Alberto Garzón ha metido la pata hasta el fondo en Twitter con su afán por ligar la corrupción del PP con las privatizaciones. Dentro el tweet en cuestión:
Tras las privatizaciones está el saqueo. Basta de expolio de lo público. ¡Que se disuelvan y devuelvan la pasta! #WaterGatePP pic.twitter.com/YyLxonPZ8I
— Izquierda Unida (@iunida) 26 de abril de 2017
La Empresa que gestiona el Canal de Isabel II, es una empresa pública al completo puesto que todo el capital de dicha empresa está en manos de administraciones públicas. La mayoría de la sociedad depende de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene un pequeño porcentaje y el resto, está en manos de otros ayuntamientos.
Es evidente que si absolutamente todos los socios de una sociedad como es el canal son instituciones públicas, el capital aportado para esa sociedad tiene un origen público y los órganos de administración de dicha sociedad, son nombrados en simultáneo por sus accionistas; que en estos casos son administraciones públicas, la empresa es pública, por más sociedad anónima que sea.
Es más, Garzón debería preguntarse justamente lo contrario; qué hubiera ocurrido si dicha empresa hubiera estado en manos privadas. Cuando una empresa responde de verdad frente sus accionistas, no se permiten los desfalcos y amaños que se han realizado de manera continuada por todos los altos cargos que el Partido Popular ha nombrado para dirigir el Canal de Isabel II.
Un consejo de administración de una empresa puede meter la mano en la caja, pero antes o después se descubre y el asunto acaba en los tribunales. Es más, en cualquier empresa civilizada, las "excursiones empresariales por Sudamérica" que ha realizado Ignacio González y el Consejo de Administración, se hubieran parado en la primera adquisición.
En los casos de empresas públicas, está claro que falla la fiscalización y el control de los cargos nombrados, que la inmensa mayoría de empresas públicas son tapaderas para los negocios de los políticos que las controlan y que se usan para su enriquecimiento personal en detrimento general de la caja pública.
La instrumentalización de los servicios públicos mediante empresas controladas por las propias administraciones, es un sistema de separación presupuestaria y de la gestión, más allá de que el capital de la empresa que lo gestiona sea público, privado o compartido (véase por ejemplo el caso de Aena, cuya mayoría es del Estado y resto está en manos privadas). Pero por ahora, las únicas empresas que no se ven afectadas por problemas serios, al menos que sepamos, son las empresas públicas que dependen del Estado (Renfe, Correos...).
Una vez que pasamos al plano autonómico y local, la empresa pública es el vehículo perfecto para evadir la Ley de Contratos del Sector Público, la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y es el vehícul,o perfecto para que los corruptos campen a sus anchas y hagan y deshagan sin control alguno.
@cultrun Pero cómo voy a saber algo si no soy liberal y no me tocó la mano invisible con su inmensa sabiduría.
— Alberto Garzón (@agarzon) 27 de abril de 2017
Garzón yerra el tiro y lo peor no pide disculpas. Tiene munición para estar atacando la corrupción en Madrid del PP sin parar un par de meses, pero en su afán de vincular ideas, prefiere enzarzarse en disputas absurdas en Twitter, antes que reconocer el error y seguir adelante.
Me ha recordado al profesor Torres, que cometió un error garrafal hace unos días en Twitter y quedó como un caballero pidiendo disculpas por el error. Equivocarse es humano, enrocarse en el error y desviar el foco, es de torpes.
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