La escalada de precios del alquiler de viviendas no está dejando indiferente a nadie e incluso el país vecino de Andorra se ha visto obligado a aprobar una moratoria temporal a través de la cual se prohíbe a los extranjeros comprar viviendas en el territorio durante, al menos, tres meses. Posteriormente se espera aprobar una nueva ley.
En un país de que roza los 90.000 habitantes, la especulación inmobiliaria se ha convertido en la tónica habitual debido a que las excelentes condiciones económicas han atraído a importantes inversores privados. La exención del pago de impuestos atrae al inversor privado, pero perjudica gravemente al residente andorrano que no logra encontrar una vivienda para alquilar. Una situación realmente preocupante si se tiene en cuenta que aproximadamente el 70% de los ciudadanos residen en este régimen.
El encarecimiento acumulado en el precio de la vivienda durante el último año se sitúa en torno al 20%, siendo las inversiones inmobiliarias extranjeras de unos 1.000 millones de euros durante los últimos seis años. Con la nueva moratoria del Gobierno se pretende recaudar fondos con los que construir vivienda asequible, destinada a compra y alquiler de ciudadanos nacionales y revertir drásticamente la situación.
Con la nueva normativa vigente, se contempla que los extranjeros podrían tener que abonar hasta un 10% más en la adquisición de nuevas viviendas. También se pretende aumentar las tasas de desinversión en un plazo inferior a los diez años, frenando el estrepitoso aumento de la venta de inmuebles del 23,1% registrado en 2022.
Es una epidemia inmobiliaria que afecta a Andorra, pero que se mira con recelo desde España, pues algunas voces de la izquierda política solicitan también estas medidas contundentes en el país.
La situación de Andorra es crítica, pues entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023 el precio de la venta de los inmuebles se incrementó en un 12,8%, siendo el acumulado del año del 18% si se tienen en cuenta pisos, viviendas unifamiliares y edificios.
El problema de la elevada demanda y la escasa oferta
Andorra se enfrenta a una situación realmente crítica, pues presenta numerosas viviendas vacías pese a que estamos en una época en la que más se construye en los últimos años. Se estima que existen unos 3.000 pisos vacíos que pertenecen a inversores extranjeros, aunque la oferta de alquiler es escasa.
Todos aquellos contratos que se vieron afectados por la congelación de precios del año 2019 experimentan un precio del metro cuadrado que oscila entre los 8 y los 10 euros. Por su parte, en los contratos de pisos nuevos o reformados, no afectados por la normativa, la media es de 19 euros el metro cuadrado. Algo que supone un valor diferencial de casi el 100€.
La situación del mercado inmobiliario es realmente preocupante si tiene en cuenta que la construcción y el sector servicios son los dos motores de la economía y que el sueldo medio es de 1.939 euros al mes. Por tanto, el nivel de pobreza de Andorra se viene incrementando paulatinamente a lo largo de los últimos años.
Y es que la población viene creciendo a un ritmo frenético, más elevado que la vivienda disponible, pese a que durante la última legislatura se han sumado más de 770 pisos al mercado del alquiler. En solo diez años, el Principado ha incrementado su población en un 20%, pasando de los 69.966 habitantes de 2013 a los 83.990 de 2023.
Además se suma que el perfil del inversor extranjero ha cambiado. Ahora son personas que buscan una elevada rentabilidad en muy poco tiempo, en lugar de antes que eran residentes que compraban un edificio y lo destinaban a alquileres.
El pasado mes de julio, Conxita Marsol, ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda de Andorra, aseguró que no contaban con suficientes viviendas para la mano de obra que llegaba al país, por lo que muchas personas se estaban viendo obligadas a instalarse en zonas fronterizas. Es preocupante, pero en Andorra se calcula que hay unas 200 personas en paro para 2.000 vacantes, siendo la escasez de vivienda la principal causa.
La evolución histórica de la nueva moratoria
Estamos ante un problema que viene de atrás. A finales de 2019, el Govern que preside Xavier Espot acordó congelar la subida de los alquileres de manera temporal, aunque esta decisión aún perdura. No obstante, la normativa contempla que los caseros podrán desalojar a sus inquilinos si acreditan que la vivienda precisa de una reforma.
A principios de 2023, el Ejecutivo de Andorra puso en marcha un nuevo programa que incentivase la compra de inmuebles entre los más jóvenes, protegiendo a las personas y a las familias. Todo ello fomentando un crecimiento sostenible, ordenado y con una gestión eficiente de los recursos.
El problema trasciende de sus fronteras
Diferentes localidades de los Pirineos como La Seu d’Urgell también han visto como la subida de los alquileres de Andorra ha incrementado el éxodo de andorranos que buscan una vivienda en una localidad catalana próxima. Esto ha llevado a que, pese a contar con apenas 12.000 habitantes, sea declarada como una de las zonas tensionadas por la Generalitat. La Cerdanya o el Pallars también han experimentado un aumento de inquilinos y esto ha derivado en un aumento de los precios.