Con la pandemia y los cierres obligatorios, el sector empresarial se ha resentido y algunas grandes empresas están buscando la mano del Estado para que, con el dinero público, se intervenga el balance de la empresa para no entrar en proceso de quiebra y posterior liquidación.
En este contexto cobra especial importancia el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que se trata de un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. A través de él, la mano política interviene las empresas consideradas estratégicas.
Depende del Ministerio de Hacienda, y en él se creó un mecanismo específico, el Fondo de Apoyo a la Solvencia que está dotado con un total de 10.000 millones de euros. Fue aprobado por el Gobierno el pasado julio con el objetivo de ofrecer apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.
En este punto hay dos conceptos clave "afectadas por la pandemia" y "estratégicas" que más adelante nos puede hacer una idea de si se ha cumplido este objetivo.
Debido a la indefinición medida, al final las decisiones quedan en las manos políticas del Gobierno. Por lo tanto, las solicitudes realizadas quedan en manos del Consejo Gestor del Fondo, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la aprobación de las operaciones.
La primera ayuda vino a satisfacer las necesidades de la aerolínea Air Europa, aprobando un total de 475 millones, distribuidos con un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y un préstamo ordinario de 235 millones.
Todo parece indicar que, desde el punto de vista de este mecanismo, estaría perfectamente justificado. Air Europa es la segunda aerolínea española con mayor número de autorizaciones para volar a destinos internacionales. Su dimensión según sus ingresos representa el 18% de la cifra global del conjunto de las compañías aéreas españolas.
En el caso de Avoris (integración de Barceló y Globalia), el 16 de marzo se aprobó una ayuda que suma un importe total de 320 millones de euros y se canalizará a través de un préstamo participativo de 163,2 millones de euros y de un préstamo ordinario de 156,8 millones de euros.
Hablamos de una empresa líder en el mercado de agencias de viaje mayoristas porque la operación de fusión representó la concentración de los dos primeros operadores, con una cuota conjunta próxima a una cuarta parte del sector.
Como vemos, Avoris ostenta una elevada cuota de mercado, vinculada a un gran volumen de negocio (4.067 millones de euros de facturación agregada en 2019) y un importante número de empleados directos (6.400 trabajadores). El sector del turismo ha sido el gran perjudicado de los cierres por la COVID-19 y ha tenido un gran impacto en el sector turístico, estimándose entre un 60% y un 80% la caída registrada en 2020 frente a 2019.
Pero ¿y la aerolínea Plus Ultra? Desde el Gobierno se aprobó una ayuda que asciende a un total de 53 millones de euros, que se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros.
¿Podemos decir que es una empresa estratégica? Si bien todas las aerolíneas han quedado afectadas por la crisis, Plus Ultra no parece que responda a la etiqueta de "estratégica". Es más el propio Gobierno dice lo siguiente "Plus Ultra es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (especialmente, Ecuador, Perú y Venezuela)". Los datos no parecen avalar a la idea de estratégica. Tan solo opera el 0,03% de los vuelos en España, y su volumen de trabajadores es de 343, lo que significa que las ayudas suponen pagar 150.000 euros por trabajador.
Dudas similares surgen en el caso de Duro Felguera pero en este caso por el concepto "afectadas por la pandemia". Y sí gran parte del tejido empresarial ha quedado afectado, pero la clave es si ya arrastraba problemas estructurales previos para ser beneficiario de la ayuda. Así que veamos sus resultados en los años anteriores.
- 2016: -19,1 millones de euros.
- 2017: -271,2 millones de euros.
- 2018: -119,2 millones de euros.
- 2019: +10,9 millones de euros.
- 2020: -171,6 millones de euros.
La empresa ya ha estado previamente en fase de quiebra técnica y con ampliaciones de capital ha ido aguantando su actividad. La crisis solo ha hecho que agravar los problemas estructurales de fondo que arrastraba Duro Felguera. Pero las pérdidas de 2020 le han servido para ser beneficiario de una ayuda pública que asciende a 120 millones de euros concedidos el 9 de marzo, a través de un préstamo participativo por importe de 70 millones de euros, un préstamo ordinario de 20 millones de euros y una aportación de capital o, en su caso, nuevo préstamo participativo, por un montante global de 30 millones de euros.
Por ahora, de cuatro empresas a las que se ha asignado el rescate, dos ostentan dudas más que razonable sobre si el mecanismo alcanza verdaderamente el objetivo que, en primera instancia, se asignó en su creación y tendrían motivaciones de corte político. Y pensemos que ya se ha asignado cerca del 10% de la dotación del fondo y quedan detrás 26 empresas que han solicitado un rescate al fondo para la solvencia de empresas estratégicas.
Incluso, otras empresas estarían interesadas en acceder al dinero público aunque todavía no hayan solicitado las ayudas. Este es el caso de Mediapro, que solicita 300 millones de euros para no entrar en proceso de disolución debido a su mala política de compras en el mercado de los derechos audiovisuales del fútbol. Una empresa audiovisual con afinidad ideológica al gobierno, que si como sucede con Plus Ultra o Duro Felguera, con su rescate, se estaría premiando a aquellas empresas con problemas estructurales, nada que ver con la crisis.
Luego queda en debate moral. El actual gobierno de coalición está formado por dos formaciones políticas, PSOE y Unidas Podemos, que criticaron, los rescates bancarios o los rescates de las autopistas, con toda la razón, pues se pretendía utilizar el dinero público para empresas que no se gestionaron adecuadamente y fueron los contribuyentes a quienes se les obligó a socializar las pérdidas asumidas.