La cuenta atrás para la implementación del euro digital ha comenzado. Un proyecto ambicioso situado en medio de la imparable transformación digital del sistema financiero internacional. Pero eso sí, aún con muchos interrogantes sobre la mesa.
Su objetivo es claro: crear una moneda digital, segura y respaldada por la UE y el BCE, que coexista con el dinero efectivo y los sistemas de pago electrónicos existentes.
Sin embargo, a pesar de sus aparentes y múltiples beneficios, e incluso antes de su nacimiento, ya acumula una gran masa de detractores. ¿Y por qué? por la posible pérdida del anonimato -algo que sí ofrece el dinero en efectivo-.
En otras palabras, esta moneda digital en manos de un banco central, puede cambiar radicalmente la relación entre el ciudadano y su dinero.
Y es que, aunque fue diseñada para mejorar el sistema de pagos, proporcionar transacciones más seguras y adaptarse a una economía cada vez más digital, el euro digital plantea preguntas sobre temas tan importantes como el control, la privacidad y la libertad personal.
El dinero digital no es y será anónimo
No hay duda de que la privacidad del usuario, se garantiza mediante la protección de sus datos personales. El dinero efectivo se utiliza para transacciones anónimas: cuando alguien paga en monedas o billetes, no deja rastro de pago alguno. De hecho, es uno de los pocos ámbitos de la sociedad liberal donde los individuos no deben rendir cuentas a las autoridades.
En su fase de pruebas, el BCE ha trabajado con un modelo que permitiría ciertas transacciones pequeñas sin identificación del usuario. No obstante, el límite propuesto ronda los 50 euros, lo que en la práctica excluye la posibilidad de realizar pagos cotidianos con verdadero anonimato. La privacidad quedaría reducida a un rango simbólico, lejos del nivel que hoy garantiza el efectivo.
¿Una herramienta de control encubierto?
Diversas figuras públicas, como el exbanquero Mario Conde, han expresado con contundencia su oposición a este modelo. En su análisis, el euro digital representa una potencial herramienta de control poblacional, ya que permitiría a las autoridades conocer con exactitud los movimientos financieros de cada persona. Este nivel de visibilidad sobre los hábitos de consumo y decisiones personales podría utilizarse, directa o indirectamente, para condicionar comportamientos.
Incluso sin una intención explícita de control, el simple hecho de que el Estado posea acceso a datos detallados sobre nuestras transacciones representa un riesgo. La posibilidad de usar esa información con fines fiscales, judiciales o incluso políticos no puede descartarse, especialmente en contextos de crisis o cambios legislativos.
Riesgos de abuso institucional
La experiencia reciente con herramientas digitales en otros países refuerza estas preocupaciones. En China, por ejemplo, el yuan digital ha sido implementado con un alto grado de control estatal,permitiendo incluso congelar fondos de usuarios o condicionar el uso del dinero según criterios gubernamentales. Aunque Europa no comparte el mismo modelo político, las tecnologías son similares y los riesgos latentes también existen.
Además, el historial de filtraciones de datos o uso indebido de información en instituciones públicas no ayuda a calmar los temores. En este sentido, el euro digital podría abrir la puerta a un nivel de vigilancia financiera sin precedentes, más allá de lo que hoy permiten las tarjetas bancarias o las aplicaciones móviles.
Transparencia, pero ¿a qué precio?
Uno de los argumentos a favor del euro digital es que aportaría transparencia al sistema económico. La posibilidad de rastrear las transacciones facilitaría la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. Además, al estar controlado por el BCE, se reduciría la dependencia de las grandes plataformas tecnológicas que dominan hoy el ecosistema de pagos digitales.
No obstante, esta transparencia puede convertirse en una espada de doble filo. En un escenario en el que cada movimiento financiero deja huella, la privacidad se convierte en un privilegio reservado a quienes aún puedan acceder a efectivo o criptomonedas verdaderamente descentralizadas.
La idea de que el Estado tenga acceso continuo y potencialmente ilimitado a nuestras decisiones financieras más personales puede erosionar la confianza pública.
El euro digital también podría introducir restricciones indirectas: limitaciones en el uso de dinero en ciertos sectores, bloqueos temporales o incluso penalizaciones al ahorro o al gasto en determinadas categorías, algo que ya se ha debatido como parte de escenarios teóricos en políticas monetarias futuras.
El reto del equilibrio: privacidad y seguridad
Diseñar una moneda digital que respete la privacidad sin poner en riesgo la seguridad es una tarea compleja. No se trata solo de tecnología, sino de voluntad política. Como bien indica el Banco Santander en su análisis, “El diablo está en los detalles”. La implementación del euro digital dependerá en gran medida de cómo se estructuren sus mecanismos de privacidad, quién tenga acceso a la información y en qué condiciones.
Actualmente, la propuesta del BCE contempla que los datos de transacciones no estén centralizados, sino distribuidos entre intermediarios financieros, bajo un modelo híbrido. Sin embargo, esa fragmentación no garantiza que los datos no terminen siendo agregados y cruzados para fines de análisis económico o supervisión estatal.