El Congreso ha convalidado el decreto contra el empleo sumergido que ya comentamos en estas páginas cuando fue publicado en el BOE. Recopilando las líneas maestras, se establece un periodo de regularización voluntaria en las empresas para los trabajadores que se encuentren en situación irregular y a partir de agosto, se aumentan mucho las sanciones para aquellos trabajadores y empresas que se encuentren en una situación regular.
Este decreto ha pasado por el parlamento con más críticas que aplausos dado que se ha hecho hincapié en la falta de regulación y control para la contratación de inmigrantes en situación irregular o sectores tan complicados de supervisar como la asistencia a domicilio y empleadas de hogar.
Los principales objetivos que afirma el Gobierno que se van a conseguir con este decreto pivotan sobre la mejora de en la protección social de los trabajadores, punto ambiguo donde lo haya dado que aquellos trabajadores que sigan dentro del circuito de economía sumergida nunca van a ganar en derechos sociales y el objetivo de la reducción del déficit. Obvio, siempre y cuando el plan aflore un número importante de trabajadores desde la economía sumergida y que dejen de recibir prestaciones como el desempleo al entrar en el circuito laboral.
El plan es descafeinado y no ataca de verdad a la base del problema dado que no aporta alternativas para regularizar situaciones que no se contemplan. Un ejemplo, supongamos las clases particulares por parte de un estudiante que da diez o quince horas de clases a la semana por cuenta propia ¿puede permitirse cotizar en autónomos este estudiante? Evidentemente no, dado que no se contempla una cotización flexible para estas actividades.
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