El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribáis, busca paliar la sangría del déficit de la Seguridad Social. Si bien la principal propuesta por el lado del gasto era acercar la edad efectiva de jubilación a la edad real, por el lado de los ingresos, se busca simplemente recaudar más. Y en ese afán recaudatorio, los autónomos serían el colectivo más perjudicado.
A diferencia de los trabajadores, los autónomos pueden elegir su cotización según la base reguladora, situada entre 944,40 euros y 4.070,10 euros. Sin embargo, esa libertad de elección de base se restringe a partir de los 47 años y sólo es posible incrementarla de forma progresiva conforme a los límites establecidos cada año.
Esa libertad busca ser suprimida y que el rendimiento de la actividad generada se equipare al salario y que sea vinculado a las cotizaciones.
En la situación actual, la cuota mínima para el autónomo es de 286,15 euros mensuales para una base de cotización de 944,40 euros al mes, obviamente esto no tiene en cuenta si se posee la tarifa plana. Y esa es la elección preferida para la mayoría del colectivo, tratar de cotizar por la base mínima, aunque ello suponga una menor pensión estimada de un 37% por debajo del Régimen General.
Si tan positivo es nuestro sistema de pensiones, llama la atención que en el momento de ofrecer libertad para elegir, se busque participar los menos posible del sistema de reparto. Y esa libertad es la que se quiere atacar por parte del Gobierno.
Para atacar al autónomos se busca equiparar el salario neto de un trabajador por cuenta ajena con el rendimiento neto de la actividad del autónomo. Y este es el punto del conflicto ya que su equiparación es un absurdo.
Se define como el rendimiento neto de la actividad los ingresos generados por de la autónomo frente a los costes vinculados a la actividad.
Desde el punto de vista de los ingresos el salario neto integra una certidumbre para su cálculo tanto en la cuantía como en el momento en el tiempo. Por el contrario, la facturación del autónomo es volátil en el tiempo y se enfrenta a la problemática de la morosidad. Sería muy perjudicial tener un sistema de costes fijos con ingresos volátiles para la sostenibilidad de todo negocio. En consecuencia, carece del mínimo sentido que sea tratado del mismo modo que el salario por cuenta ajena.
Siguiendo con la problemática alrededor de la facturación, hay que tener en cuenta que existen múltiples actividades con un componente claramente estacional, por lo que se ponderan altamente los ingresos en unos determinados meses del ejercicio. Muchos autónomos no están dados de alta los doce meses del año. En este supuesto, no quedaría claro cuál sería el sistema para determinar la cuantía a aportar a las cotizaciones sociales.
Al problema de la imprecisión de los ingresos, se suma el hecho que los costes vinculantes son tremendamente relativos y no hay un criterio claro. Muchas veces el autónomo se encuentra ante la situación de dudar si un gasto es deducible por parte de la actividad y si será aceptado por Hacienda.
Un salario neto va directamente a sufragar íntegramente la cuantía de los gastos familiares, pero el rendimiento neto de una actividad no. Encontramos que existen una serie de gastos necesarios para la actividad que no son deducibles al 100% y que impactan directamente en ese rendimiento neto.
Para más inri, existe un problema de ejecución práctica tras la valoración. Los autónomos responden ante Hacienda a mitad del ejercicio del siguiente año. Es en ese punto en el que el Estado conoce cuál es el rendimiento neto generado por el autónomo.
Seguidamente para determinar la cotización la Administración debería esperar al siguiente ejercicio. Por lo que nos encontraríamos ante la para paradoja que las cotizaciones a pagar harían referencia al rendimiento neto generado hace dos años y que dada la volatilidad de todo negocio puede no reflejar la realidad del presente.
Esta medida busca simplemente seguir ahogando, más si cabe, al autónomo, como si no fuera suficiente la crisis que sufre por las restricciones originadas a raíz de la pandemia. Si el gobierno sigue por esta vía, muchos autónomos optarán por introducir parte de su facturación en la economía sumergida para no verse afectados. Un riesgo fiscal asumible si la alternativa es desaparecer y, por parte del Estado, una pérdida de tributación de las figuras del IRPF e IVA.