El Gobierno del PSOE antes de finalizar el 2018 quiere tener listo un plan de choque para mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles. Entre las diferentes medidas que quieren implantar se está pensando en la contratación de 3.000 orientadores que ayuden a los jóvenes españoles a buscar empleo.
También se plantea la creación del estatuto del becario, ayudas para los emigrantes que quieran volver y reformas a la 'Garantía Juvenil'. Este plan está previsto que se aplique entre 2019 y 2021 marcándose como objetivo la disminución del paro de los menores de 30 años, del 28 por ciento, al 23,5 por ciento.
Nos podemos preguntar: ¿En qué consisten las medidas que quiere implantar el Gobierno del PSOE para reducir la tasa de paro en los jóvenes españoles?
El borrador del plan de choque se está negociando con las comunidades autónomas
El paro de los jóvenes españoles ha sido uno de los grandes problemas del mercado laboral, y no mejora como tendría que hacerlo después de iniciar los primeros pasos a una recuperación económica.
El Gobierno del PSOE está preparando un plan de choque junto a las comunidades autónomas, que serán la mayor responsabilidad para la ejecución al tener las competencias de las políticas activas de empleo, y los agentes sociales.
La novedades que incluye este plan de choque sería poner en marcha un plan de retorno a los jóvenes emigrados durante la crisis o recuperación de recursos que se hicieron recortes durante la crisis, aunque estas propuestas puede variar según la negociación con las comunidades autónomas.
Orientadores para ayudar a buscar empleo a los jóvenes
El Gobierno del PSOE pretende contratar 3.000 orientadores laborales. Esta cifra era la misma que había hasta el 2012. Una de las primeras medidas anticrisis fue contratar a 1.500 orientadores laborales para las comunidades autónomas.
A partir del 2012, estos puestos de orientadores laborales no se consolidaron, así que cuando llegaron los recortes, se les finalizaron los contratos que tenían. Fátima Báñez intentó recuperar al menos una parte de estos orientadores, pero al final no salió adelante la medida.
Ahora en las plantillas del SEPE y los servicios autonómicos hay alrededor de 23.000 empleados. De estos, alrededor de estos 6.000 son técnicos, en sus diferentes áreas, como orientación, recepción y prestaciones. Aunque, no se pueden concretar cuántos exactamente son orientadores.
El Gobierno del PSOE considera que la orientación es un eje principal para aumentar el empleo juvenil, piensa también establecer “lanzaderas”, un proyecto que recoge mejorar la empleabilidad a través del coaching.
Estatuto del becario y cuotas máximas de estudiantes en prácticas
El Gobierno del PSOE también quiere incluir medidas contra el abuso que ha sido sometido los becarios para parte de las empresas. Quieren realizar un estatuto del becario para regular los derechos de este colectivo y las prácticas no laborales, evitando la utilización de la figura como falsos becarios.
El objetivo principal es garantizar que los becarios no sean en realidad trabajadores encubiertos y que su paso por la empresa, en verdad, tiene un carácter de formación. El estatuto lo deberán firmar las empresas y se intentará contemplar los derechos y obligaciones de cada una de las partes.
En el estatuto se reflejarán las obligaciones del empresario, las condiciones laborales y formativas del recurso a la recepción de becarios, las formas de integración en el proceso de formación, número de horas, duración máxima de las prácticas, número máximo de becarios por empresa y tiempo, régimen de gratificación, certificación de las pruebas, permisos, derechos y un régimen de sanciones por incumplimientos.
También se contempla programas de primera experiencia profesional. La idea es que se ofrezcan puestos de aprendiz en colaboración con las administraciones locales y diputaciones, y con las empresas, y estos puestos sirvan para obtener certificados de competencias laborales aquellos jóvenes que no tienen una titulación oficial.
Plataforma para la vuelta de los emigrantes de la crisis
El Gobierno del PSOE pretende la creación de programas de retorno de los españoles que se fueron durante la crisis. Para participar en estos programas no se va a tener en cuenta la edad de la persona que solicite participar, sino que se va a tener en cuenta el momento que se fueron de España.
Esta iniciativa para hacer volver a quienes se fueron en la crisis se va a fundamente en el apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y del primer alojamiento, así como establecer un proceso de acompañamiento del emigrante.
Poner en marcha esta iniciativa va a requerir poner en funcionamiento redes de asistencia a los trabajadores que han vuelto, con puntos únicos de información, intercambio de experiencias, información de los recursos disponibles por las diferentes administraciones, ofertas de empleo y documentación administrativa para gestionar.
Reforma del sistema de Garantía Juvenil
El Gobierno del PSOE realiza una evaluación de los resultados de la 'Garantía Juvenil', un programa de fondos europeos que se aprobó en 2014 y que intenta garantizar a los menos de 30 años la obtención de un empleo, prácticas o realización cursos.
El sistema empezó a funcionar mal por la invención de un registro diferente de las oficinas de empleo para evitar que los jóvenes se apuntasen al paro. Durante este tiempo, eso ha provocado que el número de registrados se fuera reduciendo.
Al ver la posibilidad de perder estos fondos comunitarios, el Gobierno del PP en 2016 intentó que se apuntarán más jóvenes. Ahora hay alrededor de 1,2 millones de jóvenes registrados. Pero el Gobierno del PSOE piensa que se debe mejorar cualitativamente y cuantitativamente.
El primer gran fallo del sistema es que la mitad de los jóvenes que se han atendido tienen que volver a registrarse en el sistema. Por otra parte, ha habido un descenso en la calidad de atención en los últimos 4 meses.
Los contratos bonificados
No es raro que el Gobierno del PSOE no haya tenido en cuenta la iniciativa que propuso Ciudadanos sobre el complemento o ayuda salaria de 430 euros en la Garantía Juvenil, adicional al suelo, para que los jóvenes que firmaran un contrato de formación y, al mismo tiempo, inscritos en la Garantía Juvenil.
Esa medida tenía una partida en los presupuestos del PP de 500 millones de euros y que entró en vigor en agosto pasado. No fue sencillo el visto bueno de Bruselas, que la está financiando, y tardó en convencerse.
Fue criticada por sindicatos y por el actual Gobierno del PSOE, para unos, el diseño iba enfocado a los recursos sobre un grupo de jóvenes que no la necesitaban por tener empleo, para otros, iba a generar una distorsión de que un aprendiz cobrará más que quien le tenía que enseñar el trabajo.
Entre las medidas que se quieren utilizar, está el contrato de relevo, utilizado en el sector del automóvil para renovar la plantilla por su edad y que consiste en que un trabajador en los últimos años de su vida laboral se jubila parcialmente y la empresa contrata, con bonificaciones, a un trabajador joven para que lo sustituya.
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