Hubo un tiempo en España que cada vez que se hablaba de los problemas del alquiler era para denunciar la precaria situación en la que se encontraban los propietarios ante los abusos de los inquilinos: destrozos, morosidad, ocupación... Durante años, esa falta de seguridad jurídica ha sido esgrimida como el motivo por el cual el parque de viviendas vacías en España supera el de cualquier país Europeo.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria no solo no se ha conseguido garantizar a los propietarios la seguridad deseada, sino que ha surgido un nuevo problema. Ahora, la indefensión también afecta a los inquilinos. Hasta tal punto, que las principales organizaciones sociales implicadas en la defensa de las situaciones de exclusión inmobiliaria se han unido para poner en marcha los llamados Sindicatos de Inquilinos.
La idea no es nada revolucionaria. Las experiencias de sindicatos o asociaciones de inquilinos agrupados para evitar los abusos de sus caseros son centenarias en países, como Austria o Suecia, y generalizadas en el mundo anglosajón y europeo. La gran duda es si, dadas las peculiaridades del mercado de la vivienda español, estas iniciativas pueden tener recorrido aquí o quedarán arrinconadas como un efímero sindicato sin patrón.
Nunca, hasta los últimos años, en España la precariedad de los inquilinos se había tomado como un problema social, quedaba en el ámbito de los problemas privados de personas o familias más desfavorecidas. El alquiler, además, siempre ha sido el plan B. Apenas el 30% de las familias viven en ese régimen frente al 70% que se decanta por la propiedad. Todo lo contrario a lo que ocurre en la mayoría de los países europeos. Esta situación también implica que no existan, hasta ahora, grandes propietarios de viviendas destinadas al alquiler y que el mercado de propietarios esté totalmente atomizado.
La crisis supuso un punto de inflexión también en esta situación y propició un potente cambio de conciencia social. Muchas familias, de las que se podrían llamar "normales" se quedaron fuera del circuito de acceso a viviendas en propiedad al perder el trabajo y el acceso al crédito. Los desahucios de propietarios e inquilinos se multiplicaron desde entonces.
En 2013, la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas echó más leña al fuego. Tratando de paliar la mencionada indefensión del propietario, ese texto legal reduce el tiempo máximo de los contratos de alquiler de cinco a tres años. Más seguridad para los propietarios pero, según sus detractores, atenta contra quienes pretenden establecer un proyecto de vida a largo plazo sin comprar una vivienda.
A todo ello se suma el fenómeno (ya analizado en este Blog) de los alquileres turísticos. En ciudades como Barcelona o Madrid está contribuyendo a disparar los precios de los alquileres y obligando a los inquilinos de toda la vida a desplazarse a barrios más periféricos en un fenómeno que de expulsión económica que se conoce como gentrifricación.
Desde el estallido de la crisis, diferentes organizaciones sociales empezaron a preocuparse de este tipo problemas desde plataformas de vecinos como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vivienda Social de Cataluña (FAVIBC) hasta otras organizadas expresamente para atender los nuevos problemas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ahora, éstas junto a otra quincena de ellas se han unido para replicar una organización muy habitual en otros países como es la Unión de Inquilinos. El pasado 9 de mayo se presentó en en sociedad, en Barcelona, el Sindicat de Llogaters. Apenas tres días después, el 12 de mayo, nacía el Sindicato de Inquilinos Madrileño.
El nombre elegido, sindicato, tal vez no refleje muy bien en concepto su actividad, que como explicaron los fundadores de la plataforma de Madrid, está más cerca de lo que hace un lobby, es decir un grupo de presión con intención de influir en "los espacios en los que se dictan los precios".
Habrá que esperar a que echen a andar para ver qué margen de maniobra e influencia tienen estas organizaciones que han tomado como referencia algunas de las experiencias internacionales más destacadas. "Hemos tenido una intensa relación con los compañeros de Alemania y Gran Bretaña sobre todo, para poner en marcha el sindicato. Aunque somos conscientes de que su parque de viviendas en alquiler es totalmente diferente al nuestro", explica Albert Arnau, presidente de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, una de las integrantes del nuevo Sindicat de Llogaters.
Las uniones de Inquilinos, experiencias casi centenarias
Las referencias son múltiples. Las primeras uniones de inquilinos datan de principios del siglo XX. La Mietervereinigung austríaca, es una de las pioneras ya que lleva en funcionamiento desde 1911. En 1923, hay referencias en Gran Bretaña de que organizaciones de inquilinos de granjas rurales habían conseguido presentar un representante en las elecciones locales. En Suecia también se habían dado ya las primeras experiencias.
En 1924 austriacos y suecos se unieron para poner en marcha el Sindicato Internacional de Inquilinos con la idea de contrarrestar el poder de la recién creada Asociación Europea de Propietarios. Pronto se unió también la organización alemana muy activa en la defensa de los inquilinos en la depauperada Alemania de preguerras. Su grito de "Inquilinos de Europa unios" lanzado en 1296 quedó ahogado apenas llegaron los primeros rumores de enfrentamiento bélico. La Segunda Guerra Mundial dejó el proyecto en letargo y no fue hasta los años 50 de siglo pasado cuando volvió a retomar el brio. En octubre de 1957 se constituyó formalmente lo que es ahora el Sindicato Internacional de Inquilinos con las asociaciones de: Austria, Suiza, Alemana del Este, Dinamarca y Suecia. Las últimas organizaciones en adherirse a este Sindicato Internacional son las dos españolas y, en total, ahora cuenta con 67 asociados de 46 países de todo el mundo.
Pero si hay una época dorada en este tipo de activismo esa es la de los años setenta del siglo XX. En 1974 se publica la Carta Internacional del Inquilino a modo de carta de los derechos humanos, pero centrada en el derecho a la vivienda de calidad y asequible. Durante esa década también es cuando comienzan a proliferar asociaciones, uniones o sindicatos de inquilinos en las principales ciudades estadounidenses como Nueva York, San Francisco...
Desde ese mismo año, la organización Cushing Dolbeare, National Low Income Housing Coalition analiza los datos del mercado inmobiliario estadounidense para denunciar el gap existente entre los salarios medios y los precios de los alquileres y alertar públicamente de las dificultades de las familias medias para acceder a viviendas decentes. El activismo inmobiliario ha conseguido en EEUU la aprobación de numerosas leyes que autorizan los alquileres de precio controlado que evitan subidas disparatadas de las cuotas. Lo cual no evita los continuos enfrentamientos entre propietarios e inquilinos. En un país donde es posible que un solo propietario sea el 'casero' de centenares o miles de arrendatarios es fácil encontrar asociaciones o uniones de inquilinos contra un único casero.
Tal vez, uno de los casos más famosos de este activismo contra un único casero, sea el que se organizó en los años 80 contra el que ahora es presidente de los EEUU. Los inquilinos de uno de los edificios de** Donald Trump** en la quinta avenida de Nueva York se unieron para luchar en los tribunales contra sus abusos. El empresario había comprado un inmueble en frente de Central Park e inició una política de acoso para conseguir que inquilinos que hasta entonces disfrutaban de rentas controladas muy por debajo de la media de los alquileres de la zona abandonaran su propiedad. Como ha contado el periódico The New York Times, la labor de las asociaciones de inquilinos fue clave para luchar contra el magnate.
Nueva York es uno de los mejores ejemplos de las subidas abusivas de los alquileres y donde la gentrificación es más habitual. Casi dos tercios de las casas en Nueva York son de alquiler. La presión de las asociaciones de inquilinos desde los años setenta del siglo pasado ha conseguido que el 65% de las viviendas tengan alquileres estabilizados. Es decir, cuantías que son establecidas cada año por un organismo nombrado por el alcalde. Además, las leyes estadounidenses obligan a las oficinas de vivienda municipales a informar a los inquilinos de la existencia de este tipo de sindicatos tanto los públicos como los privados. Incluso, existen normas que impiden discriminar a los inquilinos que formen parte de estas organizaciones que son similares a las que rigen para los trabajadores que se adhieren un sindicato tradicional.
A pesar de esas precauciones, son emblemáticos ejemplos de gentrificación como el del barrio de Harlem. En la actualidad, son los vecinos de Brooklyn, organizados en torno a la Crown Heights Tenants Union, quienes están tratando de impedir que vecinos con rentas asequibles estén abandonando el barrio dando paso a otros de clases más pudientes.
En Europa, el poder lo apuntalan las bases
En Europa, el poder de las uniones de inquilinos se ha forjado ganando socios. "Las cuotas de los socios son la mejor manera de mantenerse independientes y convertirse en un actor de peso en la sociedad alemana", asegura Albert Arnau.
Las asociaciones con mayor fuerza como la German Tenant Asociation no solo consiguen regulaciones más justas para los inquilinos también han llegado a negociar descuentos en suministros, e incluso en actividades culturales y sociales que nada tienen que ver con la vivienda. Su última conquista, consiste en lo que según ha explicado Magnus Hammar, presidente de Unión Internacional de Inquilinos, en una entrevista publicada en Eldiario.es, se llama "freno de los alquileres". Una legislación que impide, en un centenar de ciudades, que suban los alquileres más de un 15% en tres años. La clave de este éxito no es que esto se impida cuando los inquilinos están ocupando la vivienda, es que tampoco se puede hacer en el momento del cambio de contrato, puesto que es en ese caso cuando se disparan los precios. "Además, ofrecen potentes servicios de asesoría jurídica a disposición de todas las necesidades de los inquilinos", cuenta Arnau.
Tomarlos como referencia está bien, pero los recién creados sindicatos españoles son conscientes de igualar a sus hermanos mayores es un reto complicado. Solo por comparar datos. La organización de inquilinos germana cuenta con 1,2 millones de asociados. Los sindicatos mayoritarios de trabajadores españoles apenas llegan al millón.
Los británicos, otros de los principales interlocutores de los sindicatos españoles, basan su poder de negociación en asociados institucionales. Este modelo que también es el que prolifera en Holanda, por ejemplo, da protagonismo a entidades privadas sin ánimo de lucro de que ofrecen alquileres asequibles de manera organizada y que son las que se unen para negociar con las administraciones públicas o los grandes propietarios. Nada que ver con el cuerpo a cuerpo que implica en España negociar el precio de un alquiler."Tal y como está ahora la legislación española, estamos hablando de contratos privados en los que las condiciones se fijan entre las partes. El margen de presión por parte de un externo es nulo", explica el abogado Marcelino Tamargo.
Tal vez el modelo que más podría encajar con la idiosincrasia del alquiler español es el que está presente en países como Austria o Finlandia. Allí, la defensa de los derechos del inquilino se gestiona de forma similar a la de cualquier consumidor, a través de organizaciones con capacidad de presión política, pero también receptoras de fondos públicos. Es decir, exactamente igual que funcionan en España los sindicatos de trabajadores de toda la vida. Aunque no es que este sea el mejor ejemplo de organización de éxito al que se puede recurrir, al menos, en este momento histórico.
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