Propuestas económicas del PP para el 20N

El programa del PP para las elecciones, que podéis ver íntegro en este enlace, contiene entre otras cosas las propuestas en materia de empleo y económicas del partido que lidera la oposición en la actualidad, trataré de resumirlas en este post meramente informativo, para que podáis hacer las valoraciones que estiméis oportunas.

En este post, como en los anteriores dedicados a los demás partidos, no toca analizar las propuestas, sino sólo exponerlas para que las vayáis valorando, en próximos artículos los redactores iremos valorando las distintas propuestas, pero ahora paso a exponeros las propuestas del PP, extractadas directamente de su programa en el que dedican a economía unas 50 páginas de las más de 200 que ocupa. Algunas de las medidas aparecen repetidas en varios apartados, ya que afectan a distintas áreas, las he dejado tal cual, por si algún lector salta directamente a algún apartado de su especial interés y no se lee todo el texto.

Estabilidad y reformas para el empleo

El Partido Popular promete llevar a cabo reformas económicas estructurales y actuaciones decididas. Se centrará para ello en tres ejes: la estabilidad macroeconómica en el contexto de la Unión Económica y Monetaria; la competitividad,flexibilidad y unidad de los mercados; y la movilidad social y el bienestar. Para conseguirlo propone lo siguiente:

Una política fiscal y presupuestaria decidida a atajar el déficit estructural de las cuentas públicas.
Una reforma del sector financiero que permita el acceso de empresas y particulares a una financiación en condiciones internacionalmente competitivas.
Una reforma laboral que ponga fin a la dualidad, permita la creación de empleo estable y genere oportunidades para todos.

Una ambiciosa agenda de competitividad que favorezca la creación de un tejido empresarial amplio y sólido, que abra nuevas oportunidades de empleo.

España, competitiva en el euro

Con el objetivo de conseguir que España sea competitiva en el euro, el PP propone las siguientes medidas:

Presentar un plan completo y coherente de reformas estructurales para la estabilidad presupuestaria, el saneamiento del sector financiero, la liberalización de la economía, la reforma laboral y el impulso de la competitividad.
Proporcionar un marco de claridad y certidumbre con objetivos, medios y acciones que permita el éxito de España en el euro.
Llevar a cabo en el primer año de legislatura una revisión generalizada del gasto para el conjunto de la administración, de forma que se puedan establecer prioridades dentro de la política general de austeridad y evitar solapamientos.
Fijar un marco legal e institucional específico para garantizar la unidad del mercado que establezca sus principios rectores, ámbitos de aplicación y los mecanismos interterritoriales de solución de conflictos para asegurar la libertad económica, fomentar la competencia y garantizar la igualdad en el acceso a los bienes y servicios en toda España.
Impulsar la unidad del mercado y la simplificación administrativa bajo los principios de legislación de origen y licencia única para que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica pueda ser ofertado libremente, y sin necesidad de modificación o trámite adicional, en cualquier punto del territorio español.
Propiciar la sustitución de los controles y licencias previos para el establecimiento de actividades empresariales por mecanismos de control y sanción a posteriori basados en el principio de proporcionalidad, excepto para aquellos casos que afecten a la seguridad pública.
Reforzar los mecanismos de regulación y competencia mediante la reforma de la Comisión Nacional de la Competencia con departamentos sectoriales especializados para que aglutine y dé coherencia a toda la regulación sectorial bajo los principios de competencia y unidad del mercado.
Aplicar en la normativa estatal, y promover en todos los niveles de la administración la adopción de los estándares internacionales de mejor regulación bajo los principios de necesidad, simplicidad, proporcionalidad, transparencia, consistencia y subsidiariedad.
Fomentar que los instrumentos de ordenación del territorio aprovechen todo el potencial de desarrollo industrial, tecnológico y comercial, por su impacto en la creación de empleo.
Impulsar la internacionalización de las empresas mediante la simplificación y la evaluación sistemática de todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización para renovarlos, reorientarlos y mejorar su eficacia. En particular, reestructurar la red de oficinas comerciales, mejorar la coordinación entre los distintos organismos facilitadores de la internacionalización y evitar las duplicidades.
Desarrollar un plan general de marca España que ponga al servicio de los exportadores e inversores la imagen de un país de excelencia en todos los ámbitos.

Impulsar, en coordinación con los socios europeos, la culminación por parte de la Unión Europea de acuerdos de libre comercio favorables a los intereses españoles. Promover una conclusión equilibrada de la Ronda Doha en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que aumente la libertad de comercio y favorezca el crecimiento económico.

Las cuentas públicas, en orden

Para la consecución de este objetivo se propone desde el PP el siguiente conjunto de medidas:

Promover una nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria para el desarrollo de la reciente reforma constitucional. Establecer en la ley los mecanismos de participación del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Precisar los procedimientos de distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas administraciones, los supuestos excepcionales, la forma y plazo de corrección de las desviaciones, y las responsabilidades derivadas de sus incumplimientos.
El proceso presupuestario del Estado tendrá en cuenta la evaluación de las políticas y programas de gasto para conseguir una reducción eficiente del gasto público estructural. Llevar a cabo en el primer año de legislatura una revisión generalizada del gasto de forma que se puedan establecer prioridades dentro de la política general de austeridad, a fin de mantener los servicios públicos fundamentales.
Reforzar la estabilidad presupuestaria con el establecimiento de reglas y techos de gasto para todas las administraciones, límites estrictos y conocidos a priori al endeudamiento, y la adaptación de los ingresos de los modelos de financiación territorial al crecimiento potencial de los ingresos tributarios.
Llevar a cabo un plan de austeridad que comprometa al conjunto de las administraciones, elimine gastos superfluos y duplicidades, e introduzca incentivos a la eficiencia. Racionalizar y, eventualmente, suprimir aquellos organismos, entes públicos y entidades instrumentales cuyas funciones pueda asumir la administración sin perjuicio de la labor que desarrollen. Fomentar una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y los alquileres de todas las administraciones.
Reforzar las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria.
Incrementar la transparencia y la información sobre la situación económico-financiera de todas las administraciones públicas, homogeneizando para todas ellas los plazos, periodicidad, formatos y criterios de presentación de la información.
Promover la clarificación de competencias entre las distintas administraciones públicas e impulsar los acuerdos entre los titulares de la competencia y quienes ya las ejercen para evitar solapamientos, duplicidades e ineficiencias en la prestación de servicios.
Garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios del bienestar, incentivando el uso de modelos eficientes de colaboración público-privada con responsabilidad y control públicos. Fomentar una mayor libertad y responsabilidad individual en los servicios públicos.

Modificar la ley de subvenciones y reordenar el régimen de ayudas y subvenciones, restringiendo el uso de subvenciones nominativas, e incrementando los controles y la transparencia en la concesión, ejecución y evaluación del impacto de las mismas. Definir criterios y procedimientos homogéneos para su concesión y su justificación.

Crédito para financiar la recuperación

Prometen desarrollar una política financiera activa, con una mayor capacidad de anticipación y prevención en torno a tres grandes ejes: estabilidad financiera, transparencia de los mercados y protección de los consumidores. Para conseguirlo proponen las siguientes medidas:

Culminar el saneamiento y la reestructuración del sistema financiero.
Facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen. La puesta en el mercado de ese patrimonio se hará con criterios de transparencia, concurrencia y supervisión independiente.
Acelerar la reforma de las cajas de ahorros para garantizar la mejor gestión posible de la actividad bancaria con reglas de mercado, y para separar la obra social de la actividad financiera.
Reforzar y exigir las responsabilidades debidas a aquellos gestores que hayan incurrido en una administración desleal o negligente.
Impulsar que la retribución variable de los gestores de entidades financieras se vincule a los resultados a largo plazo. Limitar la remuneración de los gestores de aquellas entidades que requieran de ayudas públicas.
Asegurar que los clientes hipotecarios dispongan de toda la información necesaria para su toma de decisiones. Reformar la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable.
Potenciar el desarrollo de los mecanismos no bancarios de financiación empresarial. Impulsar el desarrollo de los mercados de capitales a través de la modernización y mayor eficiencia de sus infraestructuras y del fomento del ahorro a largo plazo y previsional. Fomentar el desarrollo de los mecanismos de participación en el capital empresarial como business angels, capital semilla o private equity.
Acelerar la trasposición del conjunto de normas europeas aplicable al sistema bancario y financiero, actualmente en discusión, de forma que el mercado español esté al final de la legislatura en una posición de cabeza dentro de la Unión Europea en materia prudencial, de transparencia de los mercados, y de buen gobierno y protección al consumidor.
Reformar la estructura de supervisión financiera española dotando al Banco de España de las competencias de vigilancia prudencial sobre todas las entidades financieras, crediticias o no, y reforzando sus capacidades de análisis prospectivo y control macroprudencial, siguiendo las mejores prácticas internacionales.

Reformar la Comisión Nacional del Mercado de Valores ampliando sus competencias para que vele adecuadamente por el buen funcionamiento de los mercados financieros y proteja a los ahorradores y consumidores.

Empleo seguro y flexible para todos

Se proponen alcanzar como reto ineludible un mercado de trabajo justo, seguro y flexible; para ello pondrán en práctica las siguientes medidas:

Poner en marcha una reforma integral del mercado de trabajo que dé respuesta al drama social sin precedentes que representa un país con cinco millones de parados. Esta reforma integral supondrá un cambio coherente y coordinado de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación.
Simplificar la tipología de contratos laborales para reducir la temporalidad y dar expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad a todos los trabajadores y empresas.
Impulsar, de forma acompasada a la recuperación económica, la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al desempleo y que favorezca la movilidad y la formación continua.
Reformar la estructura y contenidos de la negociación colectiva de modo que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial óptimo para asegurar la competitividad económica, la sostenibilidad del empleo y la unidad de mercado. Tendrán prevalencia en cuestiones salariales y condiciones de trabajo los convenios o acuerdos de empresa que pacten los empresarios y los trabajadores.
Promover mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las condiciones de trabajo en las empresas que mejoren su adaptación a los cambios en los mercados y promuevan el mantenimiento del empleo.
Permitir la cotización por el tiempo real de actividad profesional a aquellos trabajadores que ya coticen a jornada completa en el régimen general y que viene obligados a cotizar en el RETA a tiempo completo cuando realizan una actividad económica alternativa.
Favorecer la adecuación de la regulación laboral a las necesidades específicas de autónomos y microempresas, proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.
Hacer efectivo el derecho individual a la formación permanente y la recualificación mediante la implantación de un bono formación, la apertura de la oferta formativa y la evaluación rigurosa de la efectividad de las políticas activas de empleo.
Impulsar la reducción de los periodos de transición en el desempleo a través de la eficaz colaboración público-privada en los servicios globales de empleo, permitiendo la gestión integral de los servicios de intermediación, selección de personal, puesta a disposición de trabajadores, recolocación y formación tanto a trabajadores como a empresas.
Reforzar los mecanismos de control y prevención para evitar los comportamientos abusivos que supongan un trato discriminatorio contra los trabajadores o un absentismo laboral injustificado.
Promover las medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar de todos los trabajadores, así como planes específicos de reinserción laboral reforzada para aquellos trabajadores que decidan reincorporarse al mercado de trabajo tras un periodo prolongado de inactividad por la atención a la familia.
Impulsar el desarrollo del teletrabajo.

Bonificar las cotizaciones sociales para los autónomos empresarios que contraten su primer trabajador no socio.

Más emprendedores para la creación de empleo

Con el objetivo de establecer un marco institucional, laboral y regulatorio que promueva el emprendimiento, la creación, desarrollo, crecimiento, renovación, innovación e internacionalización de proyectos empresariales generadores de empleo, valor y bienestar para la sociedad, proponen las siguientes medidas:

Impulsar una nueva ley para el apoyo a los emprendedores que favorezca las nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de la actividad de pymes y autónomos.
Aprobar un apoyo fiscal, por importe de 3.000 euros, por la contratación del primer trabajador que no tenga la condición de socio de una empresa de nueva creación. Bonificar las cotizaciones sociales para los autónomos empresarios que contraten su primer trabajador no socio.
Modificar, de acuerdo con la normativa europea, el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes.
Articular un mecanismo ágil y efectivo para compensar las deudas tributarias de pymes y autónomos con las cantidades que tengan reconocidas y pendientes de cobro por parte de la misma administración.
Mejorar el tratamiento fiscal de los beneficios de la actividad económica de pymes y autónomos reinvertidos en el propio proyecto empresarial para reforzar su capacidad de autofinanciación. Mejorar los métodos de amortización. Reformar la tributación por módulos teniendo en cuenta las circunstancias de las empresas y la gestión tributaria.
En el impuesto de sociedades generalizar la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20 por ciento y extender el ámbito de aplicación del tipo del 25 por ciento. Reducir y simplificar el sistema de deducciones.
Propiciar la sustitución de los controles y licencias previos para el establecimiento de actividades empresariales por mecanismos de control y sanción a posteriori basados en el principio de proporcionalidad, excepto para aquellos casos que afecten a la seguridad pública.
Agilizar los trámites de creación de empresas, asegurando una eficaz coordinación de todas las administraciones y los agentes públicos intervinientes, con el objetivo de que sea posible crear una empresa en 24 horas.
Fomentar los instrumentos de financiación empresarial alternativa como el capital riesgo, el capital semilla o la actuación de los denominados business angels, eximiendo de tributación las operaciones de ampliación de capital derivadas de estas inversiones. Impulsar la creación de fondos mixtos público-privados de capital riesgo.
Potenciar los instrumentos públicos de ayuda a la internacionalización de las pymes mediante su mejor coordinación y la evaluación permanente de su eficacia.
Favorecer el esfuerzo innovador de las empresas emergentes y de las pymes que desarrollen I+D+i.

Flexibilizar las condiciones de la línea del ICO para financiar las deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos, garantizando que es accesible a todos sus destinatarios.

Reforma fiscal para el crecimiento y la equidad

Para conseguir impulsar una reforma fiscal integral para modernizar nuestro sistema tributario, haciéndolo más equitativo, más eficiente y menos distorsionador de la actividad económica; el PP propone lo suguiente:

Modernizar el impuesto sobre la renta con el objetivo de favorecer el ahorro, la inversión y el empleo. Fomentar fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual.
Mejorar la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.
Elevar los mínimos familiares en el IRPF adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas.
En el impuesto de sociedades generalizar la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20 por ciento; extender el ámbito de aplicación del tipo del 25 por ciento. Simplificar el sistema de deducciones.
Mejorar el tratamiento fiscal de los beneficios de la actividad económica reinvertidos en el propio proyecto empresarial para reforzar la capacidad de autofinanciación de nuestras empresas, especialmente en el caso de pymes y autónomos. Mejorar los métodos de amortización. Reformar la tributación por módulos teniendo en cuenta las circunstancias de las empresas y la gestión tributaria.
Modificar, de acuerdo con la normativa europea, el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes.
Aplicar a la compraventa de viviendas habituales el IVA superreducido de forma transitoria. Reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales aplicable a la vivienda usada.
Transformar en una tasa el gravamen por actos jurídicos documentados de manera que no supere el coste de los servicios verdaderamente prestados.
Modernizar los procedimientos tributarios, potenciando las funciones de investigación en profundidad y concentrando las actuaciones en los grandes focos de fraude fiscal.
Adecuar la legislación sancionadora a la actuación de tramas organizadas de defraudación, la utilización de paraísos fiscales y otros delitos complejos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Mejorar los servicios y la colaboración de la Agencia Tributaria con los contribuyentes para que puedan así cumplir mejor con sus obligaciones fiscales y con menores costes indirectos.

Modernizar y agilizar la vía económico-administrativa sobre la base del rigor técnico y la independencia de su actuación respecto de la administración ordinaria. Permitir la impugnación directa de las consultas vinculantes.

Energía de calidad para impulsar la economía

Con el objetivo de promover que el sector de la energía se erija en factor de competitividad y desarrollo económico para España, proponen las siguientes medidas:

Desarrollar una política energética que garantice el suministro, la competitividad, la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. Contar con un mix energético equilibrado que tome en consideración todas las fuentes de energía existentes y las capacidades disponibles.
Fomentar el desarrollo y despliegue de las redes eléctricas inteligentes y de los dispositivos domésticos que permitan la gestión voluntaria de la demanda a través del suministro de información en tiempo real sobre los consumos.
Promover la reducción en la intensidad de uso del petróleo como fuente de energía primaria en el transporte.

Impulsar la armonización, reconocimiento y homologación en todo el territorio nacional de los criterios, requisitos, procedimientos, permisos, tasas e impuestos para la autorización, instalación, operación, ampliación,

Reforzar la coordinación entre administraciones en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de las energías renovables. Garantizar una integración eficaz de estas energías en el sistema eléctrico, contribuyendo a reducir las emisiones e incrementar la independencia energética.
Promover un marco regulatorio que facilite la reducción de costes, la eliminación del déficit tarifario y la sostenibilidad económica.
Gestionar los permisos de los emplazamientos nucleares conforme al cumplimiento de los estrictos criterios de seguridad impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear y las autoridades europeas, de forma que la prolongación de su operación redunde en un menor coste de la energía para los consumidores.
Completar la liberalización de los mercados energéticos y reforzar su competencia y supervisión.
Defender ante la Unión Europea, en el marco del desarrollo del mercado único europeo de la energía, el incremento de las interconexiones eléctricas y gasísticas transfronterizas, en especial a través de Francia, con los mercados centroeuropeos.

Dentro de los planes nacionales de I+D+i dar prioridad a los relativos a la energía y, en particular, a los programas de ahorro energético, energías limpias, sistemas de gestión y almacenamiento energético y generación distribuida.

Innovación para el empleo

Con el objetivo, entre otros, de mejorar la participación privada en la financiación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; se proponen las siguientes medidas:

Racionalizar y reorganizar los recursos públicos disponibles para el fomento de la innovación, eliminando duplicidades, señalando con claridad los objetivos perseguidos y facilitando canales únicos y bien definidos para la interlocución con la sociedad. Con el fin de buscar la excelencia innovadora, promover la concurrencia competitiva de proyectos y unificar y dar plena publicidad a los criterios de selección utilizados.
Generalizar los sistemas de evaluación con criterios comunes de medición de resultados.
Actualizar la estructura de incentivos fiscales que potencien la inversión en I+D empresarial, con atención preferente a las empresas emergentes, las pymes innovadoras y los sectores prioritarios como salud, energía y transporte, conforme a las mejores prácticas europeas. Impulsar el mecenazgo.
Apoyar decididamente a los centros tecnológicos, los centros de apoyo a la innovación tecnológica y los parques científicos y tecnológicos para la mejora de la competitividad de las empresas, potenciando la generación de conocimiento tecnológico, realizando actividades de I+D+i y desarrollando su aplicación. Restablecer los programas específicos orientados a la l+D estratégica, la cooperación entre centros y la participación en programas europeos.
Elaborar un mapa nacional de la innovación en el que se sitúen todas las instituciones y actores que forman parte del sistema nacional de I+D+i, así como las líneas de trabajo de cada institución. Impulsar los sistemas de vigilancia tecnológica que permitan un acceso rápido y eficiente de las empresas españolas a la mejor tecnología disponible a nivel mundial.
Promover la creación de empresas de base tecnológica. Impulsar que dichas empresas confronten la realidad del mercado desde su creación.
Crear un marco normativo que reconozca la figura de los inversores de proximidad o business angels, articulando los estímulos financieros y fiscales pertinentes para facilitar su financiación con capital riesgo, aplicables tanto a personas físicas como jurídicas.
Potenciar la compra pública innovadora con especial atención a las pequeñas y medianas empresas innovadoras. Crear un programa de demanda pública temprana de tecnología que incentive a las empresas a desarrollar soluciones tecnológicas para cubrir las necesidades futuras del sector público.
Fomentar el intercambio, con carácter temporal o permanente, de investigadores entre el sector público y el privado a través de incentivos que favorezcan la carrera profesional de los investigadores públicos.

Reforzar el marco legal para la protección de la propiedad intelectual e industrial.

Nuevas tecnologías para la modernización

Se proponen estimular el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación con actuaciones que fomenten las inversiones, para lo cual se apoyan en las siguientes medidas:

Impulsar el pleno desarrollo de la agenda digital de la Unión Europea.
Mejorar la regulación sectorial en materia de telecomunicaciones bajo los principios de competencia, simplicidad, unidad de mercado y neutralidad.
Suprimir el canon digital y sustituirlo por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual más justos y equitativos, basados en el uso efectivo de las obras.
Impulsar la extensión de las redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, y el desarrollo de nuevos servicios basados en ellas. Promover la eliminación de barreras normativas y administrativas al despliegue de estas infraestructuras.
Elaborar un programa de gestión eficaz del espectro radioeléctrico que fomente la rápida implantación de las redes de cuarta generación y el internet móvil de alta velocidad.
Estudiar la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura presupuestaria que estamos atravesando. Establecer legalmente techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos.
Impulsar las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.
Avanzar hacia el apagón del papel en la administración, mediante la elaboración de un plan nacional para la plena conversión de los servicios de la administración al entorno digital.
Reforzar la seguridad y proteger la privacidad de las personas como pilares esenciales del internet del futuro, mejorando la normativa en materias como la protección de datos personales y los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios de la sociedad de la información. Fortalecer la lucha contra los delitos en internet, con especial atención a la protección de la infancia.

Impulsar el acceso efectivo a internet por banda ancha en todo el territorio nacional como parte del servicio universal. Promover un internet abierto, sostenible y competitivo, libre de prácticas que impidan el desarrollo de nuevos proyectos, servicios y contenidos de la sociedad de la información.

Las infraestructuras que necesitamos

La política de infraestructuras tendrá como horizonte alcanzar de forma equilibrada los objetivos de cohesión territorial, movilidad ciudadana y competitividad, para lo cual proponen lo siguiente:

Desarrollar nuevas plataformas de conexión e intercambio modal y acometeremos la conexión de los puertos de interés general a los corredores multimodales y, en particular, de los puertos que formen parte de las autopistas del mar a los corredores ferroviarios de mercancías. El objetivo es que los puertos españoles se conviertan en verdaderos centros logísticos intermodales de proyección internacional.
Promover el desarrollo de una red de Alta Velocidad moderna, sostenible y eficiente, y favorecer su conexión con la red aeroportuaria.
Acometer planes específicos de mantenimiento y mejora de la red de carreteras del Estado que incorporen la introducción de nuevas tecnologías como los sistemas inteligentes de transportes que permitan incrementar la calidad del servicio, la seguridad a los ciudadanos y la sostenibilidad.
Mejorar los accesos y anillos de circunvalación por carretera a las grandes ciudades; promover un plan de cercanías ferroviarias que potencie la entrada de nuevos operadores y la seguridad en las estaciones, e impulsar la integración urbana del ferrocarril con otros modos de transporte para evitar la contaminación atmosférica y la congestión en la movilidad urbana y metropolitana.
Regular la obligación de todas las administraciones de actuar para acometer la supresión de los puntos negros y en aquellos tramos identificados como de concentración de accidentes. Reforzar la seguridad activa y pasiva de peatones, ciclistas y motoristas en nuestra red viaria, mejorar la señalización y extender la implantación de barreras protectoras adecuadas.
Adecuar los límites de velocidad de acuerdo a consideraciones objetivas que tengan en cuenta la siniestralidad, la contaminación, la calidad de la infraestructura, su trazado y la afección sonora, entre otras consideraciones.
Elaborar un protocolo común para la actuación de todos los servicios 112 existentes. Mejorar la coordinación de todas las administraciones en la atención a las víctimas de los accidentes de tráfico.
Completar la liberalización efectiva del transporte ferroviario de mercancías, promoviendo la entrada de nuevos operadores y agilizando los trámites de las licencias y permisos. Extender la liberalización y apertura del mercado al transporte de viajeros.
Redefinir el modelo de gestión aeroportuaria, acometiendo la liberalización del sector sobre la base de una gestión en competencia bajo supervisión pública.

Favorecer una gestión integral del agua que permita reducir el consumo, mejorar la eficiencia y evitar el deterioro de los recursos hídricos. Promover un gran pacto nacional basado, entre otros criterios, en los de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso en la propia cuenca con garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma, y solidaridad interterritorial.

Política de vivienda para el crecimiento y la cohesión

Con el objetivo de impulsar una política que mejore los niveles de accesibilidad a la vivienda y que proporcione los incentivos adecuados para poner en valor el actual stock de viviendas, surgen las siguientes medidas:

Aplicar a la compraventa de viviendas habituales, de forma transitoria, el IVA superreducido. Actualizar la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.
Modificar el impuesto de transmisiones patrimoniales para eliminar el efecto de tributación múltiple en cascada de las compraventas sucesivas que actualmente limita la movilidad laboral en España. Permitir la compensación tributaria entre alquileres pagados y percibidos cuando se ponga en arrendamiento la vivienda habitual y se alquile otra en el nuevo lugar de residencia.
Dotar al contrato de arrendamiento de mayor flexibilidad y libertad de pactos. Incrementar la seguridad jurídica a las partes y agilizar los mecanismos de resolución de conflictos.
Impulsar los programas de rehabilitación de edificios y viviendas.
Promover el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos consecuencia de las obras de rehabilitación aislada de viviendas y locales.
Impulsar de manera coordinada con todas las administraciones la rehabilitación de edificios situados en las zonas de mayor riesgo sísmico que hayan sido construidos hace más de 40 años.
Promover una mayor independencia en las valoraciones de las tasaciones inmobiliarias, limitando la participación accionarial o el control de las entidades de crédito en las sociedades de tasación.
Incrementar la protección y la información suministrada al cliente hipotecario, estableciendo la obligación de la entidad financiera de informar sobre el importe de la cuota del préstamo hipotecario a tipo variable en escenarios de alza de los tipos de interés y sobre el coste y condiciones de aquellas hipotecas que limiten sus garantías al bien hipotecado. Reforzar la protección del consumidor para garantizar el equilibrio entre las partes, con el fin de evitar cláusulas abusivas. En el caso de ejecuciones hipotecarias acelerar la introducción de subastas judiciales electrónicas que permitan ampliar el número potencial de licitadores y, en ausencia de éstos, elevar el porcentaje del valor de tasación por el cual la entidad financiera pueda adjudicarse el inmueble.
Reformar la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable.
Promover que los planes de vivienda en alquiler se concentren en aquellos que tienen mayores dificultades para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta criterios objetivos como la renta per cápita del hogar.
Impulsar los programas de arrendamiento bonificado con una opción de compra una vez que se dejen de cumplir los criterios de acceso al alquiler subvencionado.
Protocolizar los procesos de transformación del suelo mediante procedimientos públicos, transparentes y disponibles en internet, que respondan a criterios reglados y conforme a un planeamiento urbanístico abierto, flexible y ágil.
Delimitar las competencias del Estado en materia de urbanismo que exijan un tratamiento común en el conjunto del territorio. Promover sistemas de cooperación, asistencia y asesoramiento a los municipios pequeños por parte de comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, con respecto al planeamiento y a la disciplina.

Impulsar acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, que den respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda.

España, potencia turística mundial

Con el propósito de impulsar la competitividad de nuestro sector turístico facilitando una rápida adaptación del sector a los cambios, se proponen las siguientes medidas:

Presentar un plan integral de turismo, que valore el sector como prioritario, mejore su fiscalidad y desarrolle políticas trasversales entre todos los ministerios implicados en el sector. Para este objetivo buscaremos la colaboración de las comunidades autónomas y la participación del sector privado.
Simplificar la legislación en materia de turismo y reducir sus cargas administrativas.
Mejorar el tratamiento fiscal de aquellas pymes turísticas que reinviertan sus beneficios en ámbitos que potencien su competitividad y la de los destinos turísticos.
Acelerar las actuaciones del plan del turismo 2020, poniendo especial énfasis en el aumento de la calidad del servicio para mejorar nuestra competencia con respecto a otros destinos. Potenciar la marca España como referente de una oferta turística de calidad.
Favorecer una reconversión integral de zonas turísticas maduras y degradadas, basada en la calidad y la sostenibilidad, rediseñando el entorno y la oferta principal y complementaria.
Impulsar el desarrollo tecnológico de las pymes turísticas, y fomentar la utilización de las TIC en el sector para facilitar la comercialización de sus productos y aumentar su competitividad.
Desarrollar, en colaboración con el sector privado, planes específicos de desarrollo y promoción de formas de turismo con alto potencial desestacionalizador como el turismo cultural, de naturaleza, el náutico, el deportivo, el ecuestre, el cinegético, el gastronómico y enológico, o el turismo de golf.
Mejorar y facilitar los trámites en los Consulados de España en países potencialmente emisores de turistas, para agilizar la concesión de visados turísticos.
Potenciar la imagen de España como destino turístico de calidad, modernizando y mejorando la red de oficinas de turismo de España en el exterior.
Apostar por la celebración de grandes acontecimientos culturales y deportivos en España. Promocionar en el extranjero la marca Paradores Nacionales de turismo.

Incrementar la percepción de seguridad como factor indispensable para el mantenimiento del turismo de calidad y perseguir el vandalismo en las zonas turísticas.

Un sector agroalimentario competitivo y vertebrador

Para promover el desarrollo de un entorno rural con futuro, generador de empleo y riqueza, estas son las medidas que se proponen desde el PP:

Elaborar una estrategia nacional para la aplicación y defensa de la nueva PAC en el marco de una política agraria nacional que concrete los criterios para su puesta en marcha a nivel territorial. Definir políticas complementarias de desarrollo en colaboración con las comunidades autónomas.
Promover la optimización de los factores técnicos de producción agroalimentaria para incrementar la base productiva de las explotaciones.
Potenciar las cooperativas y las organizaciones de productores como estructuras integradoras de la oferta y elementos dinamizadores de los distintos sectores productivos.
Poner en marcha el diseño de una estrategia nacional para la prevención y gestión de crisis en el sector agrario.
Potenciar la innovación en nuestros sistemas de producción, y en nuestras industrias agrarias y alimentarias, a fin de que se conviertan en un referente a nivel europeo e internacional. Apoyaremos las agrupaciones de interés económico para captar recursos y desarrollar proyectos que proporcionen valor añadido.
Promover la incorporación de jóvenes a la actividad agraria para frenar el abandono del campo y el envejecimiento de la población rural, así como para facilitar el relevo generacional. Impulsar la participación efectiva de la mujer en la gestión de las explotaciones.
Reducir la carga administrativa para la implantación de nuevos proyectos empresariales en el ámbito rural con el fin de facilitar su desarrollo.
Abordar un programa de evaluación de instalaciones industriales agroalimentarias, con el fin de identificar su situación actual y los riesgos que afectan a su capacidad de competir con industrias de otros países en los diferentes mercados.

Fomentar la internacionalización del sector agroalimentario español, mediante la promoción de su industria y el apoyo a la implantación de nuestra gastronomía en el ámbito europeo e internacional.

Pesca sostenible y con futuro

Para conseguir fortalecer la competitividad del sector pesquero tomando las medidas necesarias para aumentar su rentabilidad, se propone lo siguiente:

Estimular la aplicación de los fondos estructurales a los procesos de diversificación de las actividades costeras para reducir el impacto de la aplicación de la nueva Política Pesquera Común.
Actualizar la normativa para adaptarla a la nueva Política Pesquera Común y a sus criterios de gestión y ordenación, de forma que resuelva de manera eficaz, rigurosa y permanente la regularización de la flota.
Incorporar al ordenamiento jurídico medidas dirigidas a disuadir la pesca ilegal.
Fomentar la cooperación vinculada a los acuerdos de pesca, en el marco de la nueva Política Pesquera Común.
Impulsar la renovación y modernización de los buques pesqueros y las inversiones productivas en terceros países.
Impulsar la investigación de la actividad pesquera, marisquera y acuícola en el próximo programa marco europeo de I+D+i. Promover una línea europea de investigación que integre los estudios socio-económicos relacionados con el mar. Fomentar la investigación oceanográfica y pesquera para contribuir a la recuperación del caladero nacional y el sostenimiento del hábitat marino.
Impulsar la promoción comercial específica de productos obtenidos de la actividad pesquera. Facilitar la implantación y desarrollo de sistemas de seguimiento y trazabilidad.
Reforzar la estructura empresarial de la transformación y comercialización mediante el fomento y estímulo de la integración progresiva de empresas y el apoyo de su especialización productiva, con atención prioritaria al fortalecimiento de su capacidad de internacionalización.

Promover la colaboración internacional en la lucha contra la piratería, coordinando mejor medios y acciones.

La industria como factor de competitividad

Se propone una política industrial que se dirija hacia el fomento de la innovación, imprescindible para asegurar la recuperación de la competitividad de nuestra economía, siguiendo estas medidas:

Acometer las reformas estructurales necesarias para que las empresas españolas no se enfrenten a costes del capital y de producción más caros que sus competidores.
Impulsar el desarrollo de la industria española con actuaciones dirigidas a facilitar la innovación, los procesos de crecimiento empresarial, el aumento de la intensidad exportadora y la simplificación del marco regulatorio.
Garantizar la igualdad de condiciones de los sectores industriales que se benefician de sistemas de amortización acelerada respecto a sus competidores de la Unión Europea, defendiendo el actual sistema o adaptándolo con efectos equivalentes a la normativa en vigor en otros países. Flexibilizar los requisitos necesarios para acogerse a la libre amortización.
Impulsar la internacionalización de la industria española, fortaleciendo los canales comerciales en los mercados donde existe mayor presencia del sector, y abriendo nuevos mercados. Orientar a estos fines la red de oficinas comerciales, unificando las actuaciones y evitando duplicidades.
Apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en el sector industrial. Respaldar a los emprendedores a través de actuaciones de apoyo en los procesos de gestación, puesta en marcha y de impulso a la consolidación de la actividad industrial.
Fortalecer y desarrollar los clusters de innovación, basados en iniciativas conjuntas de las empresas que aprovechen la relación clienteproveedor para potenciar las ventajas competitivas. Prestar especial atención a los procesos de modernización de nuestros sectores más tradicionales como la industria textil, el calzado, la madera o el juguete, entre otros.
Promover a través del impulso de las plataformas tecnológicas de colaboración público-privada, la actividad innovadora de las empresas en ámbitos estratégicos para la economía española, así como para el desarrollo tecnológico y de áreas de innovación de especial relevancia social.

Impulsar aquellos sectores productivos más vinculados con el desarrollo de las actividades de ciencia e innovación y los de mayor capacidad de internacionalización. Prestar especial atención a la automoción, la biotecnología, la agroalimentación, las tecnologías de la salud, las TIC y los contenidos digitales, la química, los sectores relacionados con la energía y la protección medioambiental, el sector naval, aeroespacial y de defensa, y la máquina-herramienta.

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