Recientemente, desde el Ministerio de Economía, se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de impulsar la mochila austriaca. Una medida que queda recogida en el documento: La agenda del cambio: Hacia una economía sostenible.
De manera preliminar, esta propuesta se abordaría en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles.
El debate de la mochila austriaca no es nueva de este motivo sino que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya planteó esta idea en el año 2010, aunque finalmente nunca llegó a implementarse.
¿Qué es la mochila austríaca?
La mochila austriaca debe su nombre a que en el año 2002, el Gobierno austríaco reformó el marco regulatorio de los pagos de las indemnizaciones por despido impulsando una contribución mensual sobre el salario bruto del trabajador que se acumula en un fondo de capitalización, es decir, en todo momento queda en manos del trabajador y no del Estado.
El objetivo final del nuevo sistema era abordar todas las preocupaciones vinculadas a la movilidad del trabajador, introduciendo al mismo tiempo más previsibilidad (financiera y jurídica) para las empresas.
La mochila está basado en en cuentas de ahorro individuales y portátiles, que se financian mediante pagos no tributables de los empleadores del 1,53% de los salarios brutos. El dinero asignado es administrado por fondos de provisión para empleados.
En caso de pérdida del empleo, los trabajadores pueden retirar de su cuenta o transferirla a su próximo trabajo. Si los trabajadores no acceder a sus cuentas durante su carrera profesional, pueden, una vez jubilados, reclamar una pensión de jubilación, el pago en efectivo o la conversión de sus derechos en una renta vitalicia que permanecen libres de impuestos.
Por lo tanto, el nuevo sistema crea una mayor flexibilidad externa al hacer que los costes de despido predecibles en todo momento, mejorando al mismo tiempo la seguridad financiera de los trabajadores excluidos anteriormente del sistema, y aquellos trabajadores, que estaban cubiertos pero que terminaron su contrato a sí mismos. Al mismo tiempo, el sistema también contribuye a la creación de un pilar adicional de pensiones, que complementa las disposiciones existentes.
¿Qué influencia tiene la mochila austríaca?
El principal problema de que nos encontramos con la mochila austriaca es que el trabajador ve repercutido otro coste sobre su nómina. Sin embargo, la incorporación de la mochila austriaca no se dirige a las arcas públicas como el IRPF o a formar parte del esquema de reparto de la Seguridad Social, sino que formaría parte del ahorro del trabajador.
Por lo tanto, el trabajador estaría generando, de forma obligada, una provisión de ahorro para el largo plazo que en un futuro puede ayudar a complementar su pensión tras finalizar su vida laboral.** El reverso de la moneda es que menguaría su capacidad de consumir** (la renta o se ahorra o se consume).
Para los contrarios a la flexibilidad laboral, esta medida supone un problema, se estaría suprimiendo los obstáculos para ejecutar un despido, por lo tanto, ante un despido, prevalecería la propia capacidad del trabajador dentro de la empresa y no su coste del despido.
Desde el punto de vista de la empresa, esa mayor flexibilidad permite ajustarse inmediatamente ante los cambios de mercado y no verse solapada por unos costes en un momento de dificultades o cambios que les pueda alterar la situación financiera de la empresa, propiciando las quiebras.
Actualmente vivimos en un mercado de trabajo dual, con trabajadores indefinidos blindados por excesivos costes de despido, por lo que la flexibilidad recae en los temporales y de ahí, la elevada tasa de temporalidad, en torno al 25% del total de ocupado, el tercer peor dato dentro de los países de la OCDE.
El problema de su implementación en España: El coste de despido sigue siendo demasiado alto
Antes de la reforma laboral de 2012, la indemnización por despido improcedente era de 45 días por año trabajado, hasta un máximo de 42 meses de salario. Ahora, en caso de despido improcedente, la legislación exige que los empleados reciban una compensación legal mínima de 20 días de salario por cada año, hasta un máximo de 12 meses de salario.
Y, en caso de despido improcedente de un empleado con un contrato indefinido, la legislación exige que los empleados reciban una compensación legal mínima de 33 días de salario por cada año de servicio, hasta un máximo de 24 meses de salario.
A pesar de la rebaja de los costes de despido, lo cierto es que España sigue siendo uno de los países de la OCDE. Si analizamos las indemnizaciones por despido por semanas de salario. En España, el coste de despido es de 15,2 semanas de salario. Si nos comparamos con las grandes países de la UE, nos encontramos liderando los costes: Alemania (11,6 semanas), Reino Unido (4 semanas), Francia (4,6 semanas) e Italia (0 semanas). De hecho, solo un país de la UE tiene mayores costes de despido que España, Grecia con 15,9 semanas.
Si nos centramos en la indemnización por despido para un trabajador de 10 años es la más alta de toda la Unión Europea, 28,6 semanas de salario. A escala global, es una de las más altas de la OCDE, únicamente superadas por México con 30 semanas y Chile, Israel y Corea del Sur con 43,3 semanas. El resto de países todos ellos tienen costes de despido inferiores.
Por lo tanto, en este entorno, la mochila austriaca no es la panacea, si bien concede una mayor flexibilidad por la mayor certidumbre y la distribución de los costes del despido en la vida laboral de la empresa para el trabajador, el problema de raíz de los excesivos costes de despido seguirían manteniéndose.
Además, partimos de la base que en España la cuña fiscal que soporta el trabajador medio es del 39,3% que recoge. Si a esta cifra le añadimos el impacto medio de gravámenes como el IBI, el Impuesto de Patrimonio, el de matriculación, y demás, nos encontramos una presión fiscal sobre el trabajador del 49,3%. Y a partir de esa cifra, deberíamos sumar el coste de la mochila austriaca del país con las mayores indemnizaciones de despido de la UE.