A finales del año pasado se aprobó la Ley de información no financiera y diversidad. La información es un factor clave para implantar políticas en responsabilidad social y esta ley quiere contribuir a la implantación.
Por una parte, la ley obliga a cerca de 2.000 empresas a informar sobre la responsabilidad social y presentarlo en el Registro Mercantil junto con las cuentas anuales de la sociedad. El hecho de informar ya supone mostrarse y posicionarse ante el mercado. La opinión pública lo que tendrá consecuencias sobre la reputación y valoración de las empresas cotizadas.
Nos podemos preguntar: ¿En qué consiste los estados de información no financiera? ¿Qué aspectos deben reportar las empresas en los estados de información no financiera? ¿Se trata de una traba más para las empresas o puede ser una oportunidad?
¿En qué consiste los estados de información no financiera?
Las entidades afectadas son las entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y, además, durante 2 ejercicios contables consecutivos reúnan, al menos 2 de las circunstancias siguientes:
- Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20 millones euros.
- Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones euros.
- Que el número medio de trabajadores sea superior a 250.
Tras 3 años de transición: podrá aplicar también a las empresas de más de 250 trabajadores y que cumplan los requisitos, exceptuando a las empresas que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas. Estos requisitos deben analizarse a nivel de cada sociedad y a nivel consolidado.
Los contenidos que deben incluir los estados de información no financiera:
- Breve descripción del modelo de negocio del grupo.
- Descripción de las políticas de las cuestiones a reportar, incluyendo los procedimientos de diligencia debida, y las medidas adoptadas.
- Los resultados de dichas políticas debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros.
- Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo, y la gestión de dichos riesgos.
La información no financiera deberá incluirse en el informe de gestión o en un informe separado que cumpla con los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación.
Asimismo, el estado de información no financiera se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible a través de la página web corporativa dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del ejercicio y por un período de 5 años.
Es obligatorio verificar la información no financiera del informe de gestión consolidado a través de un prestador independiente de servicios de verificación, es decir, auditor.
¿Qué aspectos deben reportar las empresas en los estados de información no financiera?
Los aspectos que deben reportar las empresas en los estados de información no financiera son los siguientes:
- Información sobre cuestiones medioambientales: contaminación, economía circular y prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos, cambio climático, y protección de la biodiversidad.
- Información sobre cuestiones relativas al personal: empleo, organización del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad universal e igualdad.
- Información sobre el respeto de los derechos humanos: procedimientos de diligencia debida, prevención de los riesgos de vulneración, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos, denuncias por casos de vulneración, promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.
- Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno: medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno, medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
- Información sobre la sociedad: compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, subcontratación y proveedores, consumidores, información fiscal.
¿Se trata de una traba más para las empresas o puede ser una oportunidad?
La ley está planteando nuevas oportunidades para establecer mejoras en la información no financiera, más allá de lo recogido en el Real Decreto que se aprobó en 2017 y que tenía bastante deficiencias para que la información presentada por las empresas.
Por esto, durante el tiempo de las enmiendas se ha incidido dentro del procedimiento legislativo para que sean consideradas cuestiones importantes, como quién debe informar, qué contenidos deben reflejarse, quién debe ser el responsable de esa información y el nivel de credibilidad en base del proceso de verificación.
Muchas de estas cuestiones se han incorporado dentro de la ley, todavía existen carencias que hacen necesario un desarrollo mayor de la normativa.
Entre las debilidades estaría la no existencia de un régimen disciplinario con sanciones para el incumplimiento, la no previsión de un órgano de control que cuente con funciones de monitoreo y supervisión de la obligación de presentación de la información, la no definición de la figura del verificador independiente y la aclaración de ciertos conceptos claves e indicadores de resultado.
La ley plantea oportunidades para avanzar en la incorporación de la empresa en los objetivos de la agenda de desarrollo global, no obstante hay elementos de preocupación, entre ellos el margen de interpretación que pueden generar algunos aspectos recogidos en la ley.
Esto plantea la necesidad de un desarrollo reglamentario que aborde y clarifique elementos recogidos en la ley y que no están suficientemente desarrollados.
Oportunidad para competir entre las grandes empresas
Las empresas españolas deben tomar la nueva ley de información no financiera como una oportunidad para competir mejor. Se vive actualmente en un entorno difícil, donde las empresas no se pueden permitir generar impactos que no puedan compensar.
Por eso, las políticas de sostenibilidad de las empresas deben ser consideradas como una oportunidad de negocio, para aumentar la competitividad, de mejorar su posición frente a otras que no lo hagan.
Ahora, las empresas no están compitiendo con la sostenibilidad y mucho menos con la competencia económica. Pero los inversores y proveedores miran los aspectos no financieros e incluso las entidades financieras utilizan herramientas de exclusión si no se cumplen estos requisitos.
Ante esta situación, la duda que surge entre los altos directivos es si hay empresas de menor tamaño que se sientan presionadas, ya que las entidades ya ven que la sostenibilidad en realidad compensa, porque generan más confianza sobre las empresas.
Las empresas se deben plantear la sostenibilidad por supervivencia. La sociedad española prefiere tener empresas sostenibles y, por tanto, van a comprar ese tipo de productos. A nivel de costes, tienen menos presión del mercado de capitales y el talento lo retienen a menor coste, ya que los empleados millennials prefieren trabajar en empresas sostenibles.
Por tanto, ha llegado el nivel que la normativa también apoya y, por tanto, las empresas deben actuar por responsabilidad y gobernanza. Por que sin apoyo de las empresas no se puede cumplir los propósitos medioambientales marcados por el Gobierno.
Es evidente también que existen riesgos, la visión implica una transición y el cambio, por lo que hace falta que las condiciones sean favorables, ya que es fundamental que se entienda como una colaboración pública-privada, por tanto, la normativa se debe adaptar al desarrollo real, estable, predecible y sostenible.
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