Como ya avanzó el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en su Twitter, España cerró el déficit público con el 3,07% del PIB, lo que supone cumplir el objetivo fijado con Bruselas (3,10%). No obstante, si a este dato se le incluye la ayuda financiera, el déficit sería del 3,11%.
El déficit de 2017 equivale a una diferencia entre ingresos y gastos de 35.758 millones de euros, lo que implica que es la cifra más baja de déficit público que se ha conseguido en los últimos 10 años.
Si contextualizamos lo que ha sucedido con el déficit público en los últimos años, desde el año 2011 público ha pasado del 9,31% hasta el 3,07% del PIB, una disminución del 64% durante estos años.
¿Qué implica el actual déficit público?
Este déficit se debe a que los recursos no financieros captados por las administraciones públicas ascendieron a 441.099 millones de euros (37,91% sobre el PIB), mientras que los empleos no financieros fueron de 477.332 millones de euros (41,2% sobre el PIB).
A pesar de la reducción del déficit público, hay que decir que España ya hace años que ha salido de la crisis y las tasas de crecimiento por encima del 3% se han logrado durante tres años consecutivos, un tiempo y entorno más que suficiente para lograr una estabilidad presupuestaria en los cuentas públicas.
Sin embargo, la cifra del déficit público sigue siendo superior al 3%, lo que significa que España sigue bajo el protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea. De hecho, España es el único país de toda la Unión Europea que aún se integra en el protocolo de déficit excesivo ya que el resto de países, han conseguido un déficit público inferior al 3%.
Aunque previsiblemente durante 2018, el conjunto de las Administraciones Públicas conseguirán cerrar con déficit público inferior al 3%, lo cierto es que el Gobierno español seguirá dependiendo del visto bueno de Bruselas.
Administración Central y la Seguridad Social, los contribuidores del déficit
La Administración Central -Estado y Organismos Autónomos- ha estado reduciendo su déficit que ha pasado del 2,48% del PIB hasta el 1,86%, excluyendo la ayuda financiera. El déficit del Estado ha sido del 1,91%, con una bajada de 0,72 puntos, mientras que los Organismos Autónomos han logrado un pequeño superávit del 0,05%.
En el supuesto que se descontará del impacto de la actualización del concierto del convenio con el País Vasco y Navarra, así como los mayores recursos asignados a través del fondo de competitividad a Canarias, la reducción del déficit habría sido dos décimas superior.
Este déficit supone que la Administración Central tiene un descuadre en los cuentos 21.608 millones de euros, mientras que en el ejercicio pasado diferencia era de 27.761 millones de euros, lo que implica una reducción del 22%.
El otro gran causante del déficit público lo encontramos en los fondos de la Seguridad Social que durante el año 2017 protagonizó un déficit del 1,48%. El sistema de la Seguridad Social integrado en los fondos es claramente deficitario, pues el año pasado obtuvo un déficit del uno,60 del 8% causado por una diferencia entre ingresos y gastos de 19.505 millones de euros. Una cifra que supone una reducción del 2,8% frente a la misma cifra del año anterior.
En este amplio déficit del sistema de la Seguridad Social hay que destacar un dato ligeramente positivo y este los ingresos por cotizaciones sociales han aumentado por encima del gasto en pensiones, en una cifra aproximada a los 1.000 millones de euros.
No obstante el dato negativo, es que las prestaciones sociales distintos de las transferencias en especias se han han incrementado alrededor del 4% como consecuencia del mayor gasto en pensiones contributivas, aumentar tanto el número de pensionistas como la pensión media al incorporarse los pensionistas con pensiones más altas.
Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales se encuentran estabilizadas
El conjunto de las Comunidades Autónomas han disminuido su déficit público en más de un 60%, hasta alcanzar la cifra final del 0,32% sobre el PIB, una reducción de 0,52 puntos porcentuales frente al ejercicio anterior.
Todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla y León, han mejorado su saldo frente al año 2016. De hecho, 11 comunidades han cumplido el objetivo déficit y cuatro de los cuales han cerrado el año 2017 con superávit público: Baleares (0,48%), Canarias (0,67%), la Comunidad Foral de Navarra (1,22%) y el País Vasco (1,50%).
Este resultado viene dado por un incremento de 6.567 millones de euros de los recursos que se derivan de la aplicación del sistema de financiación. Y también, cabe destacar, que la actualización del concierto del convenio del cupo del País Vasco y Navarra que ha supuesto mayores recursos para estas autonomías 1.248 y 336 millones de euros respectivamente y los 217 millones que se le ha asignado al Canarias con el fondo de competitividad.
Las administraciones que lo están haciendo realmente bien son las locales, que por sexto año consecutivo han vuelto registrar superávit presupuestario, con una cifra de trasciende a los 6812 millones de euros, un importe similar al obtenido en 2016.
En términos de PIB, este superávit es del 0,59%, y en la valoración de los ingresos y gastos públicos locales se han incrementado en un 3,7% y un 4,1% respectivamente.
Como ya avanzó Montoro, con este superávit, las entidades locales podrán destinar más dinero a realizar inversiones financieramente sostenibles al incluirse nuevos servicios públicos.