En estos momentos, España está a la espera de lo que dicte la Comisión Europea (CE) sobre su insistencia de que la legislación española se adecue a las normas europeas en el tratamiento fiscal favorable que las empresas españolas están recibiendo cuando salen fuera de su país a comprar otras empresas.
En sus adquisiciones fuera de España, las empresas españolas que pagan más que el valor contable de una empresa, es decir, la gran mayoría de las adquisiciones, tienen la posibilidad de deducir parte de lo que pagaron por este fondo de comercio de sus beneficios y, así, reducir sus cargas de impuestos. Este beneficio es más alto para las españolas que para las empresas de otros países, dándoles una ventaja en operaciones donde tienen que competir con otras empresas en una posible adquisición.
Neelie Kroes, la comisaria de competencia de la CE ha abierto una investigación y, aceptando las críticas recibidas por otras empresas y por otros gobiernos, ya ha pedido cambios en las leyes españolas.
Estos cambios impactarán la habilidad de las empresas españolas de acceder a compras fuera de España, porque les situaría al mismo nivel que empresas de otros países. Las cosas se harán más difíciles que antes.
La coletilla que queda, y la que más se está esperando, es si la CE decide que las empresas que se han beneficiado de este marco legal actual tengan que devolver los beneficios obtenidos en los últimos años. El ajuste necesario impactaría mucho sus resultados.
Si la decisión va en contra de las empresas españolas y si el gobierno español no consigue suavizarlo, que seguro lo intentará, hay que esperar que las empresas que han salida de compras en los últimos años recibirán un palo en bolsa y no veo que los mercados financieros estén teniendo esta posibilidad en cuenta.
Vía | Xinhuanet y International Tax Review (los dos en inglés)