Para muchos es una realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue asfixiando a los españoles. Ahora impone una ‘cuota de solidaridad’, que llegará el 1 de enero de 2025, con la que pretende sostener el sistema de pensiones. Quienes reciban salarios de más de 56.600 euros estarán obligados a abonar una tasa extra, aunque eso no implicará cobrar más en el momento de la jubilación.
El nuevo Real Decreto-Ley pretende obtener un ingreso extra de los trabajadores que más ingresos reciben, siempre y cuando excediesen la base máxima de cotización. El objetivo de España no es otro que corregir una brecha con Europa, pues el país cuenta con una base de cotización máxima más baja y con unos salarios más bajos con respecto al resto de países del viejo continente. De ahí que desde Moncloa se asegure que existen trabajadores que no pagan cotizaciones por todo su salario.
El nuevo límite superior se incrementará con la inflación más un recargo adicional de 1,2 puntos, con el objetivo de llegar progresivamente a los salarios más altos del sistema. Esta medida se suma al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, por lo que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, consolida otra recarga para las nóminas de los españoles para obtener más ingresos.
Claves de la ‘cuota de solidaridad’
La medida se desplegará gradualmente. Así pues, la cotización será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo medio de 0,25 puntos cada año, hasta alcanzar el 6% en 2045 (un 5% a cargo de la empresa y un 1% a cargo del trabajador).
De este modo, se aplicará en tres tramos inicialmente: un 0,92% de cotización adicional (para el salario entre base máxima y un 10% superior a esa base máxima), un 1% (para el tramo entre el 10% adicional de la base máxima y el 50%) y un 1,17% (para el tramo de retribución por encima del 50% adicional de la base máxima).
Con la reforma de pensiones aprobada hace un año, la nueva ‘cuota de solidaridad’ implica que se establezca en tramos salariales. De este modo, el objetivo es que el tipo de cotización sea del 5,5% para quienes tengan un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más; del 6% para los salarios que superen la base máxima entre un 10% y un 50% y del 7% cuando el salario sobrepasase la base máxima en un 50%. No obstante, no se aplicará a trabajadores autónomos.
La ‘cuota de solidaridad’ posee un carácter redistributivo, no contributivo. Por consiguiente, no generarán una mejora en la base reguladora que calcula la futura prestación del cotizante y podría llegar a considerarse, incluso, como un impuesto. Así pues, pese a que ayudará a suavizar la jubilación del ‘baby boom’, no se espera que tenga efecto sobre las pensiones ni cobrar más en el momento de la jubilación.
En todo momento, la nueva ‘cuota de solidaridad’ se determinará en función del exceso de los rendimientos del trabajo por cuenta ajena, tomando como base la máxima de cotización establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
En resumen, aquellos trabajadores que posean en 2025 una nómina de hasta un 10% por encima de la base máxima (62.260 euros en la actualidad), abonarán el 0,92 en concepto de ‘cuota de solidaridad’ por ese tramo que supera la base máxima. La empresa y el trabajador abonarían el 0,92% de los 5.660 euros que sobrepasan a la actual base máxima. Serían hasta 52 euros más en concepto de cotizaciones sociales por contingencias comunes.
Déficit en la Seguridad Social
Los datos demuestran que la Seguridad Social cerró 2023 con un déficit de 8.627 millones de euros, el 0,59% del PIB. Supone un incremento del 21% en comparación con los 7.123 millones de 2022. El déficit, hay que recordar, que recoge la diferencia entre los derechos reconocidos (ingresos no financieros) de 201.317 millones, y las obligaciones reconocidas (gastos no financieros) de 209.944 millones.
En cuanto a los ingresos por cotizaciones sociales, éstos se vieron incrementados en un 10,3% interanual hasta los 154.633 millones; 14.385 millones de euros más que en 2022. Todo ello, como consecuencia de la mejora del empleo.
Solo en los dos primeros meses de 2024, la Seguridad Social registró un saldo negativo de 363 millones de euros, el 0,02% del PIB. Todo ello pese a ingresar 31.317 millones de euros, un 7,5% más, frente a los gastos de un valor de 31.680 millones de euros.
Otros aspectos a tener en cuenta
De igual modo, el Real Decreto modifica el Reglamento General de Recaudación. Se clarifican las condiciones del fraccionamiento en el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, fijando un importe mínimo de 100 euros mensuales y hasta un máximo de cinco años.
Asimismo, se prolonga la obligatoriedad de domiciliación bancaria en el pago de las cuotas a los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios en periodo de inactividad, consiguiendo mayor seguridad jurídica.