El presidente en funciones, Pedro Sánchez, actualmente está buscando convencer a Unidas Podemos para unir votos y así, alcanzar finalmente la Presidencia del Gobierno de España. Una labor que está siendo a contrarreloj, porque únicamente quedan 18 días para la convocatoria de elecciones generales.
El problema no es tanto las propuestas que puede hacer el PSOE para seducir a Unidas Podemos, sino cómo debe formarse el próximo Ejecutivo ¿la fórmula debe ser un Gobierno con únicamente el PSOE o debe integrarse a Unidas podemos en diferentes ministerios?
Sea como fuere, lo cierto es que a día de hoy existe una amplia conexión con las propuestas programáticas que ha presentado el PSOE en el documento "Propuesta abierta para un programa común progresista" y, por lo tanto, podemos deducir que gran parte de estas propuestas serían las que se tratarían de impulsar a través del nuevo Ejecutivo si llega a formarse.
En total se han presentado 370 propuestas en diferentes materias. En las siguientes líneas vamos a analizar las más relevantes que tendrían gran incidencia en la vida de los españoles.
Reforma laboral: Donde dije digo digo "modificar los aspectos más lesivos"
Anteriormente Pedro Sánchez se había comprometido ante los suyos a derogar la reforma laboral que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy, en el preciso momento que alcanzará la formación del gobierno. Tras la moción de censura, lo cierto es que no se tomaron medidas para rectificar y, con el programa presentado, la rectificación ya es absoluta y la reforma laboral seguirá.
Ahora el compromiso existente es que hay que reformar aquellos aspectos que se consideran, por parte del PSOE, más lesivos dentro de la reforma laboral. Sin duda se trata de un cambio en la percepción de esta medida, pero ¿qué aspectos son considerados como los más lesivos?
Estas modificaciones irían encaminadas a ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo, revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, tratar de reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo que se determina en el contrato parcial.
Se trata de un giro positivo ya que las anteriores legislaciones laborales que apostaban por una rigidez en el mercado laboral nos han llevado a tasas de desempleo superiores al 20% en etapas recesivas para la economía. Y en estos años, España ha estado liderando la creación de empleo en el conjunto de la Unión Europea.
No obstante, hay que destacar en materia de salario mínimo interprofesional (SMI), aseguran que su objetivo es incrementar de forma progresiva y acordada en el diálogo social hasta que suponga el 60% del salario medio.
Esta medida, sin duda, impacta negativamente contra los trabajadores menos productivos, los más vulnerables, porque su rentabilidad para la contratación solo es positiva por debajo del salario mínimo.
Al establecer un incremento del SMI, les lleva a la expulsión del mercado laboral o simplemente la contratación dentro del mercado negro, pues su aportación marginal dentro del proceso productivo no compensa la retribución mínima fijada desde el gobierno. El impacto final puede ser más desempleo o un menor ritmo de contratación.
Pensiones: vinculación al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones
El punto 28 del documento dice lo siguiente: el blindaje en la constitución del sistema público de pensiones y seguiremos impulsando su fortalecimiento de sostenibilidad retomando el diálogo social y la negociación con el resto de fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo.
La pregunta que nos tenemos de hacer es cómo se blinda el sistema público de pensiones y el PSOE ofrece como respuesta la actualización de las pensiones de acuerdo a la evolución del IPC real, pero aumentando en mayor medida aquellas pensiones mínimas y también, las no contributivas punto
Por otra parte, se comprometen a la eliminación del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social que lo previsto en la ley 23/2013.
Estas medidas tienen un grave impacto en la estabilidad financiera de la Seguridad Social que hoy en día ya está quebrada y está solicitando fondos a los Presupuestos Generales del Estado para seguir atendiendo a los pagos oportunos en las pensiones.
Hoy ya no se cumple aquello de que los trabajadores de hoy pagan a los pensionistas actuales sino que los trabajadores y el global de los contribuyentes son los que están satisfaciendo el pago de las pensiones.
El agujero actual del sistema de la Seguridad Social es de 17.000 millones de euros, una cifra que irá creciendo en los próximos años y más teniendo en cuenta si se llegara a eliminar finalmente el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización.
Recordemos que el pasado mes de agosto vimos como la Seguridad Social pagó 9.681 millones de euros en pensiones, una cifra que representa un 5% más que doce meses atrás. La aceleración del gasto de la Seguridad Social en pensiones supera al del 2018, y estamos en los niveles más altos de la década.
¿cómo piensa el PSOE hacer frente al agujero de la Seguridad Social? La respuesta la encontramos el punto 32. Pretende incrementar progresivamente la aportación del Estado, qué significa redefinir las fuentes de financiación y combatiendo el fraude y la economía sumergida, así como mediante la red ordenación de las deducciones.
Pero el problema es que debido a que la hucha de las pensiones está agotada, el Estado ya está participando en la financiación el sistema público de pensiones. Uno de los puntos más conflictivos puede ser la redefinición de las fuentes de financiación porque, en el supuesto de no recortar la actual escalada del gasto, queda muy abierto a quién le cargarán los desequilibrios de la Seguridad Social.
Y, en relación a combatir eficazmente el fraude la economía sumergida hay que tener en cuenta que lo recaudado sobre el fraude se recauda un año una vez aflorado el fraude, mientras que las necesidades del sistema público de pensiones se configuran a través de los años, lo que representa un desequilibrio claro entre ingresos que podemos calificar como extraordinarios frente a necesidades ordinarias.
Impuestos: Acercarse a los niveles europeos tiene un precio
El PSOE tiene el objetivo incrementar lo que denomina el Estado Social. Para ello nos comenta en el documento que España tiene una proporción de Ingresos Públicos en relación al PIB del 37,9% lo que supone 8 puntos menos que la media de la media europea (46,1%), y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia.
En relación al Gasto Público, apuntan acertadamente que es del 41% del PIB frente al 47% registrado en la Eurozona en 2017. Y nos pone como ejemplos a Francia y Finlandia con pesos relativos del 56,4% y del 54,2% respectivamente sobre la economía.
Por todo ello, concluye que hay margen para elevar la recaudación tributaria y que para ello hay que atacar diferentes niveles: la lucha contra el fraude fiscal, la reducción de diferencia entre tipos impositivos nominales y reales que se produce en la tributación de grandes empresas y la incorporación al sistema impositivo de diferentes sectores económicos que actualmente se sitúan infra gravados.
Estas medidas podríamos catalogar las como medidas que en principio no afectan a las rentas medias aunque un impuesto sobre la banca o a la economía digital se termine repercutiendo al consumidor. Niveles de mayor presión fiscal a las grandes empresas, también tendrían un impacto sobre los beneficios finales que afectan a los accionistas tanto pequeños como grandes.
Pero el PSOE miente o, como mínimo, no dice toda la verdad sobre qué hay qué hacer para alcanzar los estándares europeos en materia de presión fiscal y consecuentemente de mayor gasto público.
Si de verdad se quiere alcanzar los objetivos europeos es sencillo: recaudar casi dos puntos de PIB añadidos en IRPF, añadir más de tres puntos en impuestos indirectos y un punto en cotizaciones sociales (+2 puntos en concepto Seguridad Social a cargo del trabajador y -1 punto en las cotizaciones a cargo de la empresa).
En otras palabras, si el objetivo es ir hacia los niveles europeos de Ingresos Públicos, el conjunto de los españoles y especialmente las clases medias sufrirían un hachazo fiscal considerable.
Específicamente en materia de impuestos indirectos, uno de los puntos que más críticó el PSOE fue la subida del IVA al tipo general al 21% en la etapa anterior del Gobierno del Partido Popular porque la subida del IVA perjudica más a las rentas más bajas.
Además, la comparativa que hace el PSOE es algo tramposa ya que España, al ser considerado un país desarrollado, España debería compararse con el conjunto de países representados en la OCDE, y no con el selecto grupo de Europa que se considera un un infierno fiscal entre los territorios económicos.
En la media de los países que forman OCDE los ingresos públicos representan el 34,2% del PIB, lo que significa que España estaría cerca de 4 puntos de recaudación por encima de los estándares internacionales de los países desarrollados ¿debe España bajar impuestos?