Según el último dato que ha facilitado el Colegio de Registradores de la Propiedad, entre el periodo del 2 de octubre al 14 de noviembre un total de 2.498 empresas han tramitado ante el Registro Mercantil su traslado de domicilio social fuera de Cataluña.
Si nos remontamos a los hechos, el pasado 1 de octubre tuvo lugar un referéndum ilegal, con el propósito de ser vinculante, para que la comunidad autónoma de Cataluña se constituyera como un estado independiente. Esta convocatoria alteraba claramente la percepción de estabilidad en el marco jurídico catalán, por lo que el mundo empresa ha reaccionado.
En este artículo vamos a analizar la evolución del éxodo empresarial catalán ante dos hechos más importantes producidos durante el mes de octubre: la convocatoria del referéndum ilegal y la aplicación del artículo 155.
El traslado de sedes sociales desde el referéndum ilegal hasta la aplicación del artículo 155
El traslado de sedes fuera de Cataluña no fue especialmente relevante en los primeros días de octubre pero se aceleró a partir del 7 de octubre, después de que las dos grandes entidades financieras catalanas, el Banco Sabadell y CaixaBank, decidieron trasladar su cambio de sede social.
Esta aceleración fue favorecida por la aprobación del Real Decreto en el Consejo de Ministros, celebrado el 6 de octubre, para facilitar que las empresas pudieran trasladar su domicilio social, de manera inmediata, únicamente con la aprobación por parte del consejo de administración.
Atendiendo a los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, desde la celebración del referéndum ilegal hasta la aprobación en el Senado del artículo 155, un total de 1.821 empresas abandonaron Cataluña durante un periodo de 16 días.
Por lo tanto, como resultado de la inestabilidad política existente, una media de 114 empresas decidieron, durante esos días, que la mejor opción para sus intereses era proceder al traslado de domicilio social fuera de Cataluña.
Durante este periodo, en la jornada en que se produjeron mayores traslados de sede social fue el 19 de octubre, con una salida de 268 empresas. Si contextualizamos esos traslados, el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, respondió al requerimiento del Gobierno Central sobre si había declarado la independencia. El Gobierno de España entendió que no se había respondido de manera clara por lo que decidió seguir adelante con la aprobación del artículo 155.
Asimismo, la segunda mayor salida de empresas fue de 212 en el día 9 de octubre, que enmarcada en su contexto, se produjo justo un día antes de la comparecencia de Puigdemont en el que anunció la “suspensión de la declaración”.
Tendencia a la baja tras la aplicación del artículo 155
Debido al clima de tensión vivida en Cataluña, el Senado decidió aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la intención de frenar la deriva independentista de Cataluña, mediante el cese del presidente de la Generalitat y todo su gobierno, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma y la convocatoria final de elecciones para el próximo 21 de diciembre.
Esta vuelta la legalidad ha tenido un claro efecto en el traslado de sede sociales catalanas al resto de comunidades autónomas que si bien no se ha detenido la hemorragia, como veremos a continuación, se ha reducido significativamente.
A partir de la aplicación del artículo 155, es decir, contando los traslados de ser iniciados el lunes 30 de octubre, el total de empresas que han abandonado Cataluña han sido 677 durante un periodo de 12 días (los últimos datos disponibles corresponden al 14 de noviembre).
La media de este periodo es de 57 traslados de sede social por día. Un dato muy significativo pues coincide con la mitad exacta sobre la media de traslados de empresas desde la convocatoria del referéndum ilegal hasta la aplicación del 155. Además, se aprecia un hecho muy positivo y es una clara tendencia a la baja de los traslados de sede social a medida que transcurren los días.
Por lo tanto, la percepción sobre la estabilidad del marco jurídico y el riesgo político ha mejorado con la aplicación del artículo 155, aunque como es obvio, el riesgo político sigue siendo intenso. Habrá que esperar al resultado de la convocatoria electoral del 21 de diciembre para determinar la correlación de fuerzas y ver como los agentes económicos interpretan el nuevo contexto político.
Las salidas se extienden a las sedes fiscales
No solo han habido consecuencias en el traslado de sede social. Según los datos de la Agencia Tributaria, se ha detectado que en todo el mes de octubre hasta los primeros días de noviembre, alrededor de 1.000 empresas han optado por trasladar su domicilio fiscal a otras Comunidades Autónomas.
El dato curioso que ofrecen señala una menor actividad económica. La participación de ventas declaradas por aquellas empresas que están domiciliados en Cataluña ha sufrido un fuerte descenso de alrededor de tres puntos porcentuales en tan solo desde la primera quincena deoctubre hasta la segunda.
Durante la primera quincena del mes de octubre el peso medio diario de las ventas declaradas era de un 22,4%, mientras que el peso diario de las ventas descendió hasta el 19,6% durante el periodo que se refleja en la segunda quincena.
Una caída en la actividad económica de Cataluña llevaría finalmente a una menor recaudación por parte de Hacienda. Y si la incertidumbre generalizada se mantiene para los agentes económicos privados tenderán a posponer sus principales decisiones de inversión, en especial, en el mercado inmobiliario que ha perdido intensidad en los últimos meses.