¿Nos podemos endeudar sin fin? Evidentemente no, aunque a tenor de los datos parece que este tema seguirá suponiendo un quebradero de cabeza para las cuentas públicas de España. La pregunta es, ¿hasta cuándo? La cifra asusta: más de 1,6 billones de euros. Casi nada.
En septiembre de 2024, la deuda pública de España alcanzó un máximo histórico de 1,637 billones de euros, representando hasta el 104,4% del Producto Interior Bruto. Este incremento ha suscitado debates sobre las causas subyacentes y entre otros destaca, sin duda, una: el papel del sistema de pensiones en el aumento del endeudamiento público.
En los últimos diez años, la deuda pública española ha experimentado un crecimiento significativo. En 2014, la deuda se situaba en aproximadamente 1,02 billones de euros, lo que representaba alrededor del 97% del PIB.
Para 2024, esta cifra ha aumentado en más de 600.000 millones de euros, elevando la ratio deuda/PIB por encima del 100%. Este incremento sostenido refleja las dificultades fiscales que enfrenta el país y para la que parece ningún gobierno encuentra una solución que contente a todos.
Impacto del sistema de pensiones en la deuda pública
El sistema de pensiones ha sido identificado como un factor clave en el aumento de la deuda pública. Según un análisis de Fedea, entre 2018 y 2023, las transferencias del Estado a la Seguridad Social para financiar las pensiones ascendieron a 273.000 millones de euros.
Esta cantidad equivale al 70% del incremento total de la deuda pública en ese período, que fue de 391.225 millones de euros. Estos datos subrayan la carga que representa el sistema de pensiones en las finanzas públicas.
El 61% del incremento de la deuda publica desde hace 10 años, en el agujero del sistema público de pensiones (que no ha llegado a su pico de succión) https://t.co/29PP1K3Z3d pic.twitter.com/xgyZfLKwkE
— Jon González (@Jongonzlz) November 19, 2024
Varios elementos son los que contribuyen al déficit del sistema de pensiones. Por un lado, el envejecimiento poblacional de un país como España donde la esperanza de vida ha aumentado, lo que prolonga el período durante el cual se perciben pensiones. También, una menor tasa de natalidad que reduce la entrada de nuevos cotizantes al sistema, debilitando su sostenibilidad.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población mayor de 65 años representará el 25% del total en 2035, frente al 20% actual. Esto significa más beneficiarios de pensiones y menos trabajadores activos para sostener el sistema.
Tampoco hay que olvidarse de la precariedad laboral y los salarios bajos, que limitan las cotizaciones, afectando los ingresos de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué hacer? Para abordar estos desafíos, el gobierno ha decidido implementar varias medidas.
Por un lado, se han incrementado las transferencias para cubrir el déficit de la Seguridad Social. Luego también están los préstamos a la Seguridad Social, donde el gobierno ha otorgado préstamos para garantizar el pago de pensiones, aumentando la deuda interadministrativa. Y también se han introducido cambios para ajustar las pensiones al coste de la vida y asegurar su sostenibilidad.
Pero la realidad es una: estas medidas han tenido un impacto limitado en la reducción del déficit estructural del sistema de pensiones.
Sostenibilidad fiscal, ¿una utopía?
La creciente deuda pública y el déficit del sistema de pensiones plantean interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de España. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado que, sin reformas estructurales, el déficit podría aumentar, comprometiendo la estabilidad económica. Además, el envejecimiento poblacional y las proyecciones demográficas sugieren que la presión sobre el sistema de pensiones continuará en las próximas décadas.
Medidas como el aumento de la edad de jubilación, incentivos para incrementar la natalidad, o un ajuste en las bases de cotización podrían ser necesarias para reducir el déficit y aliviar la carga sobre las finanzas públicas. En cualquier caso, abordar este problema de forma efectiva requiere un consenso político y social amplio que parece, hoy en día, imposible entre los diferentes grupos políticos.
En el plan fiscal estructural a medio plazo enviado recientemente a Bruselas, el Gobierno estima que la ratio de deuda pública respecto al PIB disminuirá del 102,5% en 2024 al 98,4% en 2027, alcanzando el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041. Sin embargo, estas previsiones no detallan en qué momento España podría situar su nivel de deuda por debajo del 60%, considerado como "prudente" según los objetivos establecidos por Bruselas.
Imágenes | Getty Images, Wikipedia
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