Este fin de semana el Partido Popular ha culminado su proceso de liderazgo, llevando a Pablo Casado a la presidencia del partido. Su candidatura ha sumado 1.701 apoyos de los compromisarios al Comité Ejecutivo Nacional, mientras que 1.250 dieron su apoyo a la lista presentada por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.
La candidatura de Pablo Casado ha incluido la batalla ideológica en el foco del debate, girando hacia un liberalismo que durante los últimos años ha brillado por su ausencia en el Partido Popular. Como resultado del Congreso, se obtiene un partido con unos principios más claros, aunque veremos si este posicionamiento se traduce en una mayor competitividad electoral en el momento de dirigirse a las urnas.
La etapa de Rajoy: El PP socialdemócrata
El liderazgo de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España se ha caracterizado por hundir las clases medias mediante el efecto confiscatorio de las subidas de impuestos que protagonizó. El PP llegó al Gobierno a finales de 2011, con un programa de bajada de impuestos pero hicieron caso omiso al abarcar la mayoría absoluta en el Parlamento y [vimos al PP más socialdemócrata que se recuerda](Este fin de semana el Partido Popular ha culminado su proceso de liderazgo, llevando a **Pablo Casado a la presidencia del partido).
En tan solo un año y medio ya habían ejecutado una treintena de subidas de impuestos: Cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles o la renovación del Impuesto de Patrimonio y 12 nuevas figuras tributarias más que repercutían al sector eléctrico, depósitos bancarios, cobrar el 20% de los premios de las loterías, hidrocarburos y medioambiente.
Al finalizar el mandato de Zapatero, el tipo general del IVA era del 18% y el tipo marginal máximo del IRPF era del 45%. Pues bien, al finalizar el la etapa de Rajoy, el tipo general del IVA ha subido al 21% -con la reclasificación de diversos productos a tipos más altos- y el tipo marginal del IRPF ha quedado en el 45% pero en los años 2012, 2013 y 2014 se alcanzó un tipo marginal máximo del 52%.
Según se desprende del informe "Día de la Liberación Fiscal 2017" de Think Tank Civismo, el contribuyente medio necesita trabajar 178 días para pagar impuestos. Más específicamente: 102 días en el pago de las cotizaciones sociales, 36 para el IRPF, 25 en hacer frente al IVA, 11 vinculados a los Impuestos Especiales, y los 5 restantes para otros gravámenes (IBI, Patrimonio, Matriculación…).
Si bien el día de la Liberalización Fiscal ha descendido en los últimos años -a medida que se han ido acercando las elecciones generales-, con el Gobierno del PP de Rajoy, se llegó a un máximo de 183 días en los años 2013 y 2014.
Se abre la etapa Casado: ¿Liberalismo en el PP?
En el primer discurso en el Congreso, antes de la votación de los compromisarios, Casado nombró una serie de principios de su candidatura de referencia. El primero de todos fue el de la libertad, más específicamente, la libertad individual: "Somos el Partido de la libertad individual".
La libertad individual es uno de los símbolos ideológicos del liberalismo económico más representativos. De hecho, este concepto confronta directamente con el colectivismo que ha criticado duramente en su discurso. Este punto aporta una visión más enfocada al debate ideológico que probablemente la etapa de Mariano Rajoy había quedado abandonado.
A pesar de que el tiempo dirá si este enfoque ideológico se traduce un programa económico, por el discurso de Pablo Casado, el Partido Popular dará un giro económico importante, más liberalismo económico se traduce en una predisposición en fomentar los bajos impuestos. Este fue el mensaje de Casado en el primer discurso como Presidente del Partido Popular sobre cuestiones fiscales:
"Nuestro contrato con España pasa también por la competitividad; por la competitividad de bajar impuestos mientras ahora el Gobierno quiere subirlos; de suprimir los impuestos que no son justos, como los de doble imposición, los de Patrimonio, el de Donaciones, el de Sucesiones; con bajar el Impuesto de Sociedades y el IRPF".
En materia de estructura de la Administración Pública también puntualizó lo siguiente:
"Actualizar la Administración en plena era digital; hacer que la eficiencia, la meritocracia, la retribución incluso manteniendo ahora mismo los derechos adquiridos por los funcionarios -sólo faltaba-, pero que pueda ser también un aliciente a una Administración moderna y del siglo XXI en el desempeño laboral que tenga cada uno de los excelentes servidores públicos que tiene España".
No obstante, Casado no esbozó crítica alguna al Estado del Bienestar, un concepto muy identificado en la socialdemocracia europea en el que el gasto público pondera altamente en la economía. En la Unión Europea el gasto público ha sido del 47% del PIB, una cifra sustancialmente elevada durante este siglo, aunque España se situaría por debajo (gasto público español medio del 42% desde principios de siglo).
No podemos tolerar que se siga haciendo una agenda de ruptura con nuestro pasado, con nuestros sentimientos más hondos, con nuestra economía, con nuestro Estado de bienestar, por nuestra posición internacional, incluso con la división que genera el proceso independentista.
Este punto sería el más delicado de todos... Un Estado del Bienestar exige altos tipos impositivos, lo que no encaja especialmente bien con el discurso de libertad económica con el que se ha posicionado Casado en su candidatura. Por lo tanto, o su enfoque de libertad económica no es contundente o su defensa del Estado del Bienestar quedará en palabras -soplar y sorber al mismo tiempo no se puede-.
Cuidado con el déficit y la deuda ¿Bajada de impuestos sin recortes?
España es, a día de hoy, el país con mayor déficit público de la UE y con una deuda pública del 98,3% del PIB. Si no se recorta el nivel de gasto público (o su tasa de crecimiento es inferior al de los ingresos públicos de manera constante), una bajada de impuestos agresiva se traduce ampliar el diferencial entre ingresos y gastos, añadiendo más déficit público que en las cuentas públicas.
Actualmente tenemos el paraguas del BCE que está manipulando la curva de rendimientos del bono español para que el Tesoro obtenga mayores facilidades para financiarse en el mercado primario. Gracias a la política del BCE, el Estado puede refinanciar su deuda sin demasiadas complicaciones. Incluso, vemos una anomalía nunca vista... Hasta tres años los bonos españoles cotizan con una rentabilidad negativa y a diez años sólo ofrecen una TIR del 1,32%.
Obviamente esto carece de lógica pues los riesgos de una deuda pública cercana al 100% del PIB y del país con el mayor déficit público de la UE no se está teniendo en cuenta en las cotizaciones de los bonos soberanos, pero esto no significa que los riesgos no existan.
En este entorno, de aplicarse un programa de bajada de impuestos intenso, sin la contrapartida adecuada de menor gasto público, supondría incrementar el riesgo del emisor... En este caso el Estado. Más riesgo implica a largo plazo más dificultades para encontrar inversores y pagar por las emisiones más intereses.
Con una deuda pública cercana al 100% del PIB, hay que ser especialmente cuidadoso en la política de estabilidad presupuestaria porque una bajada de impuestos sin menor gasto o un shock externo puede romper la confianza de los emisores para financiar la deuda que sostiene el gasto público español.