Ahora sí. Los efectos colaterales de la última reforma laboral llegan definitivamente al sector público. El Ejecutivo ha abierto de par en par la puerta a los despidos del personal laboral de todas las administraciones con un nuevo reglamento que está en su última fase de redacción, tal y como avanza hoy El País. Lo hace en el momento más delicado de esta crisis y con la repetida justificación del déficit. Pero, ¿realmente son necesarios los despidos para lograr una mayor eficiencia del sistema?
Vayamos a este nuevo paso del Ejecutivo para facilitar al máximo el adelgazamiento del sector público en España. En la reforma laboral se exponía la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos como razón para aprobar un despido masivo. Sin embargo, no había cifras y, por tanto, era difícil justificar un ERE en el ámbito público. ¿Cómo lo ha resuelto? Poniendo ese límite en el 10% de descenso en las transferencias respecto al año anterior.
Hacienda lo pone fácil
¿Cuál es el resultado real? Con este reglamento, el Ministerio de Hacienda lo pone realmente fácil para el despido, pues no creo que haya ni una sola administración en España (comunidades, ayuntamientos o diputaciones), ni empresas u organismos públicos que no hayan recibido un tijeretazo de menos del 10% en el último año. Por tanto, esta modificación sirve como excusa para, como decía, abrir la puerta de par en par.
Esta medida llega justo después de que el Gobierno haya incluido en el plan de recortes presentado a la Unión Europea una congelación de la oferta pública de empleo hasta 2014, como nos comentaba Aurelio en un post la semana pasada.
Y ahora viene otra pregunta: ¿Realmente tendrá efecto en la productividad, en la eficiencia de los que se queden? El debate sobre si el sector público español está sobredimensionado o no es muy antiguo y las posiciones suelen ser extremas. En mi caso, no dudo de que durante años se ha estado construyendo una administración paralela con sociedades, organismos y entes que tienen escasa o nula utilidad hoy en día. Es una realidad, al igual que la existencia de un colectivo de empleados (por los que pagan justos por pecadores, por cierto) cuyo nivel de productividad está muy por debajo de lo que debería ser.
Los argumentos a favor
En este polarizado debate, existen dos argumentos principales a favor del despido o la redimensión del sector público:
- Hay muchos empleados públicos. Es demagogo y, además, una falacia. Hoy, representan el 14,8% del total, similar al de Estados Unidos y por debajo del porcentaje del Reino Unido. Otra cosa bien distinta es la eficiencia de ese personal, algo que se debería haber atajado hace mucho tiempo.
- Otro de los argumentos utilizados es el que mira al sector privado: si éste ha tenido que afrontar un durísimo ajuste con cientos de miles de despidos y cierres de empresas, también le corresponde al público reajustarse. Creo que son magnitudes distintas y que no se deberían mezclar, pues las necesidades de servicios públicos de calidad suelen ser las mismas (o, incluso, mayores) en crisis que en épocas de bonanza.
Y ahora, los despidos
No creo que el despido masivo de los empleados públicos (700.000 laborales y 142.000 empleados de empresas con más del 50% de capital público) sea la solución ideal, aunque quizá no quepa lugar a otra en la situación de déficit actual. Abrir de esta manera la puerta a los despidos sólo deja en bandeja atacar a las áreas más delicadas y castigadas como Sanidad o Educación, como ha venido ocurriendo en los últimos años, al ser las que más gasto concentran, en vez de hacer un estudio fidedigno y pausado sobre las necesidades de personal y la imprescindible reorganización del sector.
Si durante los últimos años se hubiera atajado realmente el problema de productividad y eficiencia de esa maquinaria especialmente en comunidades y ayuntamientos, evitando duplicidades innecesarias, adaptándola a las necesidades reales en los servicios y a los adelantos tecnológicos sin necesidad de incrementar plantillas, hoy, con más de 5 millones y medio de desempleados, más de 800.000 personas no tendrían la espada de Damocles sobre sus cabezas, ni se generaría desconfianza en uno de los colectivos que debería ser quien mantuviera a flote un consumo hundido.
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