¿Quién no ha estado 18 años enganchado a un contador de la luz que no es el suyo? ¿Quién no ha desviado 15 millones de euros de cursos de formación si ha tenido ocasión? Estas son sólo dos muestras de las últimas noticias que han saltado a los medios de comunicación y que hacen perder la fe en la gestión de los recursos públicos.
En el primer caso, una delegación de UGT de Elda, considera que es más rentable que la electricidad de su sede la pague la comunidad de vecinos en la que tiene el local. Esto se podría considerar una afiliación sindical obligatoria para los comuneros pero que nos da una idea de la honestidad y honradez de los representantes locales de dicho sindicato en la gestión de los recursos públicos que le asignen. Respecto a la patronal madrileña, el tema es mucho más serio todavía, lo primero por el volumen defraudado y lo segundo porque han copiado las prácticas que ya se denunciaron en estas mismas páginas al UGT Andaluza, pero multiplicando por varias unidades la cantidad defraudada. Está claro que necesitamos organizaciones que defiendan nuestros intereses, por un lado, los sindicatos, que tenemos ya unos pocos escándalos sobre la mesa y por otra parte, la patronal, sus representantes que van saltando de charco en charco y de escándalo en escándalo y apropiándose de todo lo que pueden por el camino.
Con interlocutores sociales así, desde luego que vamos perfectamente representados y que la cuestión de la picaresca y latrocinio español, no es una cosa del siglo de oro sino que está más vivo que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir asignando recursos públicos a organizaciones que tienen estos modelos de gestión? Se hace imprescindible una revisión de los criterios de la asignación de los recursos públicos y lo lógico sería prohibir la concurrencia pública a concursos y subvenciones a cualquier organización en donde la honradez y transparencia brille por su ausencia.
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