Parece ser que el Gobierno ha pensado que la manera de calmar las aguas independentistas catalanas es el traslado a Barcelona de manera efectiva del Senado. La medida en sí, es una soberana tontería, dado que la ubicación física de las Cámaras es independiente del alcance a la unidad del Estado y no deja de ser una maniobra más de despiste que una vía para afrontar el espíritu independentista catalán.
El Congreso, el Senado, la sedes judiciales del Tribunal Supremo o Constitucional, las sedes ministeriales... ¿qué importa que estén en Madrid, Barcelona o Villarastrojos de Arriba? Lo importante es lo que sale de estas Cámaras y el alcance territorial de los poderes del Estado, no la reunión física. El caso es no enfrentarse de una manera seria al modelo de estado actual y a los deseos de una buena parte de la población.
El no-referendum que se realizó en Cataluña el 9N deja exactamente como conclusiones que no se puede concluir absolutamente nada pero es evidente que existen grupos poblacionales tanto en Cataluña como País Vasco o Galicia que no están contentos con el modelo de estado actual. Básicamente, el problema no es la bandera ni la frontera, el problema es el reparto presupuestario y el equilibrio de ingresos y gastos entre los ciudadanos y ahí, el Gobierno está enrocado y no pasa por su mente plantear ni reforma constitucional ni reforma en el modelo de financiación que cambie las reglas de juego.
El modelo actual de financiación está sustentado sobre el principio de solidaridad, principio que salta por los aires cuando el sentimiento ciudadano de Cataluña se torna en que paga mucho más que recibe y que existen otras áreas que pagan mucho menos que ellos y tienen mejores coberturas públicas. Por ejemplo, autopistas y autovías sin copago, mejores medios tecnológicos en educación y por supuesto, unos tipos impositivos menores o recaudación muy superior frente a la percepción de servicios públicos. Esto obviamente, no se arregla con el traslado del Senado a Barcelona ni mucho menos.
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