
Un sistema de pensiones cuyo pilar central es la capitalización, rompe ese "pacto intergeneracional" propio de los sistemas de reparto. Es cada cada individuo, a través de instrumentos de ahorro como un fondo de inversión, que establece aportaciones periódicas para ir incrementando el valor del fondo y cuando se jubilen recibirán futuras rentas gracias al ahorro acumulado en la vida laboral y su rentabilidad.
Como sucede en Chile, en un sistema de capitalización los beneficios que obtiene el trabajador al jubilarse dependen de su propio trabajo y del funcionamiento de la economía que queda repercutido en los activos, lo que evita la intervención del gobierno forzando que el grupo de trabajadores activos financie los pensionistas.
¿Como efectuó Chile la transición del modelo de reparto a uno de capitalización?
El 4 de noviembre de 1980, la dictadura de Pinochet aprobó la ley que estableció un nuevo sistema privado de pensiones, un sistema totalmente capitalizado, de contribuciones definidas, del 10% de su salario en su cuenta propia, de carácter obligatorio para todos los trabajadores dependientes y administrado por compañías privadas especializadas nombradas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Cuando se evoluciona de un sistema de reparto a un sistema de capitalización existen unos costes de transición que no pueden ignorarse en el momento de implementar la reforma y estos puede dividirse en tres grupos:
El coste de pagar las pensiones de aquellos trabajadores que ya estaban jubilados en el momento de implementarse la reforma.
El reconocimiento del estado de las aportaciones realizadas en el sistema de reparto a los trabajadores.
El coste del gobierno para proporcionar una garantía mínima en el sistema y que nadie quede "descolgado".
Este triple reto se implementó mediante la emisión de bonos del estado para reconocer la deuda contraída con los trabajadores que efectuaron las aportaciones en el sistema de reparto y pasaron al de capitalización.
Asimismo se implementó diversas reformas como un proceso de privatización de empresas, se prolongó parte de la cotización salarial como un impuesto temporal para la transición y se acometió un proceso de ajuste presupuestario con la reducción del déficit público.
¿Pero el sistema pensiones de Chile no es un desastre en la actualidad?
Cuando se hace referencia sistema de pensiones de capitalización y en especial al de Chile, muchos tienen en mente las numerosas protestas y manifestaciones que se han producido en el país latinoamericano por las bajas pensiones que este ofrece.
El factor desencadenante de estas protestas es que la tasa de reemplazo de Chile (primera pensión frente al último salario) equivale al 34%. En comparativa, en España la tasa de reemplazo es del 79%, más del doble que la chilena. Bajo estos parámetros no habría duda de que el sistema de reparto español supera en bienestar al de Chile.
Pero las cifras tienen truco, en España para lograr la tasa de reemplazo del 79% los trabajadores soportan unas contingencias comunes en las cotizaciones del 28,30% (23,60% a cargo de la empresa y 4,70% a cargo de los trabajadores). Sin embargo, en Chile los trabajadores deben ahorrar el 10% de su salario para invertirlo en los fondos AFP.
Y aquí es dónde se produce la trampa... Si queremos hacer la comparativa entre ambos sistemas debemos igualar el porcentaje que se retrae del salario del trabajador en ambos sistemas. Si en Chile en vez del ahorro del 10% se hubiera establecido el 28,30%, la tasa de reemplazo actual para Chile sería del 96,20%, es decir, 17 puntos porcentuales por encima del sistema de reparto español, implicando mayores niveles de bienestar.
Más allá de la jubilación, con el sistema de capitalización los activos que constituyen el patrimonio se seguirían revalorizando a través del interés compuesto en los siguientes años lo que permiten incrementar los niveles de renta y en el caso de fallecimiento, este patrimonio pueda ser transmitido.
Dificultades políticas para transitar a un sistema de pura capitalización
A pesar de todo lo descrito en anterioridad, el cambio radical de modelo de reparto a otro de capitalización como el de Chile es prácticamente una utopía por razones políticas. Pensemos que en las elecciones generales quién concede la llave del poder son mayoritariamente los "abuelos", es decir los pensionistas que el Estado mantiene cautivos vía proporción de rentas.
Lógicamente los pensionistas votarán para que el Estado mantenga en modelo de reparto que es como está condicionada previamente su renta y tienen claros incentivos para hacerlo. Por lo que lo más probable es que veamos continuas reformas en el futuro, como ya se hicieron en el pasado, en la que se enfrenten sostenibilidad del sistema de reparto a corto plazo frente a la incertidumbre del propio sistema en el largo plazo.
En un sistema de capitalización el incentivo de los "abuelos" sería el mismo, mantener sus rentas... Sin embargo, estas rentas las proporcionan las inversiones, por lo que estos votantes condicionarían al Estado y su política para no vulnerar la propiedad privada (sus inversiones) y que establezca una fiscalidad atractiva para no ver afectada, en última instancia, sus rentas percibidas.
