Muchos ciudadanos y formaciones políticas se muestran a favor de la realización de una auditoria de la deuda pública, punto realmente complicado partiendo de la premisa que no creo que sea el enfoque adecuado. Es decir, se pueden auditar perfectamente las partidas de gasto y determinar según qué criterios, "son legítimas o ilegítimas" si existe algún baremo para determinar estos extremos, pero veo harto complicado por no decir imposible determinar qué parte de la deuda es ilegítima o no.
En contabilidad (pública o privada), el torrente financiero es unitario por norma general; es decir, cuando se realiza una emisión de deuda pública, salvo condiciones muy especiales, el destino de dichos fondos es integrarse a la tesorería del propio ente público. Situándonos solamente en el Estado Central, las emisiones del Tesoro van a eso, al Tesoro, entendiendo como Tesoro la caja única del Estado. De ahí, se sufragan también todos los gastos que estén presupuestados y por supuesto se atienden las renovaciones o vencimientos de la deuda pública en circulación. En síntesis, la emisión de deuda de la semana pasada, bien ha podido servir para pagar las nóminas, que facturas de proveedores del Estado que amortizar otros títulos de deuda a vencimiento por citar solo algunas operaciones financieras públicas.
El impago parcial de deuda pública como objetivo
Parto de la base de que la auditoria de deuda pública tiene como objetivo final declarar una fracción de la deuda pública en circulación como ilegítima y por tanto no afrontar su pago. Ahora vamos con una simulación teórica de este caso suponiendo por ejemplo el Aeropuerto de Castellón con un coste de 150 millones de euros. Vamos a admitir todos que dicha obra es "ilegítima" desde el punto de vista del gasto, pero nos damos de bruces con la realidad en el momento que analizamos el flujo financiero.
El inicio del Aeropuerto de Castellón hay que situarlo en 1993 y se ha ido financiando a lo largo de los años en función de los diferentes grados de ejecución material del proyecto. En principio, el coste de dicha obra, ha salido del torrente unitario de la caja de tesorería y su financiación no ha estado vinculada a una emisión de deuda concreta.
Aún así, supongamos que dicha obra se financió con una emisión de obligaciones a 5 años en el año 2004 y que se pudiera determinar con relativa facilidad. Cuando llegó el vencimiento de dichas obligaciones, en el año 2009, podemos suponer que se amortizaron las obligaciones de 2004 emitiendo nuevos títulos de deuda pública a vencimiento 10 años. ¿Adónde nos lleva esto? A la conclusión lógica de que no podemos individualizar qué título de deuda pública ha financiado partidas de gasto "legítimo" o "ilegítimo".
El impago para todos ¿es la solución que se propone?
No he visto aún por ningún lado realmente qué se haría después de la auditoria de deuda, pero aún suponiendo que se asocie deuda ilegítima con "gasto ilegítimo", entiendo este gasto como aquel que es improductivo o que se ha realizado de manera contraria al presupuesto público, nos vamos a encontrar con un problema importante a efectos prácticos para impagar esta deuda.
Dicha auditoria podrá determinar qué porcentaje de deuda se ha emitido para el "destino ilegítimo" y podrá ser cuantificada según los criterios que se marquen, pero no se podrá señalar uno a uno qué acreedores han financiado una cosa y cuáles otra. Si la solución que se plantea es la quita parcial de toda la deuda en circulación, entonces lo que estamos planteando es una especie de semi-default pero de tal manera que pagarán los prestamistas justos por pecadores.
Me gustaría ver el desarrollo de todo este procedimiento de auditoria de la deuda y las decisiones que se originarán una vez auditada desde luego. Si alguien tiene más información, que la deje en comentarios.
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