El Pacto de Toledo ha aprobado, por primera vez en 10 años, una serie de recomendaciones para reformar las pensiones. El acuerdo es bastante amplio, ya que incluye a PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, PNV, Junts per Catalunya y Coalición Canaria, absteniéndose EH Bildu y ERC y votando en contra únicamente Vox.
Estamos ante un hito, ya que la reforma de 2013 fue bastante polémica y además quedó descafeinada cuando en 2018 se decidió subir las pensiones el IPC. Vamos a ver lo que se propone ahora y las conesecuencias que puede tener.
Las reformas propuestas
El primer punto y fundamental es volver a ligar por ley la subida de las pensiones al IPC. Por tanto los pensionistas no perderían poder adquisitivo, si los precios suben las pensiones suben.
Por otro lado se propone el impulso de los planes privados de pensiones colectivos, fomentados por las empresas. Para ello se contempla la creación de un superfondo promocionado por el sector público.
También se acordó que los autónomos coticen por los ingresos que tengan y no por la base que elijan como sucede en estos momentos, lo cual seguramente sea un varapalo para la gran bolsa de autónomos que cotizan por el mínimo.
Se ha acordado, igualmente, elminar cierto tipo de gastos impropios, como las bonificaciones a las empresas de las cotizaciones sociales, las prestaciones por maternidad y paternidad o los gastos de la gestión de la Seguridad Social. También las prestaciones no contributivas. Todo esto pasará a los Presupuestos Generales del Estado.
Por último, se acordó evitar la jubilación anticipada y que así la edad de jubilación real se acerque más a la teórica. Además de todo esto se acordaron algunos otros temas de impacto menor en el sistema.
Un gran pacto, sí, pero insuficiente
Es muy positivo que la mayoría de los partidos políticos se pongan de acuerdo en el tema de pensiones, y esperemos que si la reforma sigue las recomendaciones sea duradera. Sin embargo, aunque políticamente tiene papeletas para serlo (los votantes cada vez son más mayores y esta reforma favorece a los pensionistas) en la práctica lo tiene muy complicado.
La reforma de 2013 tenía una cosa muy positiva: incluía un índice de revalorización que tendía a equilibrar el sistema. Es decir, este índice intentaba equiparar los gastos con los ingresos, a largo plazo. Aunque la reforma que finalmente se aprobó impedía bajadas de las pensiones (y la fórmula que se proponía desde el comité de expertos sí que permitía dicha situación) era desde luego mucho más sostenible que usar el IPC.
De hecho incluso había alguna propuesta sobre la mesa de usar un IPC especial que contuviera una cesta de productos menos general y más específica de la gente mayor, pero al final ha sido descartado.
Subir las pensiones con el IPC sin tener en cuenta los ingresos del sistema es un error y, al contrario de lo que dicen sus defensores, no blinda el sistema público de pensiones sino todo lo contrario. Si algo no es sostenible seguir impulsándolo puede hacer que se rompa. Esta reforma incrementará el gasto cuando los ingresos están estancados.
¿Cuál es la solución que propone el Pacto de Toledo? Quitar todo lo que no sean pensiones de la Seguridad Social y pasarlo a los Presupuestos Generales del Estado. Aunque es cierto que tiene sentido, el problema pasa de una caja a otra. De la Seguridad Social al Estado. El déficit total es el mismo y es problemático.
De hecho este cambio tiene un problema: en los próximos años las pensiones puede que sean sostenibles, sin déficit (no mucho tiempo, pues la pirámide poblacional es la que es) y en cambio el Estado tendrá el agua al cuello en otros gastos. Estamos, por tanto, priorizando el gasto en pensiones frente a otros gastos. Luego vendrán quejas cuando haya recortes en educación, seguridad, sanidad...
Fomentar los planes privados de pensiones es una buena idea, pero la idea de crear un superfondo, que según lo que se entiende entre líneas invertirá en deuda pública, no es tan buena idea. Miremos donde invierten los fondos de pensiones exitosos y veremos que no en deuda pública. Estamos intenando tapar el agujero que va a crear esta reforma en los Presupuestos Generales del Estado con capital privado de los trabajadores.
Y el único que dice algo razonable...
Lo más duro de todo esto es que los partidos políticos saben que sus votantes cada vez son más mayores y se pliegan a estas reformas. Lo cierto es que los pensionistas han sido unos de los pocos colectivos que han salido indemnes de la Gran Recesión (todo lo contrario, han aumentado su poder adquisitivo) y que van a salir sin problemas de esta.
Pero estamos sacrificando a los jovenes en su lugar. Cada vez habrá menos dinero para otro tipo de políticas, las pensiones se van a comer todo y aún así no van a poder ser sostenibles. El problema estallará en 10-15 años y que se lo coma el que venga detrás.
Y lo más sorpdendente es que el único partido que ha elevado la voz diciendo que este Pacto no ataca el problema es precisamente Vox, uno de los partidos que más odio genera y cuyas propuestas muchas veces son contraproducentes y estridentes. Esto no ayuda a que las voces que apuntan a que esta reforma no va por el buen camino suenen respetables.