El incremento de la esperanza de vida debido a los avances de la medicina moderna y las continuas innovaciones es una fantástica noticia, pero a su vez, representa un reto importante para los sistemas de pensiones establecidos.
Entre los años 2015 y 2020, en el promedio en la OCDE de los países en desarrollo, las mujeres de 65 años de edad podrían esperar vivir otros 21,3 años, lo que se prevé que aumente a 25,5 años entre 2060 y 2065. Los hombres de la misma edad podrían esperar vivir 18,2 años más en entre los años 2015 y 2020, con un aumento proyectado de 4,5 años para 2060 y 2065 hasta alcanzar los 22,8 años.
Sin embargo, dos países destacan en su futuro envejecimiento. Las actuales perspectivas demográficas enmarcan a Japón y España como los países más envejecidos del mundo para el año 2050, un hecho que tensiona el gasto en pensiones ya que, hasta la fecha, ambos sistemas de pensiones son íntegramente públicos.
Según los datos de la OCDE, en el año 2050, la proporción de japoneses de más de 65 años será de 78 personas de más de 65 años por por cada 100 de 20 a 64 años. Por su parte, el envejecimiento de la población española se acelerará bruscamente. Según las proyecciones, habrá 76 personas mayores de 65 años por cada 100 de 20 a 64 años, frente a los 30 que hay en la actualidad.
Si atendemos a las previsiones que nos ofrece el INE, veremos una ratio futura de 69 en lugar de 76. El envejecimiento en curso pone presión tanto sobre la sostenibilidad financiera como sobre los ingresos la adecuación de los sistemas de pensiones.
Independiente de los datos que tomemos, lo cierto es que las previsiones demográficas ponen en tensión el gasto público de las pensiones en ambos países que establecen un sistema íntegramente público. Sin embargo, como veremos a continuación ambos países tienen ciertas algunas disparidades en los sistemas de pensiones actuales.
El sistema público de pensiones de Japón
La prosperidad económica y el bienestar de Japón depende en gran medida de la forma en que gestione la transición demográfica sin precedentes ahora en marcha. La población de Japón se encoge y envejece muy rápidamente. El total se proyecta una disminución de la población de casi 25% entre 2015 y 2050, situándose por debajo de 100 millones.
La relación entre la población de edad avanzada (65 años y más) y el de la población en edad de trabajar (15-64 años) pasará de 2,3 a 1,4, lo que dificulta que Japón pueda ponerse a la altura de los líderes de la OCDE para la sostenibilidad de sus sistema público de pensiones.
En referencia a cómo se pagan las pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones japonés fue introducido en 1959 y es obligatorio para todos los residentes entre 20 y 59 años de edad. Las cotizaciones al Sistema Nacional de Pensiones se deducen de las cotizaciones a la parte de la pensión pública relacionada con el empleo. Estas cotizaciones han ido creciendo en los últimos años y ahora suponen 16.900 yenes (127 euros).
La segunda parte de la provisión pública de pensiones está relacionada con los ingresos. Los empleados del sector privado están cubiertos por el Seguro de Pensiones de los Empleados, que se introdujo en 1944. La tasa de cotización al Seguro de Pensiones de los Empleados es no es un importe fijo sino un porcentaje, en este caso, el 18,18% del salario mensual.
Aunque tanto el Seguro de Pensiones de los Empleados como el Sistema Nacional de Pensiones funcionan en régimen de reparto, han acumulado grandes reservas. Hasta el año 2000, estas reservas eran administradas e invertidas por la Corporación de Previsión Pensional, creada en 1961 pero estos excedentes, desde el año 2006, son gestionadas por el Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno que es el mayor fondo del mundo.
Finalmente, la última capa del sistema público de pensiones japonés incluye todos los programas de pensiones de empresa ofrecidos voluntariamente. Los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón indican que solo el 75% de las empresas actualmente ofrecen sus propios programas de pensiones.
¿Y cuales son los resultados del sistema público? Japón destina el 10,2% de su PIB para el gasto en pensiones. Las prestaciones mensuales después de los 40 años de vida laboral y a partir de los 65 años, la edad oficial de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones, ascienden a 420 euros (66.000 yenes).
Con estos datos, actualmente, la tasa de pobreza relativa de las personas mayores de 65 años es del 19%, frente al 12,5% de media de la OCDE. Y la tasa de sustitución para un trabajador con salario medio a lo largo de toda su carrera es del 40%, inferior a la media de la OCDE del 63%.
En otras palabras, el jubilado japonés medio verá un empobrecimiento del 60% frente al último salario. Como veremos más adelante, esta tasa de sustitución, por ahora, no tiene nada que ver con la española pues el empobrecimiento relativo al último salario es sustancialmente menor.
Incluso, para escenificar este empobrecimiento derivado del sistema público de pensiones, los datos apuntan que la "tercera edad" es responsable del 35% de los hurtos en tiendas japonesas.
Además, el envejecimiento de la población aumentará las presiones sobre el gasto y agravan la situación en Japón sobre los problemas fiscales. Recordemos que Japón asume ya una situación muy delicada con un nivel de deuda pública sin precedentes cerca del 220% del PIB, el nivel más alto de la historia, mientras que la la mayoría de los recursos en poder del gobierno son destinados a los fondos públicos de pensiones.
El sistema público de pensiones de España frente al japonés
España será el segundo país más envejecido del mundo para 2050 y, al igual que Japón su sistema de pensiones es básicamente de reparto, es decir, trabajadores actuales, mediante sus cotizaciones sociales, pagan a los pensionistas presentes.
En términos de PIB, el gasto en pensiones español no difiere demasiado al japonés ya que se utiliza el 11,4% del PIB, siendo el principal gasto que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Cada año que pasa el problema de las pensiones crece ya que el sistema va integrando a más pensionistas con una esperanza de vida mayor y con pensiones más altas por lo cotizado en la vida laboral. Atendiendo al gasto presupuestado para 2018 en materia de pensiones será de 144.834 millones, lo que supone un incremento del 3,7% respecto a 2017, 5.188 millones más.
El envejecimiento en curso pone presión tanto sobre la sostenibilidad financiera en un sistema de la Seguridad Social que tiene un déficit de 18.000 millones de euros. A partir de 2019, un factor de sostenibilidad que vincula la pensión inicial a la esperanza de vida a la edad de 67 años se aplicarán además del Índice de Revalorización, que opera desde 2014 para ayudar a equilibrar las finanzas de las pensiones a corto plazo.
Sin embargo, existe una gran diferencia en la cobertura entre Japón y España. Dado que los españoles cotizamos, en términos relativos más, el sistema de pensiones español arroja tasas de sustitución relativamente altas para los trabajadores a lo largo de toda la carrera, especialmente para los trabajadores con salarios medios y altos a pesar de la introducción del factor de sostenibilidad.
La tasa de sustitución se sitúan en el 82% en comparación con el 63% de la media de la OCDE y al 40% de Japón. Por lo que, frente al último salario percibido, el actual sistema de pensiones español es el más generoso entro los países de la OCDE. Eso sí estos datos se consiguen con intenso desequilibrio en las cuentas que se financia a cargo de la deuda por el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Debido a las reformas impulsadas, se proyecta un empobrecimiento relativo frente al último salario. Esto no significa, per se, que los pensionistas se vayan a empobrecer en términos absolutos o frente al IPC sino que el avance de las pensiones será inferior al de los salarios, recortando la tasa de sustitución.
Otra de las grandes diferencias frente a Japón la encontramos en la tasa de desempleo. España se ha caracterizado por un mercado del trabajo fuertemente regulado que le ha llevado a superar tres veces la barrera del 20% durante los últimos 30 años. Y actualmente, la última EPA nos señala una tasa de desempleo del 16,55% (en Japón se encuentra en el 2,5%).
Ambos países necesitan "hacer algo" en sus sistemas de pensiones, pues se tratan de países fuertemente endeudados que tienen intervenida su deuda pública a través de programas de compra de sus respectivos bancos centrales para poder refinanciar los vencimientos de la deuda.
Una posible solución para ambos países: Atraer inmigración y reestringir los derechos de las pensiones
Un sistema público de pensiones cuya premisa se fundamenta que los actuales trabajadores paguen a los pensionistas actuales está condicionado a una evolución demográfica positiva. Es más, lo óptimo es que por cada jubilado, existan dos o más cotizantes.
Sin embargo, cuando esos dos cotizantes alcancen la jubilación, necesitarán cuatro cotizantes para mantener el mismo nivel frente a sus predecesores. Por lo tanto, se intuye que es necesario, sí o sí, una evolución demográfica positiva. La pregunta que muchos se hacen es si el Estado puede garantizar, para siempre, este crecimiento y los derechos de pensionistas y cotizantes.
Para evitar esta dependencia exponencial del sistema de reparto es necesario una transición a un sistema de capitalización. Pero el problema es que el desafío demográfico ya está encima de Japón y España, y la única variación a las actuales proyecciones es mediante un boom de inmigración o que los actuales y futuros pensionistas renuncien parcialmente a los derechos adquiridos.
Economistas como el estadounidense Gary Becker, son partidarios de imponer una "tarifa de entrada" a la inmigración (en referencia al problema de inmigración ilegal que padece Estados Unidos). La visión es la siguiente: Permitir la entrada a un país de todos los inmigrantes entren si pueden pagar una tarifa monetaria determinada. Para fines ilustrativos, la tarifa real estaría determinada por el suministro de inmigrantes y la disposición de Estados Unidos a aceptar inmigrantes.
Si bien hay muchas maneras de imponer una tarifa a la inmigración, una de ellas, vinculada al sistema de pensiones, sería la suspensión de los derechos de pensiones de esta población que por entrar en el país vería un salto cualitativo de vida frente a su país de origen.
Con ello, se perseguiría obtener ingresos adicionales a la Seguridad Social para hacer frente al sistema de reparto y ganar tiempo para una transición del sistema público de pensiones e imputar directactamente el coste de la transición al factor inmigración.