A partir de esta semana las empresas asumen la obligación de registrar diariamente la jornada laboral de sus trabajadores. Esta medida precedida por el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez.
Este registro es obligatorio para toda empresa y debe incluir el punto de inicio y finalización de la jornada del trabajador. Además, deberá ser conservado durante 4 años para que esté a disposición de los trabajadores, sindicatos y también de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Si una empresa opta por el incumplimiento, la sanción estimada está comprendida entre los 626 euros si es considerada leve o 6.250 euros en los casos graves.
Una medida que no está exenta de polémica porque puede suponer un verdadero problema para aquellas pequeñas empresas cuya actividad no tiene un local físico como tal para los trabajadores. Pensemos en actividades comerciales, actividades de transporte o simplemente nuevas fórmulas laborales como el teletrabajo.
El objetivo final de esta medida es tratar de aflorar cuántas horas se trabajan en España y finalmente no son remuneradas. Según los datos que se derivan de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el primer trimestre de este año se produjeron 5,6 millones de horas extras a la semana de las cuales el 46% no fueron pagadas.
Puede ser un objetivo loable tratar de averiguar exactamente cuáles son las horas que el trabajador no ve remuneradas mediante un registro, pero el problema real es por qué no se remuneran estas horas y qué se puede hacer para que sean remuneradas.
El problema de productividad que desemboca en 'horas extras' no pagadas
La prosperidad a largo plazo de un país depende de su crecimiento de la productividad, es decir, de su capacidad para aumentar la cantidad de bienes y servicios producidos por hora trabajada. Un país que sea capaz incrementar sostenidamente los niveles de productividad se traduce en mayores salarios para sus trabajadores.
Pero España se ha caracterizado por ser un país con un bajo crecimiento de los niveles de productividad, en particular de la productividad total de los factores. En consecuencia, las ganancias de competitividad frente al resto de países dependen puramente de las ventajas de costes.
Pero a raíz de la crisis la productividad en España creció. Aunque esta tendencia positiva se debió principalmente a un descenso especialmente pronunciado de la mano de obra. El número de horas trabajadas disminuyó durante la crisis financiera y de la deuda en casi un 15%.
Dado que el PIB cayó menos bruscamente, esto incrementó matemáticamente la productividad laboral. Además, la disminución fue más notable en el sector de la construcción de baja productividad, lo que dio lugar a un aumento de la importancia relativa de los sectores económicos más productivos.
Derivado del problema de baja productividad que hemos visto, nos encontramos otro... Las horas extras no remuneradas. Una situación que se traduce por el hecho de tratar de incrementar la producción por cada unidad del coste del trabajador. Y es que si una regulación laboral fija unos costes mínimos para el empresario por el trabajador y su productividad no alcanza a rentabilidad ese coste, debe aportar una mayor producción de otra manera.
Existe un evidente dilema entre la relación trabajador-empresa. Si los costes mínimos fijados por el Gobierno no consiguen ser rentabilizados por la baja productividad, la empresa debería despedir al trabajador ya que le supone entrar en números rojos en las cuentas.
Pero existen otras soluciones... La primera estaría vinculada en esquivar la economía formal y entablar una relación en el mercado negro para que los costes laborales estuvieran por debajo de los costes regulatorios y así rentabilizar el trabajador. Como vemos, con las horas extras no remuneradas también tenemos otra opción y es que manteniendo una relación contractual dentro de la legislación, los trabajadores deban asumir un mayor número de horas para ser rentables.
Al final nos encontramos que las horas extras no remuneradas es un efecto de una causa más profunda, la productividad baja de los trabajadores españoles, y es ahí donde un gobierno debería prestar especialmente atención. Si se pretende resolver el problema de las numerosas horas extras no remuneradas, hay que poner solución a los bajos niveles de productividad y atajar sus causas.
Los problemas de la falta de productividad española
Numerosos estudios analizan el crecimiento de la productividad basado en variables microeconómicas y macroeconómicas. Entre los factores determinantes que se identifican con frecuencia figuran el tamaño y la edad de las empresas, la intensidad de la investigación, la estructura económica sectorial, la calidad de la regulación gubernamental, el nivel educativo de los trabajadores y la internacionalización de las empresas (su apertura a los mercados mundiales y a la inversión extranjera directa).
España tiene un problema para que sus empresas den el salto a "gran empresa" por los requisitos burocráticos añadidos. El tejido empresarial español es puramente pyme, con el 86% de composición de microempresas con menos de 10 trabajodres. Por el contrario, tenemos contabilizadas 4.281 grandes empresas.
No debemos olvidar que las ventajas de productividad están vinculadas al tamaño de la empresa. Las grandes empresas frente a las pequeñas pueden llevar a cabo economías de escala que permite reducir los costes unitarios. Pero, lograr un tamaño específico ayuda a las empresas a atraer inversión extranjera directa y a obtener financiación en condiciones favorables para su propia inversión, como la expansión de la red de ventas y/o el acceso a lugares de producción de menor coste.
Además, los grupos grandes y diversificados pueden asumir mayores riesgos e invertir más intensamente en investigación y desarrollo (I+D) que las pymes. Esto nos lleva a no adquirir los conocimientos técnicos necesarios que permita mejorar los procesos productivos.
Además de las debilidades estructurales, la productividad de española tampoco se ve favorecida por el capital humano. Si miramos las cuatro economías más grandes de la Eurozona, España es la que destaca por una fuerza laboral de baja cualificación: El 40% los trabajadores no tienen cualificación alguna.
Por el lado de la regulación, la existencia de un salario mínimo que ha ido creciendo fuertemente en los últimos años por debajo del cual no es posible la celebración de contratos, es un problema. A pesar de que su objetivo es contribuir a la equidad social, desde un punto de vista puramente económico, puede tener un efecto adverso sobre el empleo de determinados colectivos de trabajadores, en particular, de aquellos con nivel de productividad inferior al salario mínimo fijado por las autoridades y les impide integrarse en el mercado laboral para ganar paulatinamente más experiencia para ser más productivos.