El Consejo de Ministros del pasado viernes dejó encima de la mesa dos anteproyectos de Ley que afectan a la financiación de los partidos políticos y al régimen de altos cargos de la administración pública. Respecto la financiación de los partidos políticos, se introducen dos novedades de relativa importancia:
- La primera novedad es la prohibición de recibir donaciones de personas jurídicas y
- la segunda es la imposibilidad de condonar la deuda pendiente con las entidades de crédito.
Estas medidas quedan realmente bien en el BOE, pero lo que se dice efectivas, lo son realmente poco.
La donación anónima y las donaciones en efectivo, ahí está el problema
No tiene sentido alguno que si se permite un formato de donación como es la donación anónima se prohiba en un nivel inferior la donación desde personas jurídicas. Esto es un mero canto al sol, puesto que cualquier empresa puede realizar una donación anónima a efectos legales pero que el político de turno sepa qué empresa le está financiando realmente.
Por otra parte, si yo soy el gerente de una empresa que tiene intereses cruzados con el partido y la contratación pública y hago una donación a título personal, realmente existe una "donación en diferido" (como diría Cospedal) desde la empresa al propio partido. Es decir, que el BOE prohiba las donaciones de personas jurídicas no garantiza en absoluto que las empresas sigan pagando a los partidos hoy por los hipotéticos beneficios que puedan obtener en el mañana.
La única opción que existe para evitar esto, es eliminar la donación de la contabilidad de los partidos y que sólo puedan recibir fondos en variable desde sus propios afiliados, con la máxima transparencia, bien mediante sus cuotas ordinarias, bien mediante sus cuotas extraordinarias.
Respecto a la prohibición de la condonación de la deuda con las entidades financieras, eso es un brindis al sol, porque si el partido no quiere pagar, no va a pagar y ninguna entidad financiera se va a atrever a impulsar un procedimiento jucidicial de ejecución de deudas contra el propio partido que le puede machacar la existencia vía BOE o vía Banco de España si llega al poder.
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