En junio hemos visto como el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación del proyecto de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la llamada tasa Google. Este impuesto busca regular la tributación sobre determinados servicios digitales con el objetivo final de grabar las grandes tecnológicas con ingresos superiores a 3 millones de euros en España y 750 millones a escala internacional.
Con este impuesto, el gobierno que podría ingresar a las arcas públicas un total de 968 millones de euros en el año después de su entrada en vigor que se valora para el mes de diciembre.
La puesta en marcha de esta medida tiene varios riesgos a considerar y no solo el encarecimiento para aquellos vendedores que, por ejemplo, utilicen Amazon para ampliar su volumen de ventas por la repercusión del impuesto o poner trabas a la cuarta revolución industrial, sino que, debido a que estarían afectadas las empresas estadounidenses no sería descartable una reacción en forma de aranceles a los productos españoles exportados.
El contexto no acompaña. El FMI ha revisado las expectativas de crecimiento para el presente año a la baja, asignando una caída del PIB del 12,8%, igualando la caída que sufriría Italia y liderando entre las economías desarrolladas.
El contraataque de Trump
Existe un serio riesgo detrás de la aprobación de este impuesto y es que si nos ponemos en antecedentes, ya hemos visto como la administración Trump impuso aranceles a productos agroalimentarios europeos como represalia del conflicto por las ayudas públicas a Airbus dentro del marco de la OMC.
En el caso específico de España, el aceite, el vino y el queso fueron los productos más afectados, debido a que los aranceles pasaron del 3,5% hasta el 25% provocando un descenso de las ventas. La estimación que hace el Banco de España es que, con este movimiento, las ventas que caerían un 12%, perdiendo 95 millones de euros en el sector.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, si España finalmente aprueba la tasa Google, no es de extrañar que veamos un contraataque por parte de Estados Unidos contra los productos españoles que se exportan. Unas tensiones comerciales que se harían efectivas en el peor momento cuando la economía española necesita del sector exterior para tratar de reflotar debilidades económicas internas.
Es un riesgo del todo innecesario. Hoy por hoy, no existe un consenso a nivel internacional sobre esta medida recaudatoria y se busca trabajar dentro del marco de la OCDE y del G20 para un acuerdo de esta índole. España estaría avanzando unilateralmente sobre esta medida y coma con ello arriesgándose a que el contraataque de Trump sea específico a los productos españoles.
Si las amenazas de Trump surten efecto, el Gobierno español se vería en la posición de retroceder, un hecho que ya hemos visto en Francia, cuando Macron promulgó el impuesto el año pasado buscando recaudar 400 millones de euros, pero tras respondió con amenaza sobre Aranceles específicos sobre el vino francés y otros artículos de lujo. En ese momento, Macron cambió su posición en el mes de enero y dijo que Francia esperaría a las conversaciones en la OCDE y mientras tanto no recaudaría ningún ingreso de impuestos.
Acogiendo la propuesta de la OCDE
Lo cierto es que esta propuesta del ejecutivo español no es tanto una iniciativa propia sino que busca ejecutar en el marco impositivo la recomendación de la OCDE del pasado mes de noviembre.
El organismo internacional mencionaba que en una jurisdicción una empresa no residente está sujeta a impuestos sobre sus beneficios empresariales solo si tiene un establecimiento permanente en ella. Eso significa tener alguna forma de presencia física.
La digitalización ha puesto a prueba la aplicabilidad de esta regla ya que las empresas pueden hacer cada vez más negocios con clientes en una jurisdicción sin tener una presencia física allí. Esto es particularmente cierto en el caso de las ventas a distancia de las empresas altamente digitalizadas, cuyas actividades han puesto en tela de juicio la pertinencia de las normas de presencia física existentes, sobre todo en la mente del público y los políticos.
En una economía cada vez más digitalizada, y tal vez más allá de los modelos comerciales actuales, parece probable que las grandes empresas lleven a cabo cada vez más actividades orientadas al consumidor y/o al usuario desde un lugar remoto, sin presencia física o con una presencia física mínima.
La tasa Google buscaría abordaría esta cuestión al ser aplicable en todos los casos en que una empresa tenga una participación sostenida y significativa en la economía de una jurisdicción de mercado, por ejemplo mediante la interacción y el compromiso del consumidor, independientemente de su nivel de presencia física en esa jurisdicción.
La forma más sencilla de aplicar la nueva norma sería definir un umbral de ingresos en el mercado (cuya cuantía podría adaptarse al tamaño del mercado) como indicador principal de una participación sostenida y significativa en esa jurisdicción.
El umbral de ingresos también tendría en cuenta ciertas actividades, como los servicios de publicidad online, que se dirigen a los usuarios que no pagan en lugares distintos de aquellos en los que se registran los ingresos pertinentes. Este nuevo nexo se introduciría mediante una norma autónoma -además de la norma de establecimiento permanente- para limitar todo efecto indirecto involuntario sobre otras normas existentes.
La intención es que un umbral de ingresos no sólo crearía un nexo para los modelos comerciales que implican la venta a distancia a los consumidores, sino que también se aplicaría a los grupos que venden en un mercado a través de un distribuidor (ya sea una entidad local relacionada o no relacionada).