Después de que en enero el Reino Unido adonara oficialmente la Unión Europea, se ha iniciado un periodo de transición de 11 meses. En este marco temporal se tiene que diseñar las relaciones venideras que se establecerán entre ambos miembros.
Alcanzar un acuerdo sobre la futura relación centrada en un nuevo acuerdo comercial a finales del actual año no es fácil, debido a que los plazos existentes son muy ajustados, a no ser que veamos, de nuevo, una extensión de los plazos acordados.
El principal motivo por el cual el plazo es especialmente corto es que desde Bruselas no existe una autorización por ley a llevar a cabo negociaciones oficiales sobre un nuevo acuerdo comercial hasta que los 27 países que forman la Unión Europea hayan aprobado un mandato de negociación de manera conjunta.
Sea como fuere, en este tiempo, el Reino Unido debe empezar a pensar qué tipo de políticas económicas quiere enfocar a largo plazo.
Y una de las alternativas existentes para conservar su dinamismo económico y su centro financiero potente es obtener, inicialmente, un acuerdo similar al CETA (firmado entre la UE y Canadá) y, seguidamente, iniciar un proceso de atraer inversiones para que la City de Londres no pierda su posición de polo de atracción de capital.
Primer paso: Buscar un acuerdo comercial similar al CETA
El acuerdo económico y comercial global entre la Unión Europea y Canadá, popularmente conocido como CETA (por sus siglas en inglés Comprehensive Economic Trade Agreement) pretende facilitar los intercambios comerciales y es un modelo perfectamente aplicable para el Reino Unido.
La aplicación del CETA beneficia a las empresas europeas al eliminar el 99% de los impuestos que se deben pagar en las aduanas canadienses, y lo mismo sucede con las empresas canadienses se exportan a la Unión Europea. De este modo, el Reino Unido conseguiría minimizar al máximo la salida de la Unión Europea preservando el espacio comercial que se había conseguido en Europa.
Con este acuerdo, las empresas europeas no perderían competitividad en el Reino Unido y podrían concurrir a la contratación pública y viceversa. Otro punto importante es que se conseguiría eliminar el riesgo de ruptura en la cadena de suministro existente y, se conseguiría facilitar la inversión de las empresas europeas e ingleses en un Marco similar al de la UE.
Hay que tener en cuenta que cualquier acuerdo redactado entre el Reino Unido y la Unión Europea necesitará la aprobación tanto del Parlamento de Bruselas como del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). Este punto se tiende a olvidar, pero es significativo porque a principios de los años noventa, el Tribunal anuló algunos de los primeros acuerdos sobre relaciones en el Espacio Económico Europeo porque afirmaban que estaban violando los tratados de la UE.
Segundo paso: dirigirse hacia el refugio fiscal
El acuerdo comercial debería formalizarse a través del pilar del libre comercio entre las partes sin perder todo lo obtenido en la integración en la Unión Europea. Dicho esto, si esto no fuera posible, el Reino Unido puede jugar la carta del proclamarse paraíso fiscal.
Ser paraíso fiscal significa llevar a cabo el secreto bancario que permite a las personas y las empresas ocultar tanto ingresos como activos que pueden ser perseguidos el sistema tributario, una regulación fiscal laxa que brinda incentivos para que las empresas transfieran sus beneficios allí y regulación financiera laxa para permitir el lavado de dinero.
Si se consigue algo parecido a un CETA, el Reino Unido puede jugar la carta de avanzar hacia considerarse un refugio fiscal. Ahí el papel de impuestos tan importantes como el Impuesto de Sociedades toman una gran importancia en el momento de atraer capitales.
A nivel tributario Reino Unido parte de un esquema tributario interesante a nivel corporativo. Desde el año 2015 el Reino Unido ha estado unificando y seguidamente bajando el tipo general del Impuesto de Sociedades. De una tasa del 28% hasta la actual 19%.
Además, los incentivos fiscales para las inversiones en propiedad intelectual, las exenciones favorables para las inversiones y la no retención de impuestos sobre dividendos a los accionistas hacen del Reino Unido uno de los entornos fiscales más competitivos del mundo desde una perspectiva de fiscal.
En un momento de "post-brexit", el Reino Unido no debe detener su trayectoria de bajada en el impuesto de sociedades y ser un conductor fiscal para fomentar comportamientos que aumenten los beneficios y la inversión extranjera en el Reino Unido, todo lo cual sustenta la estabilidad y el crecimiento de la economía del Reino Unido.
Al mismo tiempo, el Reino Unido tendrá que elegir cómo regular y supervisar la industria nacional de servicios financieros. Debido a la profundidad de la interdependencia entre el Reino Unido y la UE significa -el 43% de las exportaciones de servicios financieros fueron a la UE y el 34% de las importaciones de servicios financieros provino de la UE- es probable que haya un interés mutuo en alguna forma de cooperación permanente, a fin de mantener el acceso, armonizar la reglamentación, asegurar la estabilidad financiera y fomentar la apertura.
Pero en la última década, y con el proceso del Brexit de por medio, ha llevado a que el sector financiero haya ido perdiendo peso dentro del PIB. Si en 2010 suponía el 9% del PIB, hoy es el 6,8%. Por lo tanto, y sin perder la pata de cooperación con la Unión Europea, el Reino Unido debe empezar a trabajar en un marco normativo que permita rebajar los costes regulatorios que soporta el sector al fin de promover la competitividad.