Ayer nos enteramos de que la Generalitat valenciana tiene la intención de suprimir 46 empresas públicas y despedir a alrededor de 3.000 empleados, el 40 % del total de la plantilla. De esta forma, tras la reestructuración sólo quedarían 30 entidades, de las 76 que había hasta la fecha. Con estas medidas pretenden ahorrar hasta 315 millones, 100 de ellos por la reducción de personal, otros 200 por la optimización de la gestión y 15 más por “sinergias”.
Y yo me pregunto: si la estructura organizativa de la Generalitat es capaz de funcionar con garantías tras este recorte, ¿por qué no se ha hecho antes? El gigante con pies de barro en que se ha convertido la administración pública española es inmanejable, ineficiente y caldo de cultivo de contrataciones a dedo y sueldos estratoféricos. Los nuevos ajustes y tijeretazos deben enfocarse en el sector público.
Adelgazar el peso de las administraciones públicas para racionalizar sus funciones y evitar duplicidades es esencial para sacar a España del atolladero en el que se encuentra inmersa. Hay que cerrar empresas públicas, recortar en personal, reducir concejales, suprimir entidades locales y ajustar competencias, entre otros ajustes necesarios.
Nuestro país tiene un tejido industrial insignificante y, sin embargo, contamos con un sector público empresarial del tamaño de un elefante. El entramado de fundaciones, consorcios, empresas, observatorios y agencias se ha convertido en un saco roto que necesita ser enmendado cuanto antes. Sin embargo, con las elecciones en el País Vasco y Galicia detrás de la puerta, ¿será capaz el Gobierno de meter la tijera en este terreno pantanoso que da de comer a tantos amiguetes?
Vía | La Información
En El Blog Salmón | Las fusiones de ayuntamientos son necesarias, Los ayuntamientos necesitan un plan de control del gasto público, Una historia real para llorar sobre tecnología, productividad, Hacienda y las administraciones públicas
Imagen | mordicuac