La recesión del coronavirus pasará a la historia como la más grave crisis económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque las noticias recientes sobre las vacunas son un signo esperanzador de que la pandemia puede controlarse, una pauta sorprendente es que los países con una mayor disminución prevista del PIB han visto, a su vez, hasta ahora un mayor número de muertes.
Hemos retirado en numerosas ocasiones que la gestión del gobierno español ante la pandemia ha sido un verdadero desastre a la vista de los resultados tanto en términos de número de fallecidos relativo a la población como el hundimiento económico del PIB.
Si por la eficiencia en la gestión de la crisis, únicamente analizáramos la variable muertes relativo a la población, la gestión española con 1.084,99 muertes por millón de habitantes lidera el ranking global y solo ha sido superada por San Marino, Bélgica, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Italia, Perú y Andorra.
No obstante, hay que matizar que hablamos de los muertos oficiales y no de aquellos no contabilizados durante las diferentes oleadas en el que España fue sumando españoles en la lista negra, por lo que las muertes estarían cerca de 70.000 y no los 51.000 que asegura al gobierno, porque representa la desviación frente a las tendencias recientes, lo que nos llevaría a un dato de 1.492 fallecidos por millón de habitantes del histórico reciente. En este caso, en el mundo, solo Bélgica y San Marino lo habrían hecho peor con 1.670 y 1738 muertos por millón de habitantes respectivamente.
Pero la gestión de la crisis no solo viene definida por el número de muertes relativo a la población, sino también por el destrozo económico, es decir, la intensidad de la contracción del PIB. En este caso, según la última estimación del FMI, la economía española cayó un 12,8% en 2020, 4,5 puntos más que la recesión que habría experimentado Bélgica y 1,8 puntos más que la de San Marino.
Si miramos los datos más recientes del cuarto trimestre del PIB frente a los fallecidos relativos a la población, España es el peor país de la OCDE. Seguidos muy de cerca por Argentina y el Reino Unido. Este último, debe contextualizar su caída por la dosis de incertidumbre añadida sobre la resolución final del Brexit y se ha tenido que confinar tras dispararse los contagios por la nueva cepa y llegar a las cifras de 50.000 contagios por día.
Otros países habrían sufrido una destrucción mayor en 2020 como el caso de Venezuela cuya economía se habría visto deprimida un 25%. Pero en este caso no tendría nada que ver en la gestión de la pandemia sino más bien por la inercia económica que vive el país en los últimos años de empobrecimiento (en 2019 la economía cayó un 35%).
En Latinoamérica tenemos dos países que han protagonizado una nefasta gestión de la crisis comparable a la española: Perú y Argentina. Ambos países presentan unas caídas del PIB del 13,9% y el 11,8% respectivamente y cifras de muertes relativas a la población de 1.143 y 965 muertes por millón de habitantes.
Ambos países representan los problemas clave de Latinoamérica. En el caso de Perú, han sufrido de un sistema sanitario no dotado de recursos que se ha visto superado a la mínima, una fuerte presencia de la economía informal para vivir, por lo que no tuvieron la opción de quedarse en casa. Su elevada pobreza supone que muchos viven en entornos marginados y áreas remotas, en comunidades indígenas y las áreas más pobres la atención médica adecuada a menudo estaba fuera de su alcance.
Argentina ya partía de una recesión en 2019, en la que la economía se contrajo un 2,1%, a la que se unían diferentes problemas como una tasa de inflación de más del 50%, una elevada deuda soberana, y un tercio de su país viviendo ya en la pobreza. La contundencia de sus medidas se ha llevado por delante la economía. El país empezó su cierre en marzo y lo ha ido extendiendo a falta de medidas efectivas para combatir su propagación. Las restricciones, que incluyen la prohibición de vuelos y reuniones sociales y el cierre continuo de lugares turísticos, restaurantes y bares, son las más duras de América Latina.
Perú y Argentina comparten algo más, unas finanzas públicas sustancialmente debilitadas que impiden que se lleven a cabo grandes emisiones de bonos porque no cuentan con el respaldo de los inversores. Esto ha impedido que se pudiera financiar gastos destinados a la prevención y contención de la pandemia y la reactivación económica.