El martes 8 de octubre está marcado en el calendario como una fecha crítica. La aprobación, por parte del Consejo de Ministros del nuevo pliego de condiciones para los convenios de Muface, Isfas y Mugeju. Con todo ello, se verían afectados 2,14 millones de funcionarios y familiares. Un modelo que durante años ha supuesto pérdidas cuantiosas para aseguradoras como DKV, Mapfre, Adeslas y Asisa, y que ahora viene a demostrar una evidencia: los empleados públicos prefieren la sanidad privada.
Es curioso que el colectivo de funcionarios goce del pleno derecho para escoger libremente si quiere ser atendido por la sanidad privada o por la sanidad pública, y que el 80% de ellos opte por la sanidad privada a lo largo de las últimas décadas.
Las claves de la medida del Gobierno
Con el fin de intentar revertir la situación, el Gobierno PSOE-Sumar ha brindado un volumen de financiación insuficiente para los servicios sanitarios privados de los funcionarios. De este modo, los trabajadores públicos se verían en la obligación de acudir forzosamente a la sanidad pública, cada vez más desierta.
De consumarse esta acción, el sistema público deberá absorber desde el 1 de enero de 2025 casi 1,5 millones de nuevos usuarios. Precisamente en un momento crítico, pues el sistema público de salud ya se encuentra altamente tensionado, con largas listas de esperas que lastran su calidad.
Al final, la medida del Gobierno no tendrá efectos. Que todos los usuarios que se dirigían a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se marchen a la pública únicamente provocará que quienes siguiesen apostando por la sanidad privada, finalmente la viesen más descongestionada.
En este sentido, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha manifestado abiertamente su defensa de la capacidad del sistema público para absorber a los mutualistas. Asegura que son personas que no presentan una alta complejidad en sus cuidados y cuya atención puede asumir el sistema público. Otras voces como la de Mónica García, ministra de Sanidad, han calificado a Muface como subsistema anacrónico.
Existen colectivos, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sostienen que el modelo actual perpetúa desigualdades al financiarse un sistema privado con recursos públicos, no quedando al alcance de toda la ciudadanía.
La FADSP aboga por la integración total de los funcionarios en el sistema público, lo que, bajo su pronóstico, aliviaría las tensiones financieras y administrativas derivadas de los conciertos con las aseguradoras.
Consecuencias directas
El Ministerio de Función Pública ha propuesto un aumento del 14% en la prima pagada por mutualistas. Esta oferta se considera escasa, por parte de las compañías privadas, para cubrir los elevados costes de la atención médica. De no mantenerse los niveles de calidad actuales, se provocaría un empeoramiento de los servicios y de mayores tiempos de espera para los funcionarios. Todo lo contrario a lo que se buscaba inicialmente: aligerar los plazos.
Dicho esto, las operadoras exigen un incremento del 40%, aunque Muface reclama un incremento del 25%. El Gobierno es claro y, ante el elevado déficit público que arrastra, no ve posible un incremento mayor.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) acusa al Gobierno de propiciar un fin deliberado para Muface. La oferta financiera se diseña para transferir la responsabilidad del fracaso de las negociaciones al sector privado y deja en una situación precaria la atención médica a los funcionarios.
El envejecimiento de la población mutualista ha aumentado un 7% en la última década. La labor de los operadores privados es fundamental para acometer la ‘selección de riesgos’ de los usuarios. De este modo, se podrán inducir que determinadas enfermedades más graves o crónicas sean tratadas en hospitales públicos.
El objetivo final no es otro que atraer a funcionarios sanos y esquivar la máxima proporción de trabajadores que supongan grandes costes. Todo ello se traduce en que la elección del Instituto Nacional de la Seguridad Social haya pasado del 14,1% al 20,4% de funcionarios en la última década. Este análisis queda recogido en el informe ‘El misterio Muface. ¿Selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida?’, publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2019.
Nuevo error del Gobierno. ¿A dónde va el dinero de Muface?
El grado obsesivo del Gobierno de Sánchez por intentar engordar el tamaño del Estado, resta importancia a la calidad de vida de los españoles. El ahorro de Muface compensará el déficit de las pensiones.
Una vez más, las pensiones son el principal activo para el Ejecutivo. Los datos son claros. El Gobierno destina el 80% de los impuestos a pagar pensiones. La Seguridad Social ya ha gastado 33.602 millones de los 43.463 previstos en el Presupuesto del ejercicio, algo que permite al sistema experimentar un importante superávit. Además, el gasto en jubilaciones ha aumentado más de un 7% en un año y el desembolso en bajas por enfermedad un 18%.
Inicialmente, Muface no va a desaparecer, pero el Gobierno sigue dando pasos hacia el ensanchamiento del Estado, del sistema de pensiones y ahora de la sanidad pública. Un problema de saturación está a la vuelta de la esquina y es por ello que las asociaciones de sanidad pública ponen el foco en la necesidad de una financiación adecuada para el Sistema Nacional de Salud (SNS).