El sistema de pensiones de España vive un periodo crítico. El país estará obligado a ajustar el 0,8% del PIB anual en las pensiones entre 2026 y 2023, si quiere cumplir con los objetivos marcados por Europa. Y es que la Comisión Europea señala que las últimas reformas disparan el gasto y que son necesarios ajustes para frenas las cifras superiores al límite del 13,3% del PIB fijado por Europa.
De continuarse así, tal y como señala el Ageing Report (Informe sobre el impacto del envejecimiento), el desfase en pensiones rozaría los 11.695 millones de euros en 2030. Y es que tanto la actualización de las pensiones, en base al IPC, así como la eliminación del factor sostenibilidad, provocarán el aumento del gasto. Pese al retraso voluntario de la jubilación, apenas se compensarían las cifras.
Los técnicos de la Comisión Europea son certeros. Los nacidos en la ‘Generación Z’ (entre 1995 y 2009) deberán acreditar 42 años y 7 meses para su jubilación en 2070. De este modo, España se convertiría en el país con las carreras laborales más extensas, solo por detrás de Eslovaquia (con 45 años y 8 meses de cotización).
El nuevo régimen de bonificación/penalización, así como el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación, compensan parcialmente el aumento paulatino, aunque el resto de medidas adoptadas aumentan el gasto considerablemente, según el grupo de expertos de la Comisión Europea.
Análisis detallado de la situación española
La Comisión Europea señala que no es sencillo ser optimistas con el sistema de pensiones actual que impera en España. La sociedad estará obligada a afrontar una subida significativa de los impuestos o de lo contrario, a ver como dichas pensiones bajan en un futuro próximo.
La Comisión Europea, tras calcular el impacto del envejecimiento poblacional, señala que el gasto público en el sistema de pensiones contributivas a la Seguridad Social, ente 2022 y 2070, crecerá en un 5% sobre el PIB español. De este modo, varias medidas como el aumento de la edad de jubilación no favorecerán a que las nuevas generaciones cobren una eficiente prestación.
Así pues, se estima que el gasto promedio anual se elevará al 15,1% del PIB, a lo que se restaría la estimación de ingresos promedio de la AIRef del 1% del PIB, con un gasto neto del 14,1% del PIB. Y es que las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen hacia un aumento del gasto público de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070.
Pese a que se suprime el factor de sostenibilidad, se da paso a un mecanismo de equidad intergeneracional. Y es que nada podrá evitar que España sea el país de la UE con mayor aumento del gasto en pensiones.
A todo esto se suma que la segunda parte de esta reforma, que debe garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, está vinculada al cuarto pago de más de 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación, todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión (la evaluación será el próximo 20 de mayo).
Según los cálculos de la Comisión Europea, tomando como referencia la reforma de Escrivá, el gasto en pensiones se disparará hasta el 17,3% en 2050, aunque cayendo hasta el 16,7% en 2070. Todo ello explicaría el envejecimiento de la población española y la jubilación de la generación del ‘baby boom’. Por consiguiente, se puede concluir, que hasta pasado 2050 no dejarían de tener efecto en el gasto en pensiones.
La revisión de la proyección de la AIReF en el punto de mira
La AIReF puede revisar sus proyecciones de ingresos de las medidas en función de la evolución del mercado laboral. De este modo, si la diferencia entre ambas cifras superase el 13,3%, la reforma obligaría al Gobierno a tomar medidas para corregir el exceso previsto de gasto.
Ahora es obligación del Ejecutivo negociar con los agentes sociales un plan de ajuste, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2025, basado en medidas correctoras. No obstante, el tipo de cotización adicional del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) se aumentaría considerablemente.
La última medida del Gobierno
Llama la atención que este informe emitido por la Comisión Europea demuestre que, a efectos prácticos, la última acción gubernamental en favor de la reforma de pensiones no supone un gran avance. Recordar que en marzo de 2024 se incorporó el desarrollo del nuevo Real Decreto.
Éste implica incorporar el desarrollo reglamentario para activar, a partir de 2025, la denominada cotización de solidaridad. Una medida efectiva del Ejecutivo de Sánchez para atacar a los salarios más altos, aunque se negó a reducir el gasto del sistema.
La cotización será próxima al 1% en 2025 e irá aumentando paulatinamente a un ritmo de 0,25 puntos al año hasta alcanzar cifras cercanas al 6% en 2045 (un 5% a cargo de la empresa y un 1% a cargo del trabajador).