Los Consejos de Política Fiscal y Financiera hace mucho tiempo que no dejaron de ser reuniones tranquilas. Desde que Cristóbal Montoro asumió la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas, las Comunidades Autónomas han ido levantando paulatinamente la voz y han acabado estallando contra las medidas que les imponía el Gobierno.
Desde la financiación hasta el techo de gasto impuesto en estos años. Casi todas las novedades que conocían en cada consejo han sido criticadas duramente, y no sólo por las autonomías gobernadas por la oposición. Presidentes del PP han puesto el grito en el cielo ante lo que consideraban una discriminación o una afrenta por parte de Hacienda. Sonoro fue el enfrentamiento fiscal (y verbal) entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ministro.
Pues bien, este verano de 2015, a las puertas de unas elecciones generales, es el escenario de un nuevo recrudecimiento de la guerra autonómica. En este caso, por el objetivo de déficit que el Ministerio les ha impuesto para 2016. Las autonomías gobernadas por el PSOE más Cantabria, Cataluña (a la que, por cierto, ha aumentado la financiación un 25% antes de sus elecciones del 27-S) y Canarias votaron en contra del objetivo de déficit del 0,3% del PIB.
El Gobierno continúa con su política encaminada a reducir el déficit del Estado, lo que conlleva estrechar el cerco sobre el gasto de las Comunidades Autónomas. Sobre todo teniendo en cuenta que en los Presupuestos Generales de 2016, que el Consejo de Ministros aprobó este viernes, se va a llevar a cabo un aumento de los salarios de los funcionarios sin que ello perjudique al objetivo de déficit de la totalidad del Estado, que ha cifrado en el 2,2% del PIB, y haciendo que el techo de gasto baje un 4,4% respecto a 2015.
Pero es que además, hace pocas semanas el Ejecutivo adelantó la bajada del IRPF prevista para 2016 a este año, lo que supone un aumento del gasto del Estado de 1.500 millones de euros. Es decir, el Gobierno está haciendo encaje de bolillos para que las cuentas encajen sin que lastimen al déficit, ya que la intención es no volver a sobrepasar los objetivos impuestos desde Bruselas.
Por ello, las autonomías han visto de nuevo cómo se les reduce el campo de maniobra con un techo de déficit del 0,3% para el año que viene. Atrás quedaron los años de vino y rosas en los que manejaban unos presupuestos ingentes, los derrochaban en obras farónicas (e inútiles)que comprometieron la estabilidad financiera de la región a largo plazo.
Además, el Gobierno sigue teniendo la presión de la UE detrás, pues, aunque se ha logrado reducir la abultada deuda de España, aún quedan cosas por hacer y mejorar, y la austeridad debe seguir siendo el estandarte de su política. De ahí estos Presupuestos Generales para 2016, un ejercicio que se avecina bastante convulso, pues si el PP no logra reeditar la victoria hipotecará al nuevo Ejecutivo con unos números fijados de antemano.