Seguimos dándole vueltas a los datos de la EPA publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y no podemos sino llevarnos las manos a la cabeza al comprobar que de los 6.202.700 parados, más de la mitad, 3.206.500 personas, son ya desempleados de larga duración. La tasa de desempleo que afecta a este colectivo asciende ya al 51,68 %.
El panorama para estas personas es desolador. Desde 2007 nuestro país ha destruido más de cuatro millones de empleos y durante este tiempo, gran parte de las víctimas de esta sangría laboral, siguen sin encontrar su hueco en el mercado de trabajo. Las consecuencias son terribles puesto que estas personas ya han agotado su prestación de desempleo o están en vías de hacerlo pronto. Además de esto, las consecuencias del paro de largo duración son numerosas. Quizás la más importante de todas sea que a medida que pasa el tiempo, los conocimientos y las habilidades de estas personas se vuelven obsoletos si no ha habido un reciclaje profesional continuo. De no ser así, el atractivo de estas personas para las empresas será nulo, lo que les condenará a no reengancharse nunca al mercado laboral.
El Gobierno debe dejarse de pantomimas y afrontar esta terrible fractura social que llama al desempleo a convertirse en estructural. Son necesarias medidas que faciliten la contratación de desempleados, reducciones de los seguros sociales y leyes que permitan emprender con facilidad. Estas cifras no son soportables por ninguna economía y ningún político parece estar por la labor de aportar soluciones reales que permitan combatir el problema. No nos merecemos esta situación.
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