El precio de la luz está haciendo de temblar a los españoles como nunca antes había sucedido. Y no de frío precisamente. Se están alcanzando cotas históricas casi diariamente y de seguir así la cosa no es arriesgado pensar que se puede llegar a ver el kilovatio en 1.000 euros.
La luz lleva un año desbocada pero la guerra en Ucrania le ha dado la puntilla. ¿Por qué? Por la dependencia energética que tenemos de Rusia, sobre todo en lo concerniente al gas, pues el 40% del que se consume en Europa procede de este país.
Si bien hablamos de la electricidad, se preguntarán muchos, ¿por qué influye tanto en la factura de la luz? Pues porque, por desgracia, el precio del gas es el que más influencia tiene en el precio eléctrico.
Por ello, es urgente buscar medidas y pronto que den un respiro a los ciudadanos porque si esto sigue así, la situación va a ser insostenible. Muchos negocios pueden cerrar, con el paro que eso conllevaría. De hecho, los sindicatos ya estiman que se pueden perder un millón de puestos de trabajo por esta inesperada crisis.
Pero, ¿qué puede hacer el Gobierno en esta tesitura? Recordemos que ya tiene congelado el IVA de la luz en el 10% y el impuesto especial al precio de la energía. Pero esto ya hemos visto que no ha servido de nada.
Situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas
Pedro Sánchez ha anunciado que va a poner en marcha** bajadas de impuestos** en los sectores especialmente afectados por la guerra, es decir, el eléctrico y el de los carburantes, pues no podemos olvidar el problema de la gasolina.
Pero ya ha avanzado que urge reformar el mercado energético nacional para poner coto al gas. Porque lo que ocurre en Europa es que, inexplicablemente, el mercado mayorista eléctrico se rige por los precios del gas GNL.
Es decir, cuando se fija el precio de la electricidad se toma como referencia el del gas, y si éste sube, la electricidad también. Por ello, la medida que conviene acatar es desligar una energía de la otra, también para quitar esa dependencia de Rusia a futuro y Europa ya trabaja para ello. De hecho, España ya tiene un plan sobre esto que va en línea con la UE.
El mercado de la luz en Europa es un mercado marginalista que lo que supone que todos los productores de energía la venden al precio más caro. En este caso, como ya hemos dicho, la energía que más peso tiene en la fijación del precio final es el gas. Por tanto, la medida que sería más efectiva sería sacar el gas del mercado marginalista, también llamado pool energético.
De hecho, la UE baraja hacerlo, algo que es del agrado del Gobierno español, pues de este modo no tendría que bajar los impuestos eléctricos más. Si bien esta medida podría tardar un poco si es que se toma, porque el próximo Consejo Europeo, donde se podría tomar esta decisión, es a finales de este mes, por lo que se notaría en abril.
Otra opción que pone Bruselas encima de la mesa es fijar un precio regulado o límite para los ciclos de generación de gas, pero eso es más complicado porque se estaría interviniendo directamente el mercado, ya que el gas es una Commodity internacional cuyo precio se fija en el mercado, por lo que para hacer eso habría que asumir un coste que tendrían que pagar los Estados.
¿Y qué pasa con la parte impositiva? Que ya sabemos que es una parte importante de la factura. Se podría congelar el IVA, que ahora mismo es del 10%, además de introducir un impuesto a los beneficios extraordinarios que las eléctricas reciben por el precio del gas, que de hecho están ya retraídos hasta el 31 de marzo próximo.
Se debería introducir un tributo fijo y subvencionar después la factura. Y, por supuesto, acelerar el bono social eléctrico, que al ir ligado al famoso Ingreso Mínimo Vital (IMV) no está teniendo éxito, pues casi nadie hoy en día se beneficia del IMV.
Además, el cambio a las renovables ya no debe demorarse, sobre todo cuando España es el país de la UE con más horas de sol y está situado en una posición estratégica para traer el gas a Europa de lugares como Argelia.
Alternativas tenemos, por tanto, pero tendrán un coste al Estado y habrá que ver hasta dónde está dispuesto a comprometer el crecimiento económico en pos del bienestar de la sociedad.