En el último Consejo de Ministros, se aprobó la oferta de empleo para el actual ejercicio de un total de 33.793 plazas, siendo considerada la mayor oferta de empleo público en los últimos 11 años.
En este número se incluyen las 383 plazas que ya se aprobaron el pasado mes de febrero para la incorporación del personal de nuevo ingreso en los sectores estratégicos ante la resolución final del Brexit dentro de la Unión Europea.
Esta medida se ha justificado por el envejecimiento progresivo que tiene incidencia en la suma de la pérdida de efectivos. El gobierno expone que desde 2009 hasta 2019, las tasas mínimas de reposición supusieron una pérdida de 36.512 puestos en la Administración General del Estado.
Y además, para 2019 se vaticina la jubilación del 14% del personal, una cifra que se incrementará hasta el 51% en los próximos 10 años y, para algunos grupos específicos como pueden ser los auxiliares administrativos, llegaríamos a una tasa del 62%.
En esta ocasión nos preguntamos si era necesario incrementar en esta medida. Para ello, contextualizaremos los datos de mayor relevancia: Si tenemos pocos o muchos empleados públicos frente al resto de países de nuestro entorno y, lo más importante, y cuál es la importancia de su coste vinculado en relación con nuestra economía.
¿Tenemos muchos o pocos empleado públicos? Miremos los países de la OCDE
El tamaño del empleo en el sector público varía significativamente entre los países de la OCDE. Países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Suecia reportan altos niveles de empleo en el sector público se encuentran cerca o por encima del 30% del empleo total.
Por otro lado de la OCDE de los países de Asia y América Latina. Las regiones dependen menos de los empleados del sector público. Solo alrededor del 8% del empleo total de Japón está compuesto por el sector público empleo, mientras que Chile y México cuentan con algo más del 10%.
Aunque muchos países de la OCDE informan de reducciones considerables en el empleo del gobierno central, el empleo en el sector público como porcentaje del empleo total de los países de la OCDE aumentaron ligeramente entre 2009 y 2013, del 21,1% al 21,3%. Este promedio esconde algunos pequeñas variaciones entre los países de la OCDE.
En Bélgica, Polonia y el empleo público en el Reino Unido como proporción del el empleo total fue el que más disminuyó entre 2009 y 2013. En cambio, Dinamarca, Noruega y Eslovenia de más de un punto porcentual, mientras que el Suiza registra el mayor aumento de tres puntos porcentuales en el mismo período.
En comparación con la población activa total (incluidos los desempleados), las tendencias del empleo en el sector público son similares comportamiento, excepto en unos pocos casos, que determinaron una media relativamente estable de la OCDE ligeramente por encima del 19% entre 2009 y 2013.
Si nos centramos en España, el indicador muestra ligeras reducciones sobre este período del 13,2% al 12,7% de la población activa total entre 2009 y 2013 del empleo total. Eso significaría que nos encontramos a una distancia de 8 puntos porcentuales para llegar a los niveles de la OCDE... Y por lo tanto, el argumento ya está servido, en España hay pocos empleados público y estaría justificada más oferta pública.
Más allá del volumen, fijémonos en el coste
Medir el porcentaje de empleos públicos sobre los empleados totales de un país puede ser interesante, pero este dato oculta la variable más importante, cuál es el coste que representa el volumen de empleados públicos contratados y que el contribuyente hace frente con sus impuestos.
Sin embargo, si realizamos una comparativa del coste unitario del funcionariado público a escala global, nos encontraríamos que aquellos países con mayores rentas tienen unos costes por funcionario mayores, por lo que no nos dirían nada relevante. Para ello, hay que comparar el coste de empleo público frente al tamaño de la economía de cada país para tener una medida relativa sobre qué coste aguanta el PIB.
En el siguiente gráfico se mide el salario del sector público, es decir la remuneración de los empleados, con un porcentaje del PIB. La media de la Unión Europea refleja que en promedio se destina el 11,1% del PIB para atender la reunión de los funcionarios. En este caso, España se encontraría tan solo cuatro décimas por debajo al soportar un coste del 10,7% de su producción económica.
Sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta es que en promedio el gasto público de la Unión Europea es del 47% del PIB, mientras que España establece un gasto público del 41%, una diferencia importante. Esto se traduce en que, frente al total del gasto público, España estaría otorgando un peso del 26% para remuneración del funcionariado, quedndo por encima del promedio los países de la UE darían, en promedio, el 23%.
Consecuentemente, podemos concluir que España no es un país que ante el entorno ni tenga un volumen amplio de funcionarios, ni suponga un coste relativo superior. Pero, ante el presupuesto público sí damos marginalmente una mayor prioridad a la remuneración de nuestros funcionarios frente a nuestros vecinos europeos.