El gobierno francés socioliberal que lidera Macron está buscando nuevas medidas para las grandes empresas del país, en concreto se estaría estudiando imponer un impuesto a las empresas cuya facturación sea superior a los 1.000 millones de euros, mediante una tasa que se ha calificado como "temporal".
Esta medida que aún no está decidida viene justificada por la necesidad de cubrir todos aquellos gastos que están vinculados a los litigios perdidos en relación con el impuesto a los dividendos que instauró el gobierno anterior de Hollande y que ha sido rechazado por los tribunales europeos.
En otras palabras, con Francia instauró un impuesto a los dividendos que no se adecuaba a la legislación europea, y ahora para compensar su mala actuación buscará otra manera de fiscalizar a las grandes multinacionales. Luego nos extrañaremos que Europa no sea un territorio favorable a la gran empresa.
Antecedentes: El impuesto sobre dividendos
En el año 2012 el gobierno francés decidió crear un nuevo impuesto que suponía una tasa del 3% sobre los dividendos distribuidos por entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades con el objetivo final de compensar la pérdida de ingresos de otra tasa empresarial y que los beneficios se canalizarán a través de la inversión.
No obstante en julio de 2016, el tribunal supremo administrativo francés declaró que existían serias dudas sobre la conformidad de este impuesto con la directiva matriz-filial que se establece en la Unión Europea y se remitió este asunto del tribunal de justicia europeo (TJCE) por parte de las empresas cotizadas en el CaC 40 y la Asociación Francesa de Empresas Privadas, principal organización profesional representa las grandes sociedades francesas cotizadas.
En fecha del 17 de mayo el tribunal de justicia falló a favor de los demandantes y consideró que el impuesto del 3% francés sobre los dividendos era incompatible con el artículo 4 de la directiva matriz-filial y, por tanto, no era aplicable a las redistribuciones de dividendos recibidos.
La decisión del Tribunal de Justicia sólo se aplica a las redistribuciones de dividendos recibidos de las filiales dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de matriz-filial, es decir, los dividendos recibidos de las filiales establecidas en otro Estado miembro de la UE.
Las sociedades matrices francesas que hayan distribuido los beneficios recibidos de sus filiales de la UE deberían poder obtener el reembolso del exceso del 3% sobre el impuesto pagado a las autoridades fiscales francesas. Para ello, tendrán que proporcionar pruebas sobre los montos que deberían haber sido excluidos de la base imponible como dividendos redistribuidos.
La obsesión impositiva de Francia con la gran empresa
La subidas de impuestos a grandes empresas no acabarían aquí y es que Francia ha convencido a Alemania para una alianza común y están planteando una propuesta para grabar los llamados gigantes de Internet, con el objetivo final de que paguen una "contribución justa" en todos aquellos países donde ganan dinero.
Es decir, se buscaría agredir físcalmente a los gigantes de la tecnología, que mayoritariamente no son europeos, siendo sus principales objetivos multinacionales como Google, Apple, Facebook y Amazon.
Hasta la fecha, la metodología exacta de la mecánica de algún puesto aún no ha sido revelados, no obstante, el ministro de finanzas francés, Bruno le Maire, explicó que las autoridades fiscales pueden utilizar los ingresos de las compañías como el nivel de referencia.
Las grandes compañías tecnológicas han estado bajo el punto de mira durante los últimos años debido a que las autoridades tributarias de diversos países insisten en que no están haciendo frente de manera completa, a sus obligaciones tributarias y están utilizando las ventajas fiscales que ofrecen jurisdicciones con un marco impositivo más laxo.
Francia aún en marcada dentro del protocolo de déficit excesivo
La política francesa tradicionalmente ha buscado la reducción del déficit público vía mayores impuestos y no mediante la reducción del gasto público de manera contundente. Aún así, actualmente Francia se encuentra dentro del protocolo del déficit excesivo, junto a otros países como pueden ser España y el Reino Unido debido a que el déficit de 2016 fue del 3,4%.
Hasta la fecha Francia no se ha planteado una fuerte reducción de su nivel de gasto público y por ello hemos visto como sus medidas favoritas han sido ampliar los diferentes impuestos para sostener un gasto público que tiene un peso sobre el PIB del 56,20%, el mayor peso dentro de los diferentes países que integran la Unión Europea.
A menos que se hagan recortes, el déficit del sector público llegará a un 3,2% del PIB de la producción al finalizar este año, superando el objetivo del 2,8% del gobierno anterior dirigido por el gobierno socialista.
Se necesitarán nuevos recortes de hasta 5.000 millones de euros si el gobierno de Macron respeta su promesa de registrar un déficit de 3% o menos este año, respetando un límite acordado por la UE por primera vez en una década.