El Gobierno presentó el viernes en el Consejo de Ministros su reforma para la Administración Pública. Como en todos los ámbitos, siempre hay margen de mejora y en estos tiempos con tan poco presupuesto disponible (no hay que olvidar que todas las administraciones tiran de deuda para financiar sus gastos) era imprescindible que se presentara una reforma integral, no meros parches.
Sin embargo las ideas presentadas dejan en el tintero algunas reformas imprescindibles. Como en todo lo que hace, el Gobierno ha sido poco ambicioso en esta reforma. Seguramente porque al final los que más tienen que perder con una reforma ambiciosa son los miembros del PP, que ahora mismo gobierna prácticamente en todas partes.
Eliminar duplicidades, una buena idea
Una de las claves de esta reforma es la eliminación de duplicidades entre administraciones. Y tiene sentido, ya que pagar dos veces por hacer lo mismo no tiene ninguna lógica. Sin embargo parece que la duplicidad en todo momento ha ido por el lado de eliminar organismos de las Comunidades Autónomas.
No hay que olvidar que el Estado ha cedido determinadas competencias a las Comunidades Autónomas, como Educación y Sanidad. Y sin embargo, sigue existiendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad. No digo que no deba haber un coordinador de las políticas públicas de las distintas Comunidades Autónomas, pero la estructura Ministerial no puede ser la misma que antes del traspaso de las competencias.
En definitiva, está bien eliminar duplicidades, pero el Gobierno central sólo ve paja en el ojo ajeno. Y no se ha planteado por ejemplo si era mejor tener un defensor del pueblo en cada Comunidad Autónoma, más cercano, o uno único a nivel estatal. Simplemente se ha optado por la forma de hacer las cosas más tradicional.
Número de funcionarios, reconociendo lo evidente
Una crítica que oye mucho dentro de España es que nuestro número de funcionarios es muy alto. Pero el Gobierno ha puesto las cosas en su sitio: el 75% de los funcionarios son profesores, médicos o forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sólo el 25% de los funcionarios son "burócratas".
Y la burocracia es necesaria, vaya que si lo es. Es lo que nos permite ser un país civilizado. Pero también es cierto que con Internet muchos trámites podrían ser más simples y rápidos. No tiene sentido que haya procesos que sean iguales ahora que hace 30 años. Por ejemplo, registrar una empresa. Hay una serie de comprobaciones que hacer que antes podían demorarse días, y hoy, si tuviéramos los medios necesarios podría ser cuestión de minutos (es cierto que el ejemplo que pongo quizá no sea el mejor, ya que hay procedimientos abreviados para la creación de empresas; la pregunta sería por qué siguen existiendo los procedimientos "clásicos").
Publicidad institucional, ¿sigue teniendo sentido?
Otra cosa que pretende el Gobierno es que la publicidad institucional se contrate agrupando las administraciones, para obtener mejores precios. La idea tiene su lógica, aunque yo veo detrás una estrategia muy poderosa para dar dinero público a los medios afines y tradicionales en detrimento de las nuevas tecnologías.
Lo que deberíamos plantearnos es si realmente es necesaria la publicidad institucional tal y como la conocemos. Miremos por ejemplo la cuenta de twitter de la Policía, que ha llegar recientemente al medio millón de seguidores. ¿Con qué campaña ha logrado jamás la Policía tener tanta atención permanente de sus ciudadanos? ¿Y cuánto cuesta mantener la cuenta? Quizá la publicidad en medios debería limitarse a casos muy concretos y usar herramientas más baratas para explicar a los ciudadanos lo que deben saber (y dejar de hacernos pasar vergüenza ajena como con la campaña del FROB).
Transparencia, lo que apenas se ha tocado
Uno de los pilares que debería ser esta reforma de la administración apenas se ha tocado. La transparencia. Antes era muy difícil ejercer la transparencia de las administraciones. ¿Quién se iba a molestar en ir a un ayuntamiento remoto para ver si la concesión para reparar una calle estaba dentro de lo normal o no? Se requiere un cuerpo de interventores muy poderoso para evitar las corruptelas.
Sin embargo ahora es muy fácil. Todas las administraciones deberían volcar todos sus concursos y gastos a una base de datos única, y esta base de datos debería ser accesible por los ciudadanos. Además debería haber APIs para que cualquiera que lo desee pueda extraer datos. Esto permitiría un control sobre el gasto público brutal. No es la panacea, está claro, pero con tal cantidad de datos disponibles seguro que surgen grupos con ganas de investigar dónde hay corrupción.
Diputaciones y Senado, al proyecto le falta ambición
Y lo más frustrante de la reforma es que apenas se toca la estructura del Estado. En España estamos siguiendo un camino contrario al de Europa. En lugar de reducir el número de ayuntamientos los estamos aumentando. Tenemos más de 8.000 ayuntamientos, una barbaridad. Otros países, como Suecia, Reino Unido o Dinamarca, redujeron el número de ayuntamientos en el pasado, y no superan el millar.
La solución del Gobierno es dejar el número de ayuntamientos, quitarles competencias y dárselas a las diputaciones, cuyos miembros no se eligen en sufragio universal, sino de forma indirecta. Esta es una gran chapuza y denota la falta de ambición de este Gobierno.
Otro tema que habría que resolver es el Senado. Tenemos una cámara, con todos los gastos y retrasos en aprobación de leyes que esto conlleva, que no sirve para nada. Y digo que no sirve porque si el Congreso aprueba una ley y el Senado la rechaza, esta ley vuelve al Congreso donde se puede volver a aprobar y ya está. ¿Qué sentido tiene esto? Tenemos dos opciones: o convertimos de verdad el Senado en una cámara territorial (pero entonces el Congreso debe dejar de elegir a sus miembros por provincias, pues al final ambas cámaras son territoriales) o eliminamos el Senado (hay países unicamerales y no hay problemas).
Por supuesto sobre el caso del Senado llevamos hablando años y nadie se decide a hacer nada. Es como casi todo lo que no funciona en España, en lugar de reformarlo lo dejamos como está porque los afectados se quejan mucho. Y así seguimos, con un país con un 27% de paro y haciendo reformas tímidas, poniendo parches pensando que así se arreglan las cosas.
Conclusiones
Tal y como ha planteado el Gobierno, España necesita una reforma de las Administraciones Públicas, que las adapte a los tiempos que corren, necesitando menos recursos para realizar sus tareas debido al incremento de productividad que han traído las nuevas tecnologías.
Sin embargo, y como siempre que el Gobierno aprueba algo, la reforma es poco ambiciosa. Toca cuatro cosas, dice que nos vamos a ahorrar una cifra escandalosa (y falsa) y todos tranquilos. Otra oportunidad perdida.
En El Blog Salmón | La tijera llega a la Administración pública