La UE aspira a ser climáticamente neutra en 2050, así quedó aprobado en diciembre de 2019. Eso significaría que la economía produjera cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Este objetivo está en el corazón del Pacto Verde Europeo y está en consonancia con el compromiso de la UE con la acción climática global en virtud del Acuerdo de París.
Casi todos los gobiernos del mundo acordaron mantener el calentamiento global muy por debajo de 2°C y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. Eso significa que debemos emitir menos de 580 gigatoneladas de CO2.
Alcanzar ese cero neto es un equilibrio que se vería cuando la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que generan los seres humanos se compensa con la cantidad de carbono eliminado de la atmósfera, lo que produce un equilibrio entre emisiones y descarbonización.
Todo ese proceso supone un coste. No solo por las inversiones que se vayan a generar en el futuro y se ejecutarán en los próximos años, sino que hoy, tenemos el precio de la electricidad del mercado mayorista en máximos y uno de los factores que están motivando el alza está siendo el auge de los derechos de carbono.
Un billón de euros para promover la economía verde
El 14 de enero de 2020 se aprobó, por parte de la Comisión Europea, un plan de financiación que persigue emplear un billón de euros que provendrá tanto de fondos públicos como privados para la acción por el clima y sostenibilidad medioambiental en el período comprendido entre 2021 y 2030.
Ese billón de euros no nace de la nada. Se trata de un dirigismo centralizado de parte de los recursos que se distribuirán de la siguiente manera:
- 50% Presupuesto de la UE.
- 114.000 millones de euros adicionales vendrían en forma de cofinanciación por parte de los Estados miembros.
- 300.000 millones de euros más procederían de atraer inversión pública y privada a través de los fondos InvestEU y ETS.
- 100.000 millones de eurosmediante el mecanismo de transición justa que busquen paliar sus efectos en países como Polonia que genera actualmente un 80% de su energía mediante el carbón.
Es decir, se van a movilizar recursos de los contribuyentes para esta apuesta determinada. ¿Y si tenemos una tecnología mejor en los próximos años? ¿Y si no es eficiente? ¿Y si se crea una sobrecapacidad o burbuja que implique una actividad ociosa? ¿Cuál puede llegar a ser el coste de oportunidad?
Nada de eso parece importar. Todo parece indicar que gran apuesta es la inversión en renovables si se quiere alcanzar el ansiado puesto de cero emisiones netas. Sin embargo, la inversión en renovables debe ir acompasada a la utilidad marginal que estas puedan ofrecer. Y en ese punto, ningún gobierno nacional o supranacional tiene los conocimientos necesarios para cuantificar esa utilidad.
Ya vimos el error de en la política energética de Zapatero y sus primas a las renovables. Un dirigismo en un momento en el que una tecnología no estaba madura y, por lo tanto, implicaba un alto coste que quedó repercutido en la factura eléctrica.
Los impuestos al carbono
Hoy en día rodos los estados miembros de la Unión Europea (aunque debemos incluir Islandia, Liechtenstein y Noruega) forman parte del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, un mercado creado para negociar un número limitado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Los derechos de CO2 suponen un instrumento de mercado, mediante el que se busca influir políticamente en los objetivos medioambientales.
El número total de derechos de emisión que se expide anualmente y la oferta en el mercado. En consecuencia, cuanto menor sea ese total, menores las emisiones que se pueden producir y mayor el precio de derecho en el mercado, y al contrario. De esta manera se busca estimular la inversión a tecnologías más respetables con el medioambiente que permitan a las industrias que operan en el sistema ser más eficientes.
En total, en la Unión Europea cubre a más de 10.500 instalaciones fijas y alrededor de 500 operadores aéreos, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se sitúan en torno a las 1.740 millones de toneladas de CO2 equivalente, alrededor del 40% del total emitido en los países participantes. En España, este régimen afecta a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. Supone también en torno a un 40% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.
Estos derechos funcionan de la siguiente manera: las entidades reguladas tienen que monitorear sus propias emisiones, y rendir cuentas de las mismas mediante la entrega de un número de derechos de emisión igual a las emisiones producidas. Debido a que el derecho de emisión tiene un valor económico, mediante la disminución de las emisiones las entidades reguladas están reduciendo sus costes.
Descarbonización del sector marítimo y la aviación
La aviación aporta aproximadamente el 4,5% de las emisiones totales de la UE. En el sector de la aviación se pretende una mejora de la eficiencia y combustibles alternativos. Además se busca un crecimiento más lento de la actividad sectorial para 2050, particularmente en el escenario de 1,5°C.
Una razón clave es que la descarbonización profunda en el sector de la aviación probablemente sea factible en el plazo requerido solo si los viajes aéreos disminuyen en algunos mercados, particularmente dada la expectativa de crecimiento en las naciones industrializadas.
Para lograr las mejoras en la intensidad del CO2 previstas por los escenarios de bajas emisiones de carbono, se necesita el desarrollo y despliegue de combustibles bajos en CO2, como el hidrógeno y el queroseno parafínico sintético.
Por su parte, en el sector marítimo vemos una amplia gama de opciones, incluida la mejora de la eficiencia de propulsión de los buques es decir, la reducción deliberada de la velocidad de un barco, puede tener lugar de inmediato. Aquí nacerían cierto problema en el momento de redefinir las cadenas de suministro.
Para este sector se pueden lograr reducciones en la intensidad del CO2 mediante la propulsión asistida por viento y combustibles alternativos como biocombustibles, hidrógeno y amoníaco, aunque es probable que dichos combustibles tengan otros impactos en el ciclo de vida sobre el uso de la tierra y las emisiones.
Fundamentalmente para el transporte marítimo, en comparación con las aeronaves, se va a requerir modernizar los barcos existentes con tecnologías bajas en carbono y, dado el plazo para una descarbonización rápida, este será un aspecto importante y esencial del esfuerzo de mitigación para este sector.
Edificios energéticamente eficientes a través de su renovación
Los edificios siguen causando el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía de la UE. Pero las soluciones ya están al alcance: para las casas en las que vivimos y trabajamos, la transición energética significa una ola de renovación profunda y un cambio a la calefacción renovable.
En el Pacto Verde Europeo prevé implementar la estrategia 'Renovation Wave' en el sector de la construcción con el objetivo de duplicar las tasas anuales de renovación energética en los próximos diez años y mejorar la calidad de vida de los ocupantes del edificio.
Los datos de hoy muestran que aproximadamente el 80% de los edificios actuales todavía estarán en uso en 2050 y de ese total el 75% de este stock es energéticamente ineficiente. Además millones de hogares en la UE se caracterizan por edificios y electrodomésticos ineficientes desde el punto de vista energético, altos gastos de energía, bajos ingresos familiares y necesidades domésticas específicas.
La clasificación común del clima europeo, que es principalmente oceánico, mediterráneo o continental (de acuerdo con la clasificación climática de Köppen). La mayor parte de Europa occidental (fuertemente condicionada por la corriente del Golfo) tiene un clima oceánico, que normalmente presenta veranos e inviernos frescos. El sur de Europa tiene un clima mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos cálidos. El centro-este de Europa se clasifica como clima continental, con veranos cálidos, inviernos fríos y temperaturas anuales muy variadas.
En un supuesto de un aumento en la tasa de renovación anual, desde el promedio actual del 1% a muy por encima del 2% en los próximos 10 años y mantenido a partir de entonces, daría como resultado la renovación de casi el 80% de las viviendas existentes para 2050.
Las renovaciones profundas generarían un potencial de ahorro energético total de casi el 60% de los consumos actuales, lo que, a su vez, permitiría una reducción del 10% del consumo actual total de energía primaria de la UE y un aumento de aproximadamente el 20% de puestos de trabajo en el sector de la construcción.