El vertiginoso ascenso de Podemos que revelan las encuestas está provocando una reacción extremadamente hostil en algunas élites y medios de comunicación afines a los intereses del establishment. El artículo La confiscación empresarial, la nueva vía para levantar España publicado en El Blog Salmón (27/10/2014), es un ejemplo paradigmático de que el miedo es el mensaje.
El Blog Salmón se propone, según su web, dar las claves y el análisis necesario para entender cómo nos afectan las noticias económicas. Lejos del propósito editorial, el artículo que rebatimos opta por glosar unas declaraciones descontextualizadas de Pablo Iglesias sobre la confiscación realizadas en una extensa entrevista de Jordi Évole (Salvados, 26/10/2014).
Un pedagógico ejemplo de la falacia del hombre de paja. En la entrevista se abordan numerosas propuestas de Podemos, entre otras, la idea de la recuperación de los sectores estratégicos. Pablo Iglesias explica que existen diversas fórmulas, y ante la concreta pregunta de Évole sobre si habría compensaciones, responde que sí, aunque en algún supuesto podría ser que no, en alusión a un caso excepcional, el de las eléctricas, de estafa a los ciudadanos. Nada más dice sobre la confiscación y en el programa electoral de Podemos tampoco consta ninguna referencia.
El autor del artículo atribuye falsamente a Iglesias una supuesta reforma del Código Penal que modificaría la figura del comiso y posibilitaría la creación de nuevos delitos como el de pertenencia a un partido político delictivo. Termina el delirio con la predicción de que los inversores, como en Ecuador, llevarán su dinero a Suiza, y la advertencia de que están en peligro las posesiones de los españoles.
En ningún momento tiene el autor la intención de rebatir las propuestas de Pablo Iglesias mediante la exposición argumentada de su legítimo disenso. Podemos ha hecho constantes referencias al necesario apoyo a los empresarios, en particular a las pymes. Y sí, ha propuesto la recuperación de control público en los sectores estratégicos de la economía que entroncan con el bienestar de la ciudadanía. Y lo hace no sólo con el apoyo de amplias capas de la población, sino con sólidos fundamentos constitucionales.
El art. 33 de nuestra Constitución reconoce la función social de la propiedad y el art. 128 determina que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y faculta al sector público a reservarse los recursos esenciales y acordar la intervención de empresas. Los abusos de las energéticas españolas han sido incluso reconocidos por el Ministerio de Industria, que llegó a anular una subasta eléctrica por prácticas colusorias (BOE 21/12/2013).
La manipulación de subastas constituye un delito tipificado en el Código Penal (art. 262), pero los poderes públicos prefieren perseguir a los “robagallinas”, según explicó el propio presidente del CGPJ. Los que se están llevando el dinero a Suiza son los responsables de las políticas que empobrecen a la ciudadanía; y los inversores, por cierto, también han manipulado las subastas de deuda pública con total impunidad.
Mientras tanto, los jóvenes españoles cualificados se tienen que ir de España, miles de ellos a Ecuador, país que, según la ONU, está obteniendo notables logros en desarrollo humano. En España, las 20 personas más ricas tienen la misma riqueza que el 30% de la población más pobre, esto es, 14 millones de personas (Oxfam, 2014). La mayoría social ha sido desposeída y su mensaje es que ha perdido el miedo.
Miguel Ángel Andrés Llamas (abogado y politólogo)