La Comisión Europea pide una subida del IVA a España para cumplir con la nueva línea de reducción del déficit. No será tanto de subir el el tipo general sino que Bruselas pide que más productos tributen al 21 por ciento.
Por tanto, la reducción a cero de la multa para España por incumplir el objetivo de déficit no le va a salir gratis al futuro Gobierno de España y tampoco la prórroga de dos años que ha ofrecido Bruselas para corregir el desfase presupuestario.
¿Pero cuáles son las principales claves de porqué la Comisión Europea ha decidido que la sanción a España sea 0? ¿Cuáles van a ser sus consecuencias inmediatas?
La Comisión Europea pide a cambio de esta multa 0 una subida del IVA en aquellos productos que en la actualidad se le están aplicando un tipo reducido, como alimentos, transportes, hostelería... También exige controles más estrictos sobre las comunidades autónomas y los contratos públicos.
¿En qué se basa la decisión de la Comisión Europea?
Según muestra la documentación técnica que acompaña la decisión de la Comisión Europea de no sancionar a España por no cumplir el objetivo de déficit del año pasado.
La Comisión Europea dice que los datos demuestran que existe la posibilidad de esta acción política. Se basa en que el nivel de los impuestos indirectos y la tasa implícita sobre el consumo en España siguen estando en los más bajos de la Eurozona.
La recaudación total se sitúa en el 11,6 por ciento del PIB, y la media de la Eurozona se sitúa en el 15,2 por ciento. Donde se comenta que la Comisión Europea que muchos productos se están beneficiando de la aplicación de tipos reducidos en vez del tipo general.
Déficit por la política tributaria
El déficit por la política tributaria es un indicador de los ingresos por IVA que de forma teórica no se percibe al aplicar tipos reducidos, expresado como el porcentaje de ingresos que podrían recaudar si todos los productos tributaran al tipo general.
En la actualidad Hacienda aplica en estos momento el tipo del IVA superreducido con el 4 por ciento de tributación, el tipo reducido con el 10 por ciento de tributación y el tipo general con el 21 por ciento de tributación.
Según la Comisión Europea existe un déficit significativo en la política en materia del IVA. El déficit por el cumplimiento de los actuales tipos de IVA, es decir, la diferencia entre el IVA teórico devengado y los ingresos recaudados, se han reducido levemente de los años 2012 a 2013, pero aún así existe una diferencia elevada.
¿Para qué va a servir la inclusión de los productos al tipo general?
La incorporación de los productos de tipos reducidos y superreducidos al tipo general del 21 por ciento se puede ver como una herramienta para equilibrar las cuentas públicas del futuro Gobierno.
Según las previsiones de recaudación de la Comisión Europea, los ingresos se pueden situar en el 38,2 por ciento del PIB durante el año 2017 y el año 2018. Por debajo de la media de la Eurozona , que se sitúa en el 46,3 por ciento del PIB, aunque exista una mayor actividad económica y la creación del empleo.
Explica que el déficit público tenga un fuerte componente estructural. La Comisión Europea ha previsto que durante este año se va a producir un deterioro de 0,4 puntos porcentuales en el desequilibrio del ciclo económico, hasta ser del 3,1 por ciento del PIB.
Este desequilibrio refleja la realidad de las finanzas públicas le han quitado factores coyunturales, como sería la posición cíclica de la economía. Por tanto, el déficit estructural es clave para el análisis que realiza la Comisión Europea.
El ajuste del año 2017 debe ser de alrededor de 15.000 millones de euros, del 4,6 por ciento al 3,1 por ciento, mientras que en el año 2018 debe ser alrededor de 9.000 millones pasando del 3,1 por ciento al 2,2 por ciento del PIB.
¿Qué consecuencias inmediatas tiene para España?
Aunque la sanción para España por el incumplimiento del déficit puede tener consecuencias. Aunque la sanción se haya rebajado a 0, Bruselas va a congelar en septiembre parte de las ayudas previstas para el año 2017, alrededor de 1.300 millones de euros.
Si España no presenta los ajustes exigidos antes del 15 de octubre, la suspensión se seguirá aplicando. La Comisión Europea ha tenido en cuenta que España ha realizado grandes esfuerzos presupuestarios, aunque insuficientes y todavía se enfrenta a problemas económicos y una alta tasa de paro.
La suspensión los fondos estructurales supondría un golpe financiero más duro para España que lo que habría supuesto una multa. La amenaza de suspender las ayudas es un incentivo con el que la Comisión Europea cuenta para obligar a España para realizar más recortes durante el año 2017.
La Comisión cuenta con una segunda forma de presión para España. En caso de un nuevo incumplimiento, la multa aumentaría hasta el 0,5 por ciento del PIB, que para España supondría unos 5.000 millones de euros.
Más controles sobre el gasto de la comunidades autónomas y contratos públicos
Además del aumento del IVA, la Comisión Europea pide a España que aplique de forma muchos más estricta la ley de estabilidad presupuestaria y que exija a las comunidades autónomas recortes cuando se desvíen de los objetivos de déficit asignados.
Un mayor control en la aplicación de los mecanismos preventivos y correctivos previstos en la ley de estabilidad presupuestaria para todas las comunidades autónomas podrían conducir a una corrección sostenible y en el plazo exigido del déficit para reducir el excesivo déficit.
Por último, la Comisión Europea pide más controles en la adjudicación de los contratos públicos. España es uno de los países de la Unión Europea con un menor tasa de publicación de las licitaciones y con un mayor uso de los procedimientos negociados sin publicación previa.
Es decir, en un menor competencia entre las empresas, más costes para las administraciones publicaciones, y muchas más irregularidades.
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