La economía tiene un comportamiento cíclico, con tapas de expansión económica y etapas de contracción del PIB. Para una economía lo importante es la magnitud de cada una de estas etapas y qué tipo de medidas se llevan a cabo en cada uno de estos periodos, para la sostenibilidad del crecimiento en el largo plazo.
España lleva un ciclo de expansión económica positivo desde el año 2013, una etapa en la que se han señalado muchos problemas estructurales del país pero nuestros responsables públicos han sido incapaces de solucionarlos, sino más bien se ha parcheado a través de objetivos de déficit, emisión de deuda por parte de la Seguridad Social para atajar los desequilibrios estructurales, y no se ha abordado debidamente la fuerte precariedad laboral. Cuestiones que hay que abordar urgentemente antes de la próxima recesión.
Unas cuentas públicas debidamente ajustadas
Si hay algo que han hecho mal todos los gobiernos de España, es una falta de seriedad en el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas que ha supuesto alcanzar una deuda pública próxima al 100% del PIB.
En España existe una pésima tradición: si nos encontramos en contexto económico de crecimiento tenemos déficit público, y, si nos vemos en un contexto de recesión se profundiza en un mayor déficit público. Únicamente hemos conseguido cuadrar las cuentas públicas con los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria.
Este es un problema de gran calado ya que los pequeños desajustes presupuestarios acumulados en el largo plazo, tienen como resultado una elevada deuda pública que, en situaciones de tensión en los mercados financieros, puede resultar difícilmente refinanciar los vencimientos de deuda que vayan surgiendo.
En consecuencia, es urgente la búsqueda de recortes de gasto estructurales o bien, para las posiciones intervencionistas, indagar en ingresos públicos estructurales para cuadrar las cuentas.
No obstante, la situación hoy en día es envidiable para el Tesoro Público y es que puede emitir deuda a plazos cortos con intereses nominales negativos gracias a una política monetaria que está distorsionando la realidad económica de la Eurozona. España, en vez de aprovechar este tiempo de distorsión para acometer los ajustes pertinentes, se ha relajado en sus objetivos de estabilidad presupuestaria y posicionarse como el país con mayor déficit público de la Unión Europea.
Pero parece que no haya prosa para abordar las reformas... La mejora en los costes de financiación que vimos el año pasado se ha extendido durante el primer semestre del año. El coste medio de la deuda emitida en 2019 es del 0,49%, por debajo del 0,64% con el que cerró 2018, y el coste medio de la deuda en circulación se ha reducido hasta el 2,34%.
En el supuesto de una recesión o de un shock externo importante, los inversores tienden a refugiarse en valores seguros como pueden ser el franco suizo, el bono alemán a 10 años, o el bono estadounidense. Los inversores, en contextos de volatilidad no mirarán a España por su falta de credibilidad en las cuentas públicas y con una deuda pública se ha ido bajando punto porcentual en estos años a pesar del fuerte crecimiento económico del país.
Nadie conoce cuándo será la próxima recesión, pero el país debería afrontarla con los deberes presupuestarios hechos. Y el próximo Gobierno tiene como misión principal abordar la cuestión presupuestaria para lanzar un mensaje de tranquilidad en los momentos en los que exista una verdadera tensión en los mercados.
Pensiones: El gran elefante en la habitación
Otro de los grandes problemas que tenemos hoy en la actualidad, y que está relacionado íntimamente con la falta de estabilidad presupuestaria, son las cuentas de la Seguridad Social, fruto de un sistema de pensiones que no da más de sí tal y como se ha planteado. Desde el FMI ya se ha alertado que subir las pensiones en base al IPC, pone el riesgo la estabilidad del propio sistema público de pensiones.
Desde una perspectiva más amplia, a los trabajadores de hoy se les está obligando a entrar en un sistema piramidal en el que se prometen ingresos futuros bajo obligaciones presentes. Decimos piramidal porque el sistema de pensiones basa su sostenibilidad a largo plazo en una proyección demográfica positiva en el que las bases puedan mantener a los beneficiarios, los pensionistas.
Pero actualmente nuestra sociedad se dirige a un envejecimiento de la población y, por lo tanto se está rompiendo, la premisa necesaria para el sostenimiento del sistema público de pensiones. La próxima reforma debe de ir encaminada a corregir este desajuste a largo plazo, que hoy ya está reportando un déficit de 18.000 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social y al paso de los años y el envejecimiento de la población, irá a más.
El sistema de la Seguridad Social hoy ya ha dejado de ser sostenible y aquel fondo de reserva, la conocida hucha de las pensiones está prácticamente agotada, y la Seguridad Social pide prestado a los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a las obligaciones derivadas.
Como sociedad debemos decidir qué sistema queremos. Si los trabajadores deben buscar alternativas de su jubilación en forma de ahorro privado e ir apartándose del sistema público de pensiones porque no está garantizado a largo plazo, si hay que seguir apretando a los trabajadores, incluso incrementar la fiscalidad que recae sobre el trabajo debido al abultado déficit para mantener las prestaciones en el sistema, o, afrontar un recorte en las prestaciones.
Otras opciones que no se deberían descartar es incrementar, de nuevo, la edad de jubilación más allá de los 67 años para reducir el número de beneficiarios de las prestaciones, acorde con la evolución de la esperanza de vida en el país.
Mejoras pendientes en el mercado laboral dual
El mercado laboral ha seguido fortaleciéndose durante esta etapa de crecimiento, pero aún quedan retos importantes. Probablemente, el mayor de todos es tratar de abordar el problema de precariedad laboral: las tasas de contratos temporales siguen estando entre las más altas de la UE.
Es urgente, desarrollar acciones políticas deben centrarse en abordar las rigideces del mercado laboral. La omnipresencia de la dualidad del mercado laboral en España no solo contribuye a la limitada movilidad regional, sino que también influye en el desempleo estructural y en una menor productividad de los trabajadores.
España tiene la mayor proporción de empleo temporal en la Eurozona (26% del total del empleo), especialmente entre los trabajadores más jóvenes. Para subsanar esta deficiencia de largo plazo, es indispensable abordar una reducción de la diferencia entre los costes que supone para las empresas la contratación de trabajadores indefinios y temporales sigue siendo una prioridad política fundamental.
A este respecto, las medidas políticas deberían centrarse en aumentar el atractivo de los contratos de duración indeterminada para las empresas, en lugar de aumentar el coste de contratos temporales que añadirían más rigidez al mercado laboral.
Entre las medidas específicas podrían figurar una mayor reducción de los costes de contratación y de las indemnizaciones por despido de los trabajadores fijos, también la puesta en marcha de la mochila austriaca y la simplificación de la lista de posibles causas de anulación de un despido para mitigar las incertidumbres jurídicas que se añaden al coste de los contratos fijos.