El cuadro macroeconómico de España está en números rojos. La administración pública está viendo un desplome de los ingresos públicos por la caída del consumo, la inversión, los beneficios empresariales o las rentas de los hogares. En contraposición, el gasto en prestaciones sociales, fundamentalmente por desempleo, se verá notablemente incrementado.
Gran parte de los países, con mayor o menor intensidad, contemplan un panorama similar, aunque con algunos matices, según la intensidad de la crisis y el punto de partida previo. Pero, independientemente de la situación, la clave es la voluntad política sobre qué estrategia fiscal había que adoptar para enfrentar la crisis.
Si por algo se ha caracterizado el Gobierno es por su fijación en el gasto público, olvidándose de la carga fiscal que soportan las empresas. Pero la empresa está sufriendo y habrá que ver los resultados finales de la segunda oleada. Por ahora, si atendemos al número de empresas inscritas en la Seguridad Social, en el mes ce octubre se habían perdido 32.479 empresas frente al mismo mes del año anterior hasta alcanzar la cifra total de 1.286.436. Sufre la pyme, se han perdido 13.441 empresas de 1 a 2 trabajadores y 7.266 de 10 a 49 trabajadores.
No se ha visto una política business friendly por parte del gobierno de coalición. Como mucho hemos visto medidas relativas al aplazamiento de pagos de impuestos y cotizaciones sociales y liquidez por parte del ICO. Pero dejar de apretar a empresas, autónomos y trabajadores no ha entrado en los planes del Gobierno. A diferencia de otros países que sí han abordado la parte fiscal a través de la bajada de impuestos.
Por ejemplo, Alemania ha impulsado una rebaja impositiva temporal del tipo general del IVA desde el 19% hasta el 16% y del tipo reducido desde el 7% hasta el 9%. El Reino Unido se ha deshecho del impuesto por compra de vivienda y ha bajado el IVA a la hostelería para salir de la crisis (desde 20% hasta el 5%).
Sánchez aprieta tras el fatídico 2020
Con el Presupuesto presentado para 2021, no hay duda, Sánchez apuesta por subir impuestos. Aparecen nuevas figuras tributarias importantes como el Impuesto sobre Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Es del todo un error ambos impuestos. Por el lado del Impuesto sobre Transacciones Financieras, es difícil atraer capitales cuando se ataca al volumen de negociación a través de este impuesto. No es solo el ataque frontal a las empresas de servicios de inversión sino daños colaterales como la liquidez al mercado, afectan gravemente a la toma de decisiones de los inversores que podrían optar en apartarse y reducir su presencia en el mercado.
Quizá, peor aún, sea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, ya que en esta coyuntura determinada de restricciones de apertura y gran incertidumbre muchas empresas tienen la oportunidad de sobrevivir a través del comercio online. Este impuesto no afecta a las grandes tecnológicas por su importante poder de fijación de precios para desviar los efectos negativos del impuesto sobre el flujo de caja y los ingresos operativos. Se les trasladaría el coste del impuesto a los anunciantes, vendedores y, en última instancia, a los consumidores, que tienen pocas alternativas en términos de proveedores de servicios digitales.
Además, tenemos el aumento de la presión fiscal en el IRPF (contribuyentes con rentas altas) y en el Impuesto sobre Sociedades (limitación en la exención de rentas a grupos y grandes empresas). Específicamente, para los "ricos" se impulsaría medidas como la subida de un punto del Impuesto de Patrimonio para las rentas de más de 10 millones de euros y de 3 puntos del IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y otros dos puntos adicionales para las rentas de trabajo que superen los 300.000 euros.
Para más inri, ataque vía impuestos indirectos, en los tipos a productos concretos (el IVA en bebidas azucaradas y el Impuesto sobre Primas de Seguro) y de los cambios en la fiscalidad medioambiental (subida de tipos en el gasóleo, creación del Impuesto sobre Productos de Plástico de un solo uso y del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos).
¿Ni tan siquiera bajar el IVA a la hostelería?
La hostelería está sufriendo especialmente en esta crisis con intensas restricciones impulsadas por las administraciones públicas. Nuestros vecinos europeos siguen una senda similar, pero con medidas compensatorias para esta industria.
Como relatamos recientemente "según los datos que reporta Hostelería de España, los datos generados por la crisis provocada por la pandemia hacen que a octubre de 2020 se hayan cerrado 65.000 negocios de hostelería, y la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y el nivel de facturación se haya reducido en más de un 50% respecto a 2019".
Según un estudio de Competur, con la aplicación de un IVA superreducido del 4% a los productos consumidos en la industria hostelera española se contribuiría a incrementar el gasto, aportando 4.320 millones de euros en 2021 y el gasto pasaría de algo más de 86.000 millones de euros a 90.396 millones de euros.
Esta medida permitiría paliar el enorme impacto de la pandemia en bares y restaurantes españoles, lo que supone concederles capacidad para mantener el empleo y el negocio a través de un mayor consumo. Esta medida está avalada por un total de ocho países europeos que reconocen los efectos positivos de esta medida, y ya han aprobado la reducción del IVA en todo su territorio (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania).