Hoy se ha aprobado el subsidio de 420 euros para los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y no tengan derecho a subsidio por desempleo o bien que hayan agotado el propio subsidio. La concesión de esta ayuda está supeditada a la integración activa en los programas de formación y búsqueda de empleo por parte de los beneficiarios además de tener rentas inferiores al 75% del SMI.
Esta medida tiene un carácter temporal, con una duración de 6 meses, prorrogable por periodos idénticos si la tasa de paro no baja del 17%. El ejecutivo estima que se podrán beneficiar 340.000 personas con un coste para las arcas públicas de 640 millones de euros. Esta medida no me parece acertada por los siguientes motivos:
- Se lleva a cabo una discriminación positiva frente aquellos parados que ya han gozado de una prestación de desempleo. Esta discriminación positiva deja fuera por ejemplo a parados que hayan agotado su prestación en periodo de incapacidad temporal en baja laboral, salvo que el RD que se publique contemple esta opción.
- Se sigue dejando fuera de la cobertura social que se propugna a los trabajadores autónomos. Si realmente se quisiera hacer política social, esos mismo requisitos de precariedad y desprotección se deberían haber ampliado a más de los 300.000 autónomos que han cerrado sus negocios y sólo cuentan en la mayoría de los casos con deudas a sus espaldas.
- Se deja fuera de esta misma ayuda a todos aquellos que reciban otro tipo de subvenciones por parte de cualquier administración. Caso concreto, jóvenes que estén recibiendo la renta de enmancipación, que hayan perdido el trabajo y tengan una situación económica realmente precaria.
- Esta ayuda equivale, al fin y al cabo a un cheque de 2.500 euros para las situaciones precarias a efectos legales, divididas en seis pagos mensuales pero no repesca a todos los parados que actualmente no tienen ingresos y han agotado ya la prestación, dado que la fecha de aplicación es del 1 de agosto.
Para que nos hagamos una idea, los primeros parados que cayeron en esta crisis que ya hayan agotado sus prestaciones, no tendrán derecho a este subsidio, con lo cual van a seguir en un alto riesgo de exclusión. Obviamente se beneficiarán muchas personas, no lo dudo, pero creo que quizá hubiera sido mejor destinar esos 640 millones de euros al establecimiento de líneas industriales en poblaciones en donde el paro está haciendo estragos y filtrando el personal que tenga que entrar a trabajar por antigüedad de paro y riesgos de exclusión social. ¿Qué opinais de esta medida?
Vía | La Moncloa
En El Blog Salmón | Los gastos de prestación social en España siguen bajos
Imagen | tnank