Los países desarrollados tienden a mirarse en el ombligo para buscar las soluciones a la crisis vinculada al coronavirus. No obstante, se trata de una pandemia global y la capacidad para dar respuesta al coronavirus no es equivalente si nos comparamos con los países en vías de desarrollo.
Los países desarrollados, en mayor o menor medida, pueden ir analizando y segmentando las zonas de expansión del virus y ofrecer una respuesta sanitaria. Esa capacidad no la han asimilado los países en vías de desarrollo ya que existe un mix peligroso de instituciones débiles y unos sistemas sanitarios con déficit de desarrollo que imposibilitan la atención adecuada a la evolución del número de contagios.
Desde el punto de vista económico, los países en desarrollo partían de una posición debilitada debido a que la mitad de ellos sufría altos niveles de deuda. A ello se suma que una de las características de la crisis mundial es la fuerte caída de los ingresos públicos en todos los niveles de gobierno. La situación de los países en desarrollo es cada vez más grave, ya que muchos países se enfrentan a crecientes necesidades sociales sin los medios para financiar los servicios sociales.
Para garantizar al menos la seguridad de los ingresos básicos y el acceso a la atención sanitaria esencial para todos sólo en 2020, los países en desarrollo deberían invertir aproximadamente 1,2 billones de dólares, es decir, una media del 3,8% de su PIB, según un nuevo informe de política de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desde el inicio de la pandemia COVID-19, el déficit de financiación de la protección social ha aumentado aproximadamente un 30%, según el informe sobre el déficit de financiación de la protección social. Esto se debe a la mayor necesidad de servicios de atención de la salud y de seguridad de los ingresos de los trabajadores que perdieron su empleo durante el bloqueo y a la reducción del PIB causada por la crisis.
La situación es particularmente grave en los países en vías de desarrollo de bajos ingresos que tendrían que gastar casi el 16% de su PIB para cerrar la brecha, es decir, unos 80.000 millones de dólares. A nivel regional, la carga relativa de la reducción de la brecha es particularmente elevada en el Asia central y occidental, el África septentrional y el África subsahariana (entre el 8% y el 9% de su PIB).
En la actualidad, sólo el 45% de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. El resto de la población -más de 4.000 millones de personas- está completamente desprotegida.
Es tan dura la situación que algunos países en desarrollo necesitarán una considerable financiación internacional en condiciones favorables, como subvenciones y préstamos a largo plazo y con bajos intereses de las instituciones financieras internacionales, así como la reestructuración ordenada de sus deudas soberanas tanto con acreedores públicos como privados.
El riesgo de perder los avances en la última década
Si bien la crisis de COVID-19 sigue golpeando continuamente en todo el mundo, los países en desarrollo de bajos ingresos se ven particularmente afectados porque su situación que obstaculiza su capacidad de respuesta.
Según el FMI, si no se realiza un esfuerzo internacional sostenido para apoyarlos, es probable que las cicatrices permanentes dañen las perspectivas de desarrollo, se amenaza con acabar con una década de progreso en la reducción de la pobreza.
Desde marzo, los países desarrollados se han visto afectados por una confluencia excepcional de perturbaciones externas: una fuerte contracción de las exportaciones reales, la disminución de los precios de exportación, especialmente del petróleo, la reducción de las entradas de capital y de remesas, la disminución de los ingresos por concepto de turismo y el hundimiento de sus divisas por la búsqueda del dólar como refugio. Todo ello afecta a la capacidad de pago de sus respectivas deudas que más adelante analizaremos.
Tomemos como ejemplo las remesas que superaron el 5% del PIB en 30 (de 59) de los países en desarrollo de bajos ingresos en 2019. Entre abril y mayo, disminuyeron un 18% en Bangladesh y un 39% en la República Kirguistán, en comparación con el año anterior. Es probable que las repercusiones se dejen sentir ampliamente en los lugares en que las remesas son la principal fuente de ingresos de muchas familias pobres.
En cuanto a las repercusiones internas, si bien la pandemia ha evolucionado más lentamente en los países menos adelantados que en otras partes del mundo, ahora está infligiendo un considerable daño a la actividad económica. Tengamos en cuenta que no pueden mantener medidas de contención estrictas mientras grandes segmentos de la población vivan a niveles cercanos a la subsistencia.
Los grandes sectores informales, la escasa capacidad institucional y los registros incompletos de los pobres dificultan el acceso a los necesitados. Además, los gobiernos sólo disponen de recursos fiscales limitados para apoyarlos. Encuestas recientes realizadas en 20 países africanos revelan que más del 70% de los encuestados corren el riesgo de quedarse sin alimentos durante un encierro que dura más de dos semanas.
Los daños crónicos han sido el legado de pandemias pasadas: mortalidad, peores resultados en materia de salud y educación que deprimen los ingresos futuros, el agotamiento de los ahorros y los activos que obligan a los cierres de empresas -especialmente de las pequeñas empresas que carecen de acceso al crédito- y causan trastornos de producción irrecuperables, y los excesos de deuda que deprimen los préstamos al sector privado (tras la pandemia del Ébola de 2013, la economía de Sierra Leona nunca recuperó la senda de crecimiento anterior a la crisis).
Una deuda que estrangula
No se puede afrontar la deuda. La situación es tan complicada que para abril de 2020, el FMI había recibido más de 100 solicitudes para sus servicios ampliados de financiación de emergencia y había aprobado seis meses de alivio del servicio de la deuda para 25 países. Por su parte, el G-20 se comprometió a reprogramar los pagos del servicio de la deuda de 76 países hasta el final.
A pesar de que en términos relativos su deuda es inferior a la de los países desarrollados, el riesgo viene determinado por la capacidad de pago, por ello, el 44% de los países en vías de desarrollo corren un alto riesgo o están en dificultades de endeudamiento debido a que los países en desarrollo deben cantidades récord de dinero a inversores, gobiernos y otras personas fuera de sus fronteras, con un total de 2,1 billones de dólares.
Los países pobres deben programar pagar intereses y capital de 62.000 millones de dólares. Pero el problema es que las emisiones se han realizado en monedas fuertes y si la economía está parada, necesitan dinero para las cuestiones sanitarias-subsistencia y sus divisas se han desplomado, es imposible pagar.
Si bien a la deuda pública contraída es más fácil que se produzcan alivios, el problema es atender a los pagos de la deuda privada. El hecho de que los países en desarrollo hayan pedido muchos préstamos a acreedores privados internacionales complica los esfuerzos de reestructuración de la deuda, manifestando el riesgo de una fuerte crisis sostenida en el tiempo más allá los efectos de la pandemia.
