Todo nuevo Gobierno que nace, uno de los primeros focos de atención recae en los medios públicos de comunicación. El diagnóstico siempre es el mismo, con el anterior gobierno la independencia informativa brillaba por su ausencia, por lo que el nuevo Gobierno viene a garantizar la independencia informativa -su visión de independencia informativa-.
Y sí, la RTVE ha estado trabajando al servicio del ejecutivo. En el Gobierno anterior del Partido Popular, vimos claros casos de manipulación, en especial, sobre el tratamiento de los casos de corrupción que afectaban al partido del Gobierno ya que se ofrecía tarde y en piezas cortas de veinte segundos. Por el contrario, la corrupción de otros partidos se magnificaba con piezas amplias y mayor dedicación.
La manipulación llegaba hasta el extremo de las infografías que mostraban. Por ejemplo, en "La Noche en 24 horas", valorando los datos de intención de voto, se reflejaba la misma curva descendente tanto para el PP como el PSOE, a pesar de que los datos mostraban una caída de 12 puntos porcentuales para el PP y 2 puntos porcentuales para el PSOE.
Pero ahora es el momento del PSOE. Y el primer movimiento ha sido rápido, el PSOE junto a Unidos Podemos, ERC y el PNV han diseñado la cúpula interina de RTVE, una decisión mediante Real Decreto que fue aprobado el pasado 22 de junio.
A partir de ahí, las Cortes han iniciado un trámite, mediante concurso público, para designar a los diez miembros de un nuevo Consejo de Administración, decidido por un Comité de Expertos que, a su vez, son designados por el poder político... Y en ese punto se inicia el 'pasteleo' político para controlar RTVE y sus contenidos con los recursos de los contribuyentes.
RTVE ataca la libertad de expresión
Pero ¿Por qué tanta burocracia y clientelismo? En un entorno de medios de comunicación únicamente privados, los consumidores son los que adquieren la potestad de determinar qué contenidos son los que prefieren y los que no. Por lo tanto, si un contenido no aporta nada bajo el criterio individual, existe la libertad de no consumir/no visualizar.
Si se producen múltiples visiones individuales coincidentes, se genera un efecto de discriminación, los ingresos publicitarios o derivados de las suscripciones se van reduciendo y, finalmente, si no reforman los contenidos para adaptarlos a las exigencias del público, ese medio desaparece. En definitiva, el consumidor manda.
Cuando se introduce un medio de comunicación público en la oferta puede darse una paradoja, un contenido puede no ser interesante o no aportar valor a un individuo bajo su criterio propio, pero que éste lo financie de manera indirecta y por lo tanto, el hecho de no consumir no implica la discriminación del contenido. En consecuencia, el consumidor deja de mandar, porque a pesar de negarse a consumir ese medio y su contenido se le está obligando a financiarlo.
RTVE, como toda televisión se encuentra al servicio de su propietario, en este caso el Gobierno de turno y éste, a su vez, coacciona al sector privado para financiarla. El resultado final es un medio que sirve de correa de transmisión de la ideología determinada del gobierno -especialmente en los informativos- y que se utiliza como agencia de colocación de personas afines y relaciones clientelares con productoras pero financiada tanto por un público que puede incluirse dentro de su target como por aquellos que no pertenecen.
La financiación pública de RTVE
En el actual sistema de financiación de RTVE existe la aportación de las operadoras privadas -operadores de televisión y los de telecomunicaciones-. Es decir, al obligar a estos operadores a financiar RTVE se ven privados de financiar sus propios contenidos (mejorar o ampliar) que ofrecen utilidad a sus clientes. Actualmente, en España los ingresos por los servicios audiovisuales los lideran las operadoras telefónicas.
Cada año, los grandes operadores españoles deben destinar el 0,9% de sus ingresos a la financiación de la radio y televisión pública. Esta tasa también afecta a las televisiones privadas y de pago, que deben abonar el 3% de sus ingresos y el 1,5%, respectivamente. Con esta tasa, se financia el 91% del coste de RTVE. Puede parecer una tasa insignificante pero el sector muestra un profundo malestar. El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha expresado que su empresa destina a pagar el 20% de su EBITDA en impuestos, eso sin tener en cuenta el Impuesto de Sociedades.
Por ello, la mejor alternativa para todos es cerrar RTVE, como el resto de televisiones públicas. Bajo esta decisión los consumidores recibirían, por parte de las operadoras, la financiación de un contenido que sí responde a las utilidades que demandan. Y en el supuesto que existiera un target favorable a la línea de RTVE y el resto de medios públicos, esos contenidos no desaparecerían sino que serían financiados en el mercado privado por aquellos que verdaderamente les dan valor.
Según el informe "Situación actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa, el conjunto de medios públicos acumulan un presupuesto de 1.810 millones de euros (año 2014), recursos apartados del sector privado que dejan de ofrecer una utilidad al público para ponerse al servicio de las televisiones públicas del gobierno central y los gobiernos autonómicos.
Y si RTVE fuera un medio que generara dinero se podría decir que, como mínimo, la privación de los recursos al sector privado está justificada en una inversión rentable. Pero este no es el caso, a cierre de 2017 las pérdidas acumuladas de RTVE fueron 365.951.571,11 euros.
¿No son los medios privados los que atacan la libertad de expresión?
Pablo Iglesias hace años comentó que la simple existencia de medios privados ataca la libertad de expresión . La argumentación para sostener esta afirmación era que si la información es un derecho, en la medida que se convierte en susceptible de mercantilización y de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio.
Para que esta afirmación fuera cierta, todos los medios de comunicación, sin excepción, deberían estar controlados por un mismo propietario o que sólo existiera un único medio de comunicación. En ese supuesto, si existiera una información susceptible de perjudicar a los intereses del propietario, nunca llegaría a los oídos de público por el conflicto de interés existente.
¿Pero ésto es posible? Hoy en día no existe un único medio de comunicación y ser propietario de todos los medios de comunicación es imposible. La información es una mercancía y está absolutamente descentralizada. Cualquiera puede comunicar y por lo tanto, el concepto de medio de comunicación es amplio y abarca desde el duopolio televisivo, emisoras de radios, digitales, blogs, e incluso canales de Youtube. La información no es un privilegio desde el momento que dejan de existir barreras de entrada sólidas para crear un contenido.
Para dar un ejemplo preciso, podemos mencionar a Mediaset España que es el grupo audiovisual líder de España en consumo lineal de televisión en total individuos (28,7%), prime time (28,5%), target comercial (30,5%) y jóvenes 13-24 años (35,2%). Cuando se ha enfrentado a información controvertida que afecta a su propietario, Silvio Berlusconi, Mediaset ha optado por la no publicación.
Sin embargo, dado que la información es una mercancía, existen incentivos para que el resto de medios de comunicación, que forman el conjunto de la oferta, trasladen al público los quehaceres de Berlusconi -sentencia por sobornos, fraude fiscal en el caso Mediaset, abuso de poder y prostitución de menores- para alcanzar un beneficio económico.
Además, para que tuviera algún sentido la afirmación de Iglesias, al mismo tiempo, debería coincidir que todo el público que recibe la señal careciera de la capacidad física para discriminar cualquiera de las cadenas de Mediaset, incluso de cerrar la televisión. Los medios privados no atacan la libertad de expresión, la fomentan.